Durante los primeros 11 meses de su mandato, el Gobierno desvinculó 34.000 trabajadores del sector público ya sea a través de despidos, ceses de contratos y otras vías. La cifra implica una reducción del 7% del personal del Estado Nacional. En particular, la Administración Pública Nacional (APN) experimentó una disminución de unos 20.000 puestos. Esto generó un ahorro de USD 3.820 millones. El presidente Javier Milei ya había adelantado que buscan recortar 75.000 puestos de trabajo en el Estado.
En detalle, entre diciembre de 2023 y octubre este año se redujo el personal de la APN en un 10%, a la vez que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 12,6%.
En dicho período se observó un descenso en los diversos tipos de vinculación laboral en el sector de la APN. Respecto a los empleados de planta permanente y transitoria, se registró una caída del 3,6%. En contraste, el personal contratado bajo la Ley Marco y los empleados con contratos LOYS (monotributistas) experimentaron descensos mucho más pronunciados, con reducciones del 17,8% y 51,9%, respectivamente.
El recorte generó una disminución del gasto de USD 2.060 millones en los contratos regidos por la Ley Marco. En lo que respecta a la modalidad permanente y transitoria, la reducción fue de USD 1.130 millones, mientras que en la modalidad de contratos LOYS se logró un ahorro de USD 630 millones.
Según datos del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.
Desde el Gobierno aclararon que para calcular el ahorro total a largo plazo, se utilizó el salario promedio ponderado de octubre de 2024 según el tipo de contratación. Se hizo aplicando el concepto de perpetuidad, que estima el valor de los salarios futuros que no se pagarán más, y luego se utilizó una tasa de descuento para obtener su valor actual.
“Esta medida demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”, sostuvieron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger.
Los despidos se derivan principalmente de la reducción de ministerios -solamente quedaron ocho-, de la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), y la política de recortar en otras dependencias como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA, que en un principio estuvieron en la lista de la Ley Bases para quedar sujetos a privatización.
También, la reestructuración de la AFIP, que pasó a denominarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), contempló la reducción de cargos jerárquicos que alcanzarían a más de 3.000 empleados.
Al mismo tiempo, el Gobierno ya inició la primera tanda de exámenes de idoneidad a empleados públicos, que estará apuntado a unas 40 mil personas cuyos contratos temporales terminan a fin de año y que tendrá que ser aprobado como requisito obligatorio para una eventual renovación. En paralelo, el Poder Ejecutivo pondrá a revisión la planta de personal de todas las áreas del Estado para determinar si necesita una reestructuración que implique reducirla.
Asimismo, se intimó a 10.000 empleados públicos que formen parte del personal de planta permanente y que cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional a que inicien los trámites jubilatorios. Se pretende “lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”, indican desde el Gobierno.
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