
El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el superávit primario fue de 2,4 billones de pesos y el financiero, al tomar en consideración los intereses de deuda, fue de $600.000 millones en enero, lo que equivale a 0,1% del PBI.
En medio de la polémica presidencial por la criptomoneda $LIBRA, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que el resultado fiscal del sector público es “lo verdaderamente importante para la gente” y que ese excedente fiscal fue conseguido “habiendo eliminado impuestos y aranceles”. “Nuestro ancla no se toca. Nuevamente superávit fiscal en la línea financiera (esto es, después de pagar intereses)”, sumó el presidente Javier Milei.
Según datos del Ministerio de Economía, los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) en enero alcanzaron $11,1 billones, lo que representa un aumento interanual de 80,6 por ciento. La recaudación tributaria creció 84,6% en términos interanuales, impulsada principalmente por el incremento en los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+152,9%), el Impuesto a las Ganancias (+136,8%) y el impuesto a los Débitos y Créditos (+103,9%). Además, el IVA neto de reintegros registró una suba de 92% interanual, mientras que los Derechos de Importación aumentaron 57,2 por ciento.
En cuanto a los gastos primarios del SPN, en enero sumaron $8,67 billones, con un alza de 109,5% interanual. Las prestaciones de la Seguridad Social representaron $5,67 billones (+112,5% internual), lo que refleja el impacto de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 y la adecuación dispuesta en el DNU 274/24, que ajustó los aumentos jubilatorios en función de la inflación. Por su parte, las remuneraciones del sector público ascendieron a $1,34 billones (+94,1%), en línea con los incrementos acordados en paritarias.

Las transferencias corrientes totalizaron $2,7 billones (+91,8 por ciento). Las destinadas al sector privado crecieron 88,3% interanual, con subas en las prestaciones sociales, el PAMI y las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal para Protección Social. Además, los programas de política alimentaria registraron un incremento del 138% en la Tarjeta Alimentar respecto de enero de 2023, con un aumento en la cantidad de beneficiarios, mientras que el Plan 1.000 días fue elevado en un 500% según la Resolución 1.062/2024.
En el caso de las transferencias corrientes al sector público, en enero alcanzaron $484.512 millones, con una variación interanual de 111,6%. En tanto, los subsidios económicos crecieron 64,7% interanual, con un aumento de $104.956 millones (+96,8%) en subsidios energéticos y de $56.855 millones (+40,4%) en subsidios al transporte.
El Gobierno busca sostener el ajuste fiscal este año para asegurarse equilibrio en las cuentas públicas. De todas formas, en 2024 hubo ingresos extraordinarios que este año no estarán disponibles, pero si la economía creciera ese 5% que esperan el Gobierno y el FMI, los ingresos tributarios asociados a la actividad también deberían mejorar.
Una primera muestra de un atenuante de ese tipo podría verse en el caso del recorte de alícuotas de derechos de exportación. El costo fiscal estimado en los despachos oficiales ronda los USD 800 millones, aunque algunas proyecciones privadas lo elevan a más de USD 1.000 millones, según el grado de aceleración de liquidaciones.
Un análisis de la consultora LCG planteó, de todas formas, que en enero “el gasto total de la APN (Administración Pública Nacional) subió 60% en términos reales contra un año atrás, en tanto que el primario se multiplicó por 4 en un año. La brecha entre ambos se explica por la menor carga de intereses de la deuda respecto a enero 2025, en tanto que la magnitud de la suba responde exclusivamente a la mínima base de comparación que implica enero 2024, cuando el gobierno había cortado todos los pagos. Más allá de esto, esperamos un resultado primario en torno a 0,2% del PBI para el primer mes del año”, concluyó.

Según un análisis de Grupo SBS, “los desafíos fiscales de 2025 podrían venir tanto por el lado de los ingresos como del gasto”, plantearon sus economistas en un informe reciente. “En cuanto a los ingresos, la pérdida de vigencia del Impuesto PAIS (1,2 puntos del PBI en 2024) planteará un desafío para el Tesoro. Será necesario compensar estos ingresos en todo 2025 en un contexto en que, si bien creemos que la economía rebotará respecto a 2024, la vigencia de controles de cambios y el aumento de los costos en dólares podría contener el upside, limitando la dinámica alcista en ingresos asociados a actividad y empleo”, consideró la consultora.
En términos de gasto, SBS advirtió que la baja de la inflación le quitará “batería” a la “licuadora” por lo que el Gobierno debería apuntar a otro tipo de medidas y más “motosierra”; y consideró que “todavía hay espacio para reducciones en gasto salarial y subsidios económicos”.
En tanto, un informe de la consultora Empiria planteó que “repetir este año el desempeño fiscal de 2024, es decir, un excedente financiero de 0,3% del PBI, luce desafiante”. Según Empiria, “por ciertos ingresos con los que el fisco este año no podrá contar, que denominó déficit inercial, el Gobierno requerirá de medidas para compensar esa pérdida.
Ese punto de partida fiscal de este año estaría marcado por recaudación que no habrá en 2025 como el impuesto PAIS, que se extinguió a fines de 2024, y medidas incluidas en el paquete fiscal como el blanqueo, la moratoria y el anticipo de Bienes Personales. Por esa vía suman 1,5% del PBI, y por gastos con aumentos automáticos. como jubilaciones y Asignación Universal por Hijo, habrá otro 0,3% del PBI”.
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