El hasta ahora presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Alexis Pirchio, presentó este jueves su renuncia y será aceptada en las próximas horas, según fuentes oficiales. La salida del funcionario se da en el marco de la búsqueda del Gobierno por poner en funcionamiento una Autoridad Nacional de la Competencia, que reemplazaría al organismo bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio.
Pirchio es licenciado en Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y tiene un magíster en Finanzas en el CEMA. Entre 2017 y 2018 se desempeñó como director nacional de Conductas Anticompetitivas; volvió a la función pública durante la gestión de Javier Milei bajo la órbita del entonces Secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.
En el Gobierno todavía no dieron precisiones sobre quién será el reemplazante del funcionario saliente, pero será dado a conocer en los próximos días.
“Pirichio cumplió una etapa con la preparación para la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia. Tiene otros proyectos por delante”, explicaron fuentes oficiales.
El caso más resonante que llegó hasta el momento es el pedido del Gobierno a la CNDC y el Enacom para evaluar las implicancias de la adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, anunciada en febrero. En 2024 hubo una investigación por presuntas conductas anticompetitivas de las prepagas, tras la acusación de las autoridades de una cartelización para aplicar aumentos a sus afiliados.
El Gobierno avanza hacia la creación y puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia, una iniciativa que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El organismo cumplirá con el mandato legal, que cuenta con más de 25 años, de conformar un organismo autárquico e independiente del poder político, integrado por profesionales idóneos.
La salida del funcionario se conoce luego de que el Gobierno reglamentó este viernes el concurso público de antecedentes y oposición para la preselección de los funcionarios que conformarán la Autoridad Nacional de la Competencia, la cual funcionará como un organismo descentralizado y autárquico que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de cumplir con el mandato de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
Mediante la resolución conjunta 1/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, se establecen los requisitos, el procedimiento de evaluación y el reglamento para participar del concurso público que seleccionará a los miembros superiores de la Autoridad Nacional de la Competencia. Los mandatos serán por cinco años con posibilidad de reelección por única vez, según consta en los detalles de la norma.
De acuerdo con la ley 27.442 de Defensa de la Competencia, la Autoridad Nacional de la Competencia deberá estar conformada por los 5 miembros del tribunal, entre los que se encuentra el Presidente, y 4 vocales. También se concursará el Secretario a cargo de la Secretaría de Conductas Anticompetitivas y el Secretario a cargo de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El mecanismo de designación de los miembros del organismo se realizará mediante un concurso público de antecedentes y oposición que llevará adelante un jurado integrado por el Ministro de Economía, el Procurador del Tesoro de la Nación, un representante de la Academia Nacional del Derecho y un representante de la Asociación Argentina de Economía Política.
Esta reglamentación se enmarca en la decisión del Gobierno Nacional de cumplir con el mandato de conformar una autoridad de competencia independiente, tal como lo dispuso inicialmente la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, sancionada en 1999, y luego la Ley 27.442 sancionada en 2018.
La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe los acuerdos entre competidores y los actos o conductas que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general (bien jurídico este último normalmente asociado a la eficiencia del mercado o el bienestar del consumidor).
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