El problema estructural de las jubilaciones en la Argentina: cómo ordenar el sistema

El sistema previsional argentino concentra una parte significativa del gasto público y genera debates constantes sobre su viabilidad y equidad. María Migliore, politóloga y exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, participó en Infobae en Vivo, donde expuso su visión sobre las jubilaciones en Argentina y los desafíos que representa su sostenibilidad. La charla se desarrolló con la conducción de Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Gonzalo Sánchez, quienes profundizaron en las distintas aristas del problema previsional.

Durante la conversación, Migliore planteó que el sistema jubilatorio es una de las principales cuestiones estructurales del país y destacó que los gobiernos han adoptado diversas estrategias para intentar resolverlo. Mencionó el aumento de las moratorias, el veto al 82% móvil, la actualización de la fórmula previsional en la gestión de Mauricio Macri, los ajustes discrecionales durante el mandato de Alberto Fernández y la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de poner fin a la última moratoria vigente.

Uno de los puntos centrales que abordó la politóloga fue el envejecimiento poblacional y sus efectos en la sustentabilidad del esquema de jubilaciones. Según explicó, en Argentina el 16% de la población es adulta mayor, y las proyecciones indican que para 2050 ese porcentaje ascenderá al 22%. La combinación de una mayor esperanza de vida con una menor tasa de natalidad genera una presión creciente sobre el sistema, dado que habrá menos trabajadores activos para sostener a una cantidad creciente de jubilados.

En ese sentido, Migliore remarcó que cualquier reforma del sistema previsional debe estar ligada a cambios en la dinámica del mercado de trabajo. Actualmente, el 50% de la economía argentina opera en la informalidad, lo que significa que una gran parte de los trabajadores no realiza aportes previsionales. Esta situación impacta directamente en el financiamiento del sistema y explica la necesidad recurrente de implementar moratorias para ampliar la cobertura.

A pesar de los problemas estructurales, destacó que Argentina cuenta con una cobertura previsional superior al 90% de los adultos mayores, una de las más altas de la región. No obstante, advirtió que este logro se alcanzó principalmente mediante esquemas de moratoria que permitieron a quienes no completaron 30 años de aportes acceder a un haber jubilatorio.

Desde 2005, los distintos gobiernos establecieron programas de moratoria para permitir la inclusión de trabajadores sin los años de aportes requeridos. La última moratoria comenzó en 2023 y vence en 2024, lo que reaviva la discusión sobre la posibilidad de crear un nuevo esquema de acceso a la jubilación para quienes no lograron completar su historial de aportes.

Según los datos expuestos por Migliore, el 64% de los jubilados accedió a su beneficio mediante algún tipo de moratoria. Este mecanismo permitió sostener una alta cobertura, pero al mismo tiempo generó costos elevados para el sistema. En este contexto, la experta subrayó que el 10% del PBI del país se destina a jubilaciones, un porcentaje mayor al gasto en salud y educación.

Otro punto relevante que mencionó fue la existencia de más de 200 regímenes especiales de jubilaciones en Argentina. Estos regímenes contemplan condiciones diferenciadas para sectores como el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y los docentes en algunas provincias. La politóloga afirmó que más de la mitad del gasto previsional se destina a sostener estos regímenes, lo que genera inequidades dentro del sistema.

Al analizar la situación de los beneficiarios, Migliore hizo hincapié en que la jubilación mínima, considerando el bono adicional que se otorga de manera discrecional, se ubica en $350.000, cifra que apenas se equipara con la canasta básica. No obstante, la canasta de la tercera edad, que contempla gastos específicos como medicamentos y atención médica, se estima en $1.200.000, por lo que los ingresos de gran parte de los jubilados se encuentran muy por debajo de sus necesidades reales.

Actualmente, la mitad de los jubilados percibe el haber mínimo, lo que equivale a aproximadamente 3,5 millones de personas. En este marco, Migliore señaló que el debate de fondo debe centrarse en definir qué tipo de cobertura universal se ofrecerá a aquellos que no lograron completar sus aportes. Como alternativa a la moratoria, mencionó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y se otorga a quienes no cumplieron con los años de aportes requeridos.

Para la politóloga, un posible camino sería establecer una cobertura básica universal combinada con un esquema de beneficios proporcionales. De este modo, los aportes acumulados a lo largo de la vida laboral impactarían directamente en el haber jubilatorio final, sin necesidad de regímenes excepcionales o nuevas moratorias.

En otro tramo de la entrevista, Migliore enfatizó que la reforma previsional no puede analizarse de manera aislada del contexto laboral. La elevada informalidad, la creciente presencia de trabajadores independientes y la evolución del mercado de trabajo son factores clave para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Además, destacó la necesidad de revisar ciertos aspectos estructurales, como la edad jubilatoria. Actualmente, el régimen general establece el retiro a los 60 años para mujeres y 65 años para hombres. Sin embargo, el aumento en la esperanza de vida y los cambios en las condiciones laborales abren el debate sobre una posible modificación de estos límites.

Finalmente, Migliore remarcó que, para garantizar un sistema previsional sostenible, es fundamental abordar la problemática de la informalidad y establecer reglas claras para el acceso a la jubilación. Según su análisis, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la cobertura, el financiamiento y la equidad dentro del sistema.