Tasas municipales: los insólitos costos que los distritos rurales aplican sobre los productores

En los últimos años, los municipios bonaerenses han aumentado significativamente la presión fiscal sobre el sector agropecuario. Este incremento se ha centrado principalmente en dos aranceles. Uno es la tasa vial, destinada a la conservación de los caminos rurales. El otro, es la tasa de guías (marcas y señales), aplicada sobre el traslado de hacienda, que también debe ser aplicada al mantenimiento de caminos rurales.

Además, han surgido nuevas tasas con distintas denominaciones, cuyo objetivo principal es la recaudación sin una contraprestación clara de servicios, lo que contradice el principio básico de una tasa.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), elaboró un informe con una descripción detallada de estos aranceles, destacando los aspectos más relevantes y las particularidades de cada uno.

La tasa de conservación de caminos rurales fue creada cuando la Provincia transfirió a los municipios la responsabilidad del mantenimiento de los caminos de tierra. Su cobro debería estar vinculado a un plan de obras específico, con costos claramente definidos.

Sin embargo, en la práctica, los municipios fijan valores de manera arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones, y más del 60% de los caminos tienen un estado de regular a malo.

“En su afán por recaudar sin escrúpulos, muchos municipios han segmentado la tasa vial, según la cantidad de hectáreas, que además de la ilegalidad, ha llevado a desigualdades considerables. En algunos municipios, la diferencia en la carga impositiva entre establecimientos de 100 hectáreas y aquellos de más de 1.500 hectáreas supera el 70%, a pesar de recibir la misma prestación de servicios” explicaron desde Carbap.

Si se analiza el aumento real de la tasa vial en términos de kilogramos de productos agrícolas (trigo y soja), se observa un incremento promedio superior al 40% en la mayor parte de la provincia, desde 2019 hasta 2025. “Este aumento ha afectado directamente la rentabilidad del productor, incrementando los costos operativos sin una mejora proporcional en los servicios prestados por los municipios”, subrayaron los autores del informe.

En algunos distritos, la tasa vial representa más del 4% del valor de un arrendamiento, lo que agrava aún más la carga fiscal sobre el sector agropecuario.

La recaudación estimada para el 2025, solo en concepto de tasa para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, es de 165 mil millones entre unos 103 municipios.

La “Tasa de Marcas y Señales” también presenta fuertes desigualdades. Si bien el servicio es el mismo en toda la provincia (un simple permiso de traslado de hacienda), los valores varían enormemente. Algunos municipios no la cobran, mientras que otros imponen costos superiores a 6.000 pesos por animal enviado a faena, representando hasta el 1,2% del valor de una vaca de descarte.

“No solo se cobra por el permiso de traslado, también cobran cuando se declaran los terneros nacidos (permiso de marca), o cuando un productor compra hacienda (reducción de marca)”, aclararon desde Carbap.

Para el caso de la producción de cerdos la situación es muy variada. En algunos municipios prácticamente no se cobra, y se busca promover la producción, mientras que hay extremos como el caso de Henderson, donde la guía de un cerdo enviado a faena representa más del 1% del valor bruto del mismo.

“La tasa de guías de traslado se creó para financiar el mantenimiento de los caminos deteriorados por el arreo de ganado. Sin embargo, con la desaparición de los arreos y su reemplazo por el transporte en camiones y la implementación de tecnologías de gestión digital, la tasa ha perdido su justificación técnica. Pese a esto, no solo se mantiene, sino que se ha transformado en una herramienta recaudatoria abusiva”, comentaron.

En los últimos años, ha proliferado la creación de tasas municipales que no guardan relación alguna con la prestación de un servicio concreto. En al menos 33 municipios de la Provincia de Buenos Aires (sin contar los del conurbano bonaerense), se han sumado nuevas tasas a las boletas de la Tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial, lo que incrementa la carga impositiva sobre los productores rurales.

El concepto más común entre estas tasas adicionales es el de “seguridad rural”, lo que, en la práctica, implica cobrar un impuesto extra a quienes viven y producen en el campo para acceder a un derecho fundamental que debería estar garantizado por el Estado con todos los impuestos ya pagados. “Esto genera una sensación de desigualdad, como si los habitantes rurales fueran ciudadanos de segunda categoría, obligados a pagar de más por un servicio que, en muchos casos, no se ve reflejado en una mejora real de la seguridad”, opinaron desde Carbap.

Sin embargo, la lista no termina ahí. Algunos municipios han incluido en la misma boleta conceptos tan diversos como educación, servicios asistenciales, alumbrado, transporte, higiene y otras cuestiones que poco tienen que ver con el mantenimiento de los caminos rurales. “Este desvío de fondos y la incorporación arbitraria de nuevos gravámenes resultan injustificables, evidenciando una falta de transparencia en la administración de los recursos y una creciente presión fiscal sobre el sector productivo”, insistieron.

También han proliferado las tasas municipales incluidas en los servicios públicos, las cuales llegan a ser más del 10% de la boleta, y a eso sumarle el resto de los impuestos provinciales y nacionales, siendo más del 35% del costo de la energía solo en impuestos. Este tipo de situaciones tienen un particular efecto muy negativo sobre actividades que tienen uso intensivo de energía.

“Lo de Carlos Casares, y otros municipios como Alberti que cobran el alumbrado público como un porcentaje del consumo, algo totalmente ilegal, la tasa varía entre 10 y 23% dependiendo la categoría”, alertaron los especialistas.

“Los impuestos en Carlos Casares, entre las tasas municipales, impuestos y las percepciones de IVA e IIBB llegan al 70% de la energía consumida, una voracidad fiscal sin límites”, agregaron.