Los detalles del plan que analiza el Gobierno para que distribuidoras eléctricas paguen su deuda multimillonaria

El Gobierno tiene en carpeta la implementación de un plan de pagos destinado a que las distribuidoras de electricidad puedan regularizar sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) por la energía despachada hasta diciembre del año pasado. El monto total en cuestión asciende a casi $1,5 billones, equivalentes a unos USD 1.200 millones, considerando la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

Según fuentes del sector consultadas por Infobae, el esquema propuesto contempla que, con el tiempo, se logre una licuación de los compromisos superior al 50%, lo que representaría una reducción de más de USD 750 millones. El objetivo es que las empresas puedan sanear sus balances y encarar la normalización de un mercado que ha estado distorsionado por congelamientos tarifarios durante las últimas dos décadas.

La resolución, ya redactada, está a la espera de la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo; del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y de la nueva secretaria de Energía, María Tettamanti, para su publicación en el Boletín Oficial. En despachos oficiales consideran que este es el mejor camino para hacer “borrón y cuenta nueva” y comenzar de nuevo.

Cammesa, además de administrar el suministro de electricidad, actúa como intermediaria en el mercado: paga la energía a los generadores y cobra a transportistas y distribuidoras de todo el país. Sin embargo, los congelamientos tarifarios han generado distorsiones que afectaron el normal funcionamiento de este proceso.

Los congelamientos también afectaron la inversión en infraestructura, lo que se refleja en los cortes de suministro que sufre Argentina durante los picos de consumo en verano. De cara a 2025, existe el temor de que las olas de calor obliguen a realizar cortes residenciales para que el sistema pueda soportar la demanda.

Como los usuarios no pagan el costo completo de la energía eléctrica que consumen, el Tesoro realiza transferencias a Cammesa para cubrir esa diferencia, un esquema similar al que se utiliza con el gas natural. Estos subsidios energéticos representaron un gasto para el Estado de unos USD 150.000 millones en el período 2003-2023, según estimaciones oficiales.

Por otro lado, las transportistas y distribuidoras no recibieron transferencias directas del Tesoro, pero los congelamientos de tarifas, que comenzaron con el kirchnerismo, llevaron a las empresas a postergar sus pagos a la empresa estatal debido a que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los costos operativos. Este mecanismo de financiamiento se extendió en los últimos años y ahora el Gobierno busca eliminarlo definitivamente.

Datos oficiales a los que accedió Infobae indican que la deuda total de las distribuidoras, incluidas cooperativas del interior, al 31 de octubre pasado alcanzaba los $2,35 billones (más de USD 2.000 millones). De ese total, alrededor de $1,5 billones corresponden a deudas generadas a lo largo de las últimas dos décadas hasta el 31 de diciembre de 2023.

El plan de pagos detallado a Infobae por fuentes al tanto de la discusión prevé un período de gracia de al menos un año y un esquema de 60 cuotas mensuales, con una tasa que sería equivalente al 50% de la que utiliza el Banco Nación como referencia. Según un funcionario al tanto del tema, este esquema permitiría una licuación de al menos la mitad de los compromisos. En los despachos oficiales subrayan que no se trata de una “condonación” o “quita”, ya que ello implicaría que las empresas deban tributar el 35% en concepto de Ganancias sobre ese alivio financiero.

Las distribuidoras del AMBA, Edesur y Edenor, concentran el 41% de la deuda total por ser las firmas con mayor cantidad de clientes en el país. En tanto, entre las cooperativas del interior, 15 están bajo sospecha de maniobras para desviar fondos.

Para acceder al plan de pagos, las empresas deberán cumplir al menos dos condiciones: no tener litigios abiertos con Cammesa, la Secretaría de Energía o el Ministerio de Economía, y estar al día con sus pagos de 2024, o tenerlos regularizados mediante algún plan de pagos. Esto abarca deudas acumuladas de unos $900.000 millones.

La Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, firmada por el ex secretario Eduardo Rodríguez Chirillo, que salió del Gobierno hace un mes, establecía que las facturas de febrero y marzo se cancelarían mediante planes de pago con Cammesa, a tasa del Banco Nación y un plazo de 48 meses. Las de abril tenían un plazo de 30 días para su cancelación, y las de mayo, de 60 días. Además, en mayo se oficializó el pago de Cammesa a generadoras mediante un bono en dólares a 2038 con una quita del 50% implícita, para cubrir deudas de diciembre de 2023 y enero de 2024.

La limpieza en los balances de las distribuidoras es clave para los planes del Gobierno de normalizar el mercado eléctrico. En primer lugar, se espera que Cammesa deje de comprar combustible para la generación de energía; posteriormente, se licitará mayor capacidad de transporte y potencia, y se dará inicio a un período de contractualización basado en el juego de oferta y demanda. En paralelo, el ministro Caputo está evaluando la magnitud de los incrementos tarifarios que se implementarán en 2025 y cómo se coordinarán con la reducción de subsidios prevista.