El estudio de abogados inglés Burdford, que tiene un fallo judicial a su favor de USD 16.000 millones en el juicio en la corte neoyorikina por la expropiación de YPF, utilizó ante la jueza Loretta Preska una frase reciente del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su intento por demostrar que la petrolera y el Estado Argentino son lo mismo, en busca de tener activos a tiro de un potencial embargo para cobrar la sentencia.
Así lo destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, un experto argentino en el caso, a través de su cuenta de X. “Dejo clara constancia de que por más que se trate de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente [Javier] Milei”, dijo a finales de julio Kicillof, en medio de su descontento luego de que se conociera que la empresa llevará adelante su proyecto de gas natural licuado (GNL) en Río Negro y no en Buenos Aires. Esa es la frase de la que se agarran los demandantes.
El gobernador además de ser un ex ministro de Economía tuvo un rol protagónico en la estatización de la empresa en 2012, momento en el que se desempeñaba como uno de sus directores.
“Días atrás, cuando la provincia de Buenos Aires perdió con Río Negro la puja por ver dónde se va a construir la planta de GNL, Kicillof enojado dijo, palabra más, palabra menos, que los ejecutivos de YPF son funcionarios públicos que responden a Milei. Fue grave porque es primera fuente para los beneficiarios del fallo, porque fue ministro y estuvo a cargo de la expropiación, la hizo él. Burford está en medio del proceso de buscar pruebas para demostrar la figura del ‘alter ego’ y que alguien como Kicillof diga eso le viene muy bien”, le dijo Maril a Infobae.
“Anoche Burford publicó un escribo en respuesta a otra nota presentada por YPF y pidieron seguir con el discovery del alter ego, especialmente después de los dichos del gobernador”, agregó el experto.
Burford sabe que no podrá cobrar el fallo de Preska que indicó que Argentina debe desembolsar USD 16.000 millones –ahora casi USD 17.000 millones, por los intereses que corren a diario–, y quiere sentarse a negociar con un gobierno que hasta ahora no dio señales de querer hacerlo, más allá de los dichos de Milei meses atrás sobre que había “voluntad de pago”.
En ese contexto, el estudio inglés pidió formalmente quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, que corresponden al Estado argentino, y embargar activos locales en el exterior, dos medidas que avanzan en el estrado de Preska mientras, en paralelo, Argentina defiende su postura en Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con la intención de revertir la condena de la magistrada que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.
Son bajas las chances de que Argentina tenga que ceder sus activos de la petrolera estatal, pero el pedido está presentado. El estudio de abogados inglés ahora espera que las declaraciones de Kicillof respalden la figura del “alter ego”. Los otros activos apuntados por Burford son Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones, proveedora de infraestructura de telefonía móvil e internet, Enarsa, enfocada en la importación y distribución de energía y la construcción de infraestructura, y el Banco Nación, el más grande minorista de la Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami. Todas esas compañías son objetivos de privatización del gobierno de Milei.
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