Por primera vez en la historia, no comienza la temporada de langostino

Por primera vez desde el inicio de la actividad pesquera en aguas nacionales, la temporada de pesca de langostino no comenzó. Los buques congeladores permanecieron amarrados en distintos puertos del país pese a que la veda se levantó oficialmente. El motivo central fue la falta de acuerdo entre las cámaras empresarias y los gremios marítimos sobre una revisión del convenio colectivo de trabajo. La temporada debería haber empezado en marzo, pero desde entonces los barcos están amarrados.

Según informaron la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la paralización respondió a una “crisis estructural que hace inviable la continuidad de la actividad”. Actualmente, 113 barcos de la flota congeladora de langostino permanecen en puerto, sin realizar tareas de captura ni procesamiento.

El conflicto tuvo impacto directo en localidades clave para la industria pesquera, como Puerto Deseado, Puerto Madryn y Mar del Plata, afectando toda la cadena de valor. La flota congeladora genera anualmente 600 millones de dólares en divisas y representa un componente central de las exportaciones del país.

La situación se desarrolló en un contexto complejo para el sector. En 2024, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.000 millones de dólares, equivalentes al 3,9% de las exportaciones nacionales, y en la última década generaron 17.000 millones de dólares en divisas. Sin embargo, según las cámaras, el negocio se volvió inviable por la caída de precios y el aumento de los costos internos.

Uno de los factores señalados fue la baja sostenida del precio internacional del langostino entero, que cayó un 2,8% interanual, mientras que las colas de langostino retrocedieron un 5,6%. A esto se sumaron el aumento de costos internos, la competencia con el langostino de cultivo, el atraso en el tipo de cambio aplicado a las exportaciones, la continuidad de las retenciones, el alza de los derechos únicos de extracción, y la vigencia de “impuestos distorsivos”.

Las cámaras empresarias enfatizaron que el convenio colectivo vigente desde 2005 es uno de los principales elementos a revisar. En ese marco, solicitaron a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación una audiencia urgente para iniciar un proceso de negociación colectiva con los gremios SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y SIMAPE (Sindicato Marítimo de Pescadores).

El planteo principal fue una reducción del 30% en el ítem salarial por producción, bajo el argumento de que ese componente estaba vinculado al precio internacional del langostino cuando rondaba los 12 dólares por kilo. Actualmente, el valor es de 5,50 dólares por kilo, mientras el costo de producción se ubica en 6,50 dólares, lo que genera una pérdida estimada en un dólar por kilo. “Se pierde un dólar por kilo. Es inviable salir a pescar”, señalaron voceros empresariales.

Las patronales destacaron que el porcentaje del costo de la tripulación sobre las exportaciones alcanzó el 60% anualizado, considerando liquidaciones mensuales, aguinaldos, vacaciones y aportes. También solicitaron que el haber básico por navegación y otros conceptos salariales fueran absorbidos dentro del componente por producción, buscando simplificar la estructura remunerativa.

En la nota elevada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, las cámaras alertaron que la situación económica actual podría derivar en la paralización total de las actividades y en el quebranto masivo de empresas. Según indicaron, el sector reportó un quebranto del 15,4% sobre el total de ventas.

Desde el lado sindical, las respuestas no tardaron en llegar. El secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, calificó la propuesta como “ilegal” y aseguró que la Secretaría de Trabajo no tiene facultades para homologar acuerdos que impliquen una reducción salarial. “Antes de llegar a tocarle el salario al tripulante, hay que ver cuánto gana cada representante de las empresas. Ellos cobran en dólares y no mostraron nunca sus números”, declaró.

Trueba también advirtió que la caída del poder adquisitivo se amplificaría si se concreta la rebaja del 30% en un contexto inflacionario. Con una inflación proyectada del 25% anual, según estimaciones oficiales, la pérdida de ingresos reales podría superar el 50%, según el dirigente gremial.

Por su parte, Damián Basail, delegado del SOMU, reafirmó que el sindicato no está dispuesto a negociar ningún tipo de reducción salarial. “Las bases están muy firmes en la postura de no ceder. Hoy los barcos no han salido a pescar langostino, hace tres meses que ya deberían haberlo hecho y no comenzaron. Al ser el primer eslabón de la cadena productiva, nos vamos a mantener firmes en nuestra postura”, sostuvo.

Basail agregó que la crisis podría afectar también al trabajo en tierra, en plantas de procesamiento y logística. Subrayó que el sindicato no negociará una baja en los salarios de los trabajadores en ninguna circunstancia.

Las cámaras empresarias, además de Capeca y Capip, contaron con el respaldo del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPC), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina (CAPA).

El sector pesquero argentino cuenta con una historia de más de 150 años. Es considerado una pieza central del desarrollo económico nacional, y se define como la principal economía regional del país. La industria procesa cada año 800.000 toneladas de productos pesqueros, genera más de 46.000 empleos directos con remuneraciones elevadas, y exporta a más de 100 mercados internacionales, generando 2.000 millones de dólares en divisas anuales.

Mientras tanto, el inicio de la temporada permanece en suspenso, sin acuerdo entre las partes y con los buques congeladores inactivos. La audiencia entre empresarios y sindicatos fue convocada para este jueves a las 15 en el Ministerio de Capital Humano, donde se prevé una discusión clave sobre el futuro inmediato del sector tangonero congelador.