Los juicios por riesgos del trabajo continúan en alza en Argentina. En octubre, se iniciaron 11.851 nuevas demandas, lo que representa un incremento del 14,3% en comparación con el mismo mes de 2023. En lo que va del año, la suba acumulada alcanza el 7,6%, cifra que se suma al aumento del 25% registrado en 2023. Según proyecciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el país cerrará 2024 con aproximadamente 128.000 juicios, un número que pone en alerta a las aseguradoras y al mercado laboral en general.
Entre enero y octubre de este año, los casos presentados ante los tribunales sumaron un total de 105.960. Para los dos meses que restan, se estima que ingresen alrededor de 22.000 nuevas demandas, lo que eleva el panorama a niveles críticos para el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo. La UART advirtió que esta tendencia creciente en la judicialización se ha convertido en un obstáculo significativo para la creación de empleo formal y de calidad en el país.
En la actualidad, las ART cubren a más de 10,1 millones de trabajadores asalariados registrados y a 1,06 millón de empleadores. Sin embargo, esta cifra podría duplicarse si se considerara la inclusión de trabajadores independientes y de asalariados informales, lo que demostraría un potencial significativo para el sistema de aseguradoras si se lograra reducir la litigiosidad.
Falta de cumplimiento de la Ley 27.348 y su impacto en la judicialidad
Desde la sanción de la Ley 27.348 en 2017, se estableció la obligación de que las provincias adheridas creen Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar una valoración objetiva y profesional del daño sufrido por los trabajadores. No obstante, siete años después, la implementación de esta figura sigue sin concretarse en la mayoría de las provincias. Mendoza es la única que avanzó con una primera conformación, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la responsabilidad recae en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ya que no posee un fuero laboral propio.
La UART considera que la creación de los CMF es fundamental para reducir el número de demandas judiciales, que en 2023 alcanzaron un promedio de 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos. En contraste, otros países como España y Chile reportaron índices significativamente más bajos, con 9,5 y 5,8 juicios por cada 10.000 trabajadores, respectivamente. Según la UART, esta diferencia evidencia la necesidad de un sistema de peritaje unificado y profesionalizado en Argentina.
Reclamos de la UART a los poderes judiciales provinciales
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, se reiteró el pedido a los poderes judiciales de las provincias para que cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses. Esta medida no solo permitiría disminuir los niveles de litigiosidad, sino que también ayudaría a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal en el país.
Según la UART, la implementación de los CMF profesionalizaría y objetivaría la valoración del daño sufrido por los trabajadores, unificando los criterios entre la instancia administrativa de las Comisiones Médicas y la instancia judicial. Esto, en teoría, generaría un sistema de seguros más eficaz y ágil, lo que resultaría en una cobertura integral y rápida para los trabajadores afectados.
Además, esta figura pericial propuesta por la Ley 27.348 implicaría una reducción de los sobrecostos judiciales, ya que eliminaría el cobro de honorarios atados al monto de la sentencia. En lugar de basar el pago de honorarios en la magnitud de la compensación obtenida, los profesionales médicos cobrarían un salario fijo o por acto médico realizado. De esta forma, se eliminaría un incentivo perverso que, en muchos casos, alienta la judicialización: a mayor pericia, mayor honorario.
Provincias con mayor concentración de demandas
Entre las jurisdicciones con mayor cantidad de demandas laborales se encuentran Buenos Aires, CABA y Santa Fe, con 42.550, 19.206 y 13.968 casos, respectivamente, en lo que va del año. Estas provincias concentran más de la mitad de las demandas a nivel nacional y representan un desafío particular para el sistema de riesgos del trabajo en Argentina.
La situación actual genera incertidumbre entre los empleadores, quienes deben lidiar con un entorno de creciente litigiosidad que encarece los costos laborales y desalienta la formalización del empleo. Desde la UART, enfatizan que la falta de cumplimiento de la Ley 27.348 por parte de los poderes judiciales provinciales solo agrava la situación, afectando tanto a trabajadores como a empleadores.
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