Con el objetivo de fomentar la actividad económica y reducir la carga administrativa sobre el sector privado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que elimina el costo de 71 trámites administrativos que deben realizar emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas. La iniciativa, impulsada por el Gobierno porteño, forma parte de un proceso más amplio de simplificación y modernización del Estado.
La medida se enmarca en un proceso de transformación administrativa que viene implementando el Ejecutivo porteño en los últimos años. Según datos oficiales, ya se simplificaron 347 trámites, se eliminaron otros 35 considerados innecesarios y se digitalizaron 38. Actualmente, el 94% de los trámites de la Ciudad están digitalizados, y se espera alcanzar el 100% durante este año, siempre que no requieran presencialidad.
“Desde la Ciudad buscamos reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo y también allanar el camino a aquellos emprendedores y comerciantes que quieran introducirse en el sector productivo”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras la aprobación legislativa.
El ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, explicó que la medida busca lograr una mayor eficiencia en cuanto a los trámites que debe realizar el sector privado, alcanzando a distintas áreas como, por ejemplo, la Rúbrica de Libros, Permisos, Habilitaciones, Seguridad, Protección Ambiental, Registro Civil y la otorgación de licencias de conducir, entre otros”.
El detalle de los beneficios
Entre los 71 trámites que dejarán de tener costo, se destacan los siguientes:
Rúbrica de libros: Se elimina el costo de este trámite obligatorio para las empresas, lo que beneficiará a unas 4.700 firmas con hasta 50 empleados. Según estimaciones del Gobierno porteño, el ahorro anual puede alcanzar hasta $90.000 por empresa.
Consorcios: Se dejará de cobrar la tasa anual por elevadores, instalaciones fijas contra incendios e instalaciones térmicas. Esto impactará en más de 50.000 propiedades, incluyendo oficinas, viviendas y locales comerciales, con un ahorro promedio estimado de $50.000 anuales. Además, unas 540 empresas que se dedican al mantenimiento de elevadores también se verán beneficiadas, con una reducción de costos de hasta $50.600 al año.
Licencias de conducir: Se elimina el costo de los estudios complementarios (neuropsicológico y psicodiagnóstico) y los certificados de legalidad exigidos para determinados trámites. Esta modificación alcanzará a unos 2.200 vecinos cada mes.
Registro Civil: El trámite para obtener la licencia de traslado de defunciones fuera del ámbito de la Ciudad también será gratuito. La decisión busca facilitar un proceso que suele darse en momentos de dificultad para las familias, eliminando un arancel en una instancia sensible.
Seguridad: Más de 20 trámites relacionados con la gestión de personal, como altas, formularios de aptitud psicotécnica y declaraciones de equipos o armamentos, dejarán de tener costo. Esta medida impactará en diversas empresas y organismos que deben cumplir con normativas vinculadas a la seguridad.
Pedidos de oficios judiciales: En 2024 se solicitaron unos 13.000 pedidos de informes judiciales, un trámite cuyo costo actual es de $9.610. A partir de ahora, será completamente gratuito.
Transporte: Más de diez trámites vinculados al sector del transporte dejarán de tener arancel. Entre ellos se incluye la renovación de licencias de remises, que hasta hoy tenía un costo de $28.719.
Agencia de Protección Ambiental (APRA): Se elimina el costo de inscripción y renovación en los registros de profesionales dedicados a estudios ambientales y de impacto acústico. La medida beneficiará a unas 560 personas, que se ahorrarán alrededor de $61.000 anuales.
El Gobierno porteño señaló que esta iniciativa es parte de una política más amplia para “seguir haciendo más simple, ágil y menos costoso el vínculo del Estado con el ciudadano y con el sector productivo”.
En los próximos meses, se espera que la Ciudad avance con nuevos proyectos de simplificación y digitalización de trámites, con foco en reducir los tiempos y costos que enfrentan tanto ciudadanos como empresas para acceder a servicios públicos o cumplir con requisitos regulatorios.
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