La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que administra el puerto de Buenos Aires y fue creada bajo la órbita del Ministerio de Economía tras la disolución de la Administración General de Puertos, designó a siete funcionarios que ocuparán cargos estratégicos en la estructura de la nueva entidad.
Mediante la resolución 22/2025, se oficializaron los nombramientos de Ariel Romeo Cherubini como gerente de Ingeniería Portuaria y de Vías Navegables; Gisela Estefanía Escudero como titular de Políticas Navieras; Darío Javier Grossi como gerente de Operaciones y Servicios Portuarios; Gonzalo Andrés Vivas a cargo de Control de Gestión; Mariano David Multari al frente de Administración y Finanzas; Jaime Gaspar Colombres Garmendia como gerente de Capital Humano; y Fabián Alejandro Otero en el área de Tecnologías, Sistemas e Innovación.
En simultáneo, se creó la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal, con el objeto cursar las invitaciones que crea convenientes a sectores interesados, y generar los espacios de trabajo que le permitan debatir los temas que le sean solicitados por el organismo
Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, el director ejecutivo, quien se venía desempeñando como subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el Gobierno de Javier Milei y presentó formalmente su renuncia para asumir en este nuevo cargo.
Arreseygor es un abogado –que pasó por estudios grandes comoM&M Bomchil y Marval y O’Farrell & Mairal– y cuenta con un máster en administración de negocios. En mayo había reemplazado a Pablo Piccirilli en la subsecretaría. Durante el gobierno de Cambiemos fue director provincial de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de María Eugenia Vidal.
En enero el Gobierno cerró Administración General de Puertos (AGP) a través Decreto 3/2025, para dar lugar a la creación Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico del Ministerio de Economía. Allí se explicó que esta entidad asume el rol de concesionario de la hidrovía del río Paraná hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por sí mismo o por terceros.
De esta manera, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se transformó en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración. En octubre de 2025, el Gobierno ya había liquidado Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), argumentando que la entidad no cumplía funciones esenciales.
El documento detalla que la designación de estos funcionarios responde a la necesidad de dotar de operatividad a la agencia, que asume funciones clave en la gestión portuaria y de navegación a nivel nacional.
La decisión se enmarca en el proceso de puesta en marcha de la ANPYN, creada por el Decreto 3/2025 del 3 de enero de 2025 como ente autárquico, y cuya estructura organizativa fue aprobada por el Decreto 42/2025 y la Resolución 4/2025.
El proceso de designación se realizó tras la autorización de comisiones de servicio por parte de la Administración General de Puertos Sociedad Unipersonal —en liquidación—, organismo del que provienen los agentes. Las autorizaciones se formalizaron mediante notas internas entre ambas entidades, en las que se solicitó y aprobó la transferencia temporal de los funcionarios por un plazo de 180 días.
La resolución destaca que la medida “no genera erogación presupuestaria alguna para la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)”, lo que implica que los nombramientos no suponen un gasto adicional para el organismo en el marco de su puesta en funcionamiento.
El texto oficial cita las atribuciones conferidas al director ejecutivo por el artículo 2° del Anexo I del Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, que establece que el titular del organismo tiene a su cargo la organización, dirección y administración de la ANPYN, incluyendo la gestión económica, financiera, patrimonial y contable.
La resolución también señala que el Servicio Jurídico permanente de la agencia intervino en el proceso, garantizando la legalidad de las designaciones.
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