El Gobierno intimó a la Ciudad a que se haga cargo de los subsidios al transporte y evalúa el traspaso por decreto

Un día después de haber anunciado que desde septiembre no gastará más dinero de su presupuesto en subsidios para las líneas de colectivo que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Transporte nacional envió este miércoles una nota a su par porteña a manera de intimación para que se haga cargo en las próximas semanas de ese gasto para poder sostener el precio actual del pasaje de colectivo, que en el sector privado estiman cercano a los 850 pesos como mínimo en caso de que no tuviera subvenciones estatales.

Según pudo saber Infobae, la secretaría que encabeza Franco Mogetta envió este miércoles a Transporte porteño una nota en la que exige que desde septiembre los costos de mantener subsidiado el colectivo sea absorbido por las cuentas públicas de la Ciudad. Si bien el conflicto se hizo público este martes, ya había existido una comunicación interna como la de hoy el 19 de julio pasado, que no tuvo respuesta de la administración porteña, aseguraron desde la Nación.

Tres semanas después, con la venia del ministro de Economía Luis Caputo, y luego de cruces entre CABA y la Nación por la recomposición del porcentaje de coparticipación que Jorge Macri reclamaba a la Casa Rosada, Mogetta ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados blanqueó que el plan inmediato es abandonar cualquier tipo de subsidios para las 31 líneas de colectivos que circulan dentro del territorio porteño.

Actualmente el financiamiento es mixto: el 55% desde CABA y el 45% del Tesoro nacional. Pasado a números: el costo que Transporte nacional quiere dejar de cubrir son los $7.000 millones que destina a subsidiar ese 45% que le toca a la Nación. Las líneas que atraviesan la avenida General Paz y que además de la Ciudad recorren municipios del Conurbano bonaerense, tienen subsidios cubiertos enteramente por la Nación.

El conflicto, reconocen en los despachos oficiales, tiene un carácter inicialmente político, aunque abundan las explicaciones fiscales y técnicas. Para empresarios del sector no es casualidad que esta decisión de la Nación llegue en el contexto de tensión entre La Libertad Avanza y el PRO tras la reaparición de Mauricio Macri, con críticas a la gestión libertaria. “Si a nivel político no acuerdan, no veo que puedan circular los colectivos a menos que haya un ajuste fuerte en las tarifas”, dijo Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del ransporte Automotor (Aaeta).

El conflicto amenaza, así, con escalar a otras instancias. En Transporte de la Nación evalúan que en caso de que las solicitudes vía carta no tengan respuesta oficial porteña, habrá otras instancias. La más cercana sería “forzar” ese traspaso mediante una medida administrativa, que podría ser directamente un decreto. Como el cambio operaría desde septiembre, las adaptaciones técnicas del caso requerirían un tiempo perentorio, por lo que esa resolución, de existir, llegaría en los próximos días. No descartan en los despachos oficiales nacionales también acudir a la justicia en un caso más extremo.

Desde la Ciudad reiteraron la respuesta que le dieron el martes a la Nación. “Las líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen directamente del Gobierno Nacional. La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la autoridad exclusiva y es la responsable, entre otras cosas, de: Fijar las tarifas; Regular el servicio; Otorgar los permisos de operación; Autorizar los recorridos; Definir las frecuencias de los servicios; Establecer el monto y mecanismo de los subsidios; Implementar el pago a las empresas”, mencionó Transporte porteño en un comunicado. Esas son las tareas que la Nación pretende que asuma la Ciudad desde septiembre.

“La Ciudad ha venido subsidiando al Gobierno Nacional y a sus líneas de transporte público de colectivos. La Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación. Lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación. Las transferencias de competencias, como la de la regulación del transporte público de pasajeros, se deben realizar en el marco de lo que establece la Constitución Nacional”, concluyeron en aquel comunicado.

Las 31 líneas de colectivos que circulan solamente en el territorio porteño y que Nación quiere dejar de subsidiar son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Transporte nacional, por otra parte, solicitó a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad sostener el aporte del beneficio del boleto integrado (Red SUBE) para las 286 líneas que son de su jurisdicción. “Consideramos el boleto integrado como una política importante de asistencia al pasajero”, aseguró Mogetta.

En tanto, confirmó que el Gobierno Nacional seguirá subsidiando a los 5,3 millones de pasajeros que reciben la Tarifa Social con $25.000 millones por mes. Esta implica un descuento del 55% en el precio del boleto a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las 60 localidades de todo el país en las que está implementado el sistema SUBE.