
El Gobierno de La Rioja comunicó a los tenedores de sus bonos que tampoco pagará los vencimientos que tenían lugar este lunes, y así se extiende el conflicto entre esa provincia y sus acreedores, que ya acudieron a la justicia en los Estados Unidos para reclamar por el impago. La administración provincial asegura que la negociación continúa y que hubo un acercamiento pero lejos todavía de un acuerdo.
Un comunicado del gobierno de Ricardo Quintela publicado ante los inversores informó que “no se realizará el pago del capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028″, dado que “se encuentra en proceso de negociación con los acreedores para la reestructuración de su deuda”, planteó en una nota fechada al viernes pasado. Los vencimientos caían este sábado y deberían pagarse este lunes, por lo que quedó oficializada de esta manera que la provincia continuará en default.
El vencimiento de esta semana eran de otros 26 millones de dólares, la misma suma que implicó el inicio del conflicto en febrero. En esa ocasión La Rioja decidió pagar solo los intereses y comunicar que iniciaba formalmente un proceso de reestructuración, bajo argumentos de una situación compleja fiscal en la provincia. La Rioja fue la primera jurisdicción en emitir una cuasimoneda en los últimos 20 años.
El bono en cuestión es uno denominado en dólares y emitido en 2017. Durante el Gobierno de Cambiemos una docena de provincias, con el mercado internacional de deuda abierto para la Nación, hicieron sus propias colocaciones de títulos en moneda extranjera. En el caso riojano, fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
En 2021, ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiese hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028.
Tras el anuncio de impago, la provincia inició de manera formal un proceso de convocatoria a sus acreedores para renegociar los términos de su deuda. Fuentes de la gobernación aseguraron a Infobae que hay conversaciones abiertas con los bonistas, aún sin acuerdo. El ida y vuelta con los tenedores de la deuda ya lleva unos cinco meses. “Se está negociando y buscamos un arreglo total, que se ajuste a las posibilidades económicas de la provincia”, mencionaron.
Los bonistas, por su parte, se organizaron alrededor del bufete Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan especializado en este tipo de reclamos, y decidieron ir directamente a los tribunales de Nueva York -el contrato del bono determina que ante un incumplimiento la jurisdicción de litigio es Estados Unidos- y sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”.
El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021. Es por eso que adjuntaron un gráfico en el que señalan el avance en los porcentajes de deuda amortizada del resto de las jurisdicciones argentinas.
La provincia aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.
“La Provincia se encuentra analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros. La Provincia enfrenta desafíos económicos sin precedentes. La contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”, planteó.
En lo que resta del año, las provincias tienen en su calendario financiero una serie de giros a sus bonistas. En total, el 2024 contempla pagos por unos USD 1.955 millones desde las provincias, de los cuales faltan pagar alrededor de USD 912 millones, según estimaciones de Politikón Chaco. Buenos Aires será la que tendrá la carga de intereses más pesada (USD 350 millones en septiembre), seguido por Córdoba (USD 176 millones), Entre Ríos (USD 63,8 millones), Mendoza (USD 58,4 millones), Río Negro (USD 43,4 millones) Salta (USD 36,2 millones) y Chubut (USD 33 millones).
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