A partir de la publicación de dos nuevas resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Gobierno argentino avanza con la desregulación del comercio exterior. Estas disposiciones, anunciadas en el Boletín Oficial de hoy, derogan el uso de valores de referencia para exportaciones y eliminan la participación de veedores sectoriales en el proceso de verificación aduanera, ambos mecanismos que habían sido implementados para garantizar mayores controles en las operaciones comerciales internacionales.
El anuncio fue realizado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de dos tuits, en los que detalló las implicancias de las resoluciones. En el primero, Sturzenegger explicó que con la publicación de la Resolución General AFIP 5587/24, “damos por finalizado el uso de los ‘valores de referencia’ para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción”. Según el ministro, esta medida busca facilitar el comercio exterior y eliminar una fuente de sobrecostos que afectaba a ciertos sectores productivos.
Los valores de referencia fueron establecidos como una herramienta para prevenir la subfacturación de exportaciones. En este sistema, los exportadores debían aportar una garantía si el valor de venta declarado era inferior al valor referencial determinado por la AFIP. Este esquema fue criticado por generar un impacto negativo en la rentabilidad de los exportadores, ya que obligaba a cubrir la diferencia entre el valor declarado y el valor referencial, lo que implicaba costos adicionales.
“A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público”, sostuvo Sturzenegger en su tuit, destacando que estas medidas responden a los objetivos del presidente Javier Milei de reducir los niveles de intervención estatal en la economía.
Modificaciones en los canales de exportación e importación
La Resolución General 5587/24 no solo elimina los valores de referencia, sino también el Canal Rojo Valor, un mecanismo que imponía controles adicionales en las exportaciones con precios por debajo del valor referencial. De acuerdo con el texto de la resolución, las destinaciones definitivas de exportación seguirán cursando por los canales de selectividad habituales, aunque podrán ser sometidas a un control posterior, según lo establecido en la Resolución General AFIP 5002/21. Esta disposición permite a la AFIP realizar controles ex post para evaluar la correcta valuación de las mercaderías exportadas, lo que, según la administración tributaria, asegura que los controles sigan vigentes de manera más eficiente.
El segundo cambio significativo anunciado por Sturzenegger está relacionado con la publicación de la Resolución General AFIP 5586/24, que derogó las Resoluciones Generales 701 y 799, normas que obligaban la participación de veedores sectoriales en la verificación de mercadería cuando esta ingresaba al país por el canal rojo. Estas normativas permitían a representantes de distintas cámaras industriales supervisar los procesos de importación en sectores específicos, como el calzado, el acero o los caños para la industria petrolera. Sturzenegger explicó en su tuit que estas normativas formaban parte del control que “las castas ejercieron sobre la política económica del país” y celebró su eliminación como un avance hacia la desregulación.
Implicancias de la eliminación de los veedores
La participación de veedores había sido implementada en 1999 y extendida en 2000, como parte de una serie de medidas destinadas a proteger a las industrias nacionales frente a la importación. Según explicó Sturzenegger en su tuit, “si querías importar calzado un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional tenía que dictaminar”. Este proceso, criticado por su lentitud y por los sobrecostos que generaba, será completamente desmantelado a partir de la nueva resolución.
De acuerdo con la Resolución General 5586/24, la eliminación de este sistema responde a la necesidad de agilizar los procesos aduaneros y reducir los costos asociados a la importación. La norma también deja sin efecto los usuarios otorgados a las entidades sectoriales para acceder al Sistema Informático MALVINA (SIM), utilizado para monitorear los avisos de carga y verificar las importaciones.
Según el texto de la resolución, la participación de las cámaras sectoriales resultaba en dilaciones innecesarias en el trámite de las mercaderías. Las entidades industriales tenían que coordinar con la aduana su presencia como observadoras en los actos de verificación física de los bienes importados, lo que, en la práctica, generaba retrasos en la liberación de los productos. En muchos casos, la presencia de estas entidades no se concretaba, pero los tiempos de espera seguían afectando la fluidez del comercio exterior.
La implementación de estas medidas fue parte de una serie de regulaciones anticipadas días atrás en una nota periodística, que ya preveía la eliminación de las barreras aduaneras para ciertos sectores. Las normativas derogadas, como los valores de referencia y los veedores, estaban orientadas a mantener un control estatal sobre la valorización de bienes y evitar prácticas como la subfacturación de exportaciones o la sobrevaloración de importaciones.
Sin embargo, las resoluciones han generado críticas desde distintos sectores, que ven en estas medidas un debilitamiento de los controles estatales. Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, advirtió que estos cambios podrían favorecer la evasión fiscal y reducir la capacidad del Estado para monitorear correctamente las operaciones comerciales. Michel señaló que “los sistemas de control de valor de AFIP -valores criterio y valores de referencia- tienen origen en la resolución general 1.907 del año 2005 firmada por Alberto Abad” y calificó la eliminación de estas normativas como un intento de “hacerle más fácil el trabajo a los estudios de abogados”.
Por otro lado, desde el Gobierno se insiste en que los controles seguirán vigentes, aunque de manera más eficiente, y que la eliminación de estos mecanismos contribuirá a mejorar la competitividad y la rentabilidad de los exportadores e importadores.
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