Industria del juicio: advierten que en 2025 se podría batir el récord de demandas por accidentes laborales

Las advertencias y predicciones de las aseguradoras de riesgos del trabajo se están cumpliendo a rajatabla. El Sistema de Riesgos del Trabajo sumó 25.621 nuevos juicios durante el primer trimestre de 2025, una dinámica que, de mantenerse, podría llevar el total anual a 132.100 demandas, según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). La cifra representaría un nuevo récord histórico y superaría los 130.700 juicios de 2017, año que motivó una reforma legislativa para frenar el colapso del sistema.

En marzo, la cantidad de demandas judiciales alcanzó 11.546 casos, lo que consolidó un promedio mensual superior a 10.000 nuevos juicios en los últimos doce meses. Comparado con los niveles de 2018, cuando se reportaron menos de 80.000 demandas, el incremento proyectado para este año representa un aumento cercano al 70%.

Este fenómeno se produce en un contexto donde los accidentes laborales muestran una tendencia descendente sostenida. Desde la creación del sistema en 1996, la tasa de siniestralidad cayó de 70,9 accidentes por cada mil trabajadores cubiertos a 31,8 accidentes, sin contar los casos in itinere. A pesar de esa evolución, la litigiosidad avanzó de manera inversa, lo que generó una presión creciente sobre los recursos del sistema y sobre la estructura productiva argentina.

Tanto es así que desde las empresas ya comenzaron a advertir preocupación porque esta mayor litigiosidad se está trasladando al costo del seguro, según confiaron algunos empresarios.

En este escenario, la presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que “el sistema está en riesgo producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”. Además, remarcó que el impacto no se limita al sistema en sí mismo, sino que también “afecta la empleabilidad, incrementa los costos de producción y, por ende, la competitividad del sector privado”.

Las cifras reflejan que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 19%. En posiciones posteriores se encuentran Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Esta concentración geográfica pone de relieve la falta de implementación de mecanismos judiciales contemplados en la normativa vigente.

En 2017, el nivel de litigiosidad derivó en una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que estableció parámetros precisos para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada jurisdicción. Sin embargo, esa implementación se encuentra demorada. “Es imperioso que las provincias, a través de sus poderes judiciales, cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses que las propias legislaturas aprobaron”, señaló Bettiol, quien además alertó: “Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina”.

El sistema de ART actualmente brinda 14 millones de prestaciones asistenciales por año a más de 10 millones de trabajadores. Desde su puesta en marcha en 1996, salvó más de 19.000 vidas. No obstante, los responsables del sector alertaron que los altos niveles de judicialización, junto con un esquema de actualización de indemnizaciones que, según ellos, no se ajusta a la normativa, podrían poner en jaque a un modelo que fue clave para reducir los índices de siniestralidad.

Bettiol sostuvo también que “el crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”. En esa línea, insistió en que se deben fijar “mecanismos de actualización razonables”, como parte de un conjunto de medidas que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema.

La UART enfatizó que resulta fundamental corregir los costos derivados de la litigiosidad para evitar un deterioro mayor del modelo de prevención y atención vigente. La entidad insistió en que el volumen actual de juicios ya provoca consecuencias adversas en distintos sectores productivos, y que la tendencia proyectada para 2025 genera preocupación en toda la cadena de valor.

El incremento de la judicialización ocurre en un contexto de estancamiento económico y caída del empleo registrado, lo que agrava el impacto de este fenómeno sobre las relaciones laborales. Los actores del sector señalaron que sin un marco institucional eficaz, la litigiosidad seguirá expandiéndose, incluso cuando los indicadores de siniestralidad laboral muestran mejoras continuas.