Polémica por el Gasoducto Néstor Kirchner: un ex funcionario de Massa cruzó al secretario de Energía, Eduardo Chirillo

El Gasoducto Néstor Kirchner está otra vez en el centro de la polémica. Esta vez, el conflicto pone de un lado al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, y del otro a Agustín Gerez, ex presidente de Energía Argentina SA (Enarsa) y referente del Frente de Todos en temas energéticos.

El disparador de la polémica fue una publicación de Chirillo en X (ex Twitter), donde hace una comparación del estado de obra de la planta compresora Tratayén, antes y después del inicio de la gestión del actual Gobierno. Según el funcionario, la administración de Milei recibió la obra con un 38% de avance de construcción, cuando tenía que estar al 94%. Además, denunció una deuda de USD 2,5 millones a contratistas, “precios sin actualizar desde marzo de 2023, SIRA’s pisadas y 81 días de demora en la entrega del terreno”.

Asimismo, Chirillo publicó una segunda imagen, con el avance de obra de Salliqueló. Junto a la foto comparativa, advirtió que el Gobierno recibió el mando con el 19% de avance de construcción, cuando tenía que estar al 100%. A eso sumó que estaba a punto de rescindirse el contrato y se acumulaba una deuda de USD 7 millones a contratistas, más USD 1.5 millones de falta de pago por certificado de obra. Una vez más, denunció “SIRA’s pisadas”.

La respuesta de Gerez

El ex presidente de Enarsa salió al cruce de Chirillo y desmintió la información publicada por el funcionario en relación a Tratayén. “No se si por malicia o desconocimiento se anunció que la Planta compresora de Tratayen se encontraba al 38% de avance en el mes de diciembre de 2023, quizás por interés de desinformar a la sociedad con datos erróneos y gráficos o fotos armadas que nada tienen que ver con la realidad”, escribió Gerez en una carta abierta.

Para justificar su postura, Gerez compartió la imagen del certificado Nro. 12 (firmado por Enarsa y Sacde) de la Planta Compresora de Tratayén. “Les cuento brevemente que un certificado de Obra es, como dice su nombre, la medición del avance físico que se va logrando en virtud del plan de trabajo presentado por la contratista (en este caso Sacde). La medición está certificada por YPF, quien está a cargo de la inspección de la obra”, apuntó.

“El Certificado Nro. 12 tiene corte de medición el día 20 de diciembre de 2023 y como observarán, 61,89% de avance”, apuntó.

“Pero para no dejar sembrar dudas, también les acompaño el Certificado Nro.13 con corte el 20 de enero del 2024, ya con la gestión del actual gobierno al mando de la construcción de la PC Tratayén con un 66,78% de avance”, agregó el ex funcionario. En la imagen mencionada, se comprueba efectivamente el avance del 66,7%.

“Por otra parte, para dar por finalizado el asunto como corresponde voy a dejar también parte de la adenda que firmó la actual gestión el 26 de febrero de 2024 (se adjunta a la carta) con algunos detalles que resultan interesantes”, comentó Gerez.

“En la Clausula Segunda donde se establece el plazo, las partes (es decir el actual gobierno y la contratista) acuerdan que el Apto para funcionar de la Planta Compresora de Tratayén sería el 22 de mayo de 2024. La pregunta que nos debemos hacer es si hubiera sido posible esto, si la planta compresora hubiera estado al 38% como se ha manifestado”, subrayó.

“Es decir, lo que ahora van a inaugurar (esperamos) el 9 de julio próximo según trascendidos, la propia gestión actual de gobierno estableció el 26 de febrero de 2024 que el Apto para funcionar seria el dia 24 de mayo. ¿Las demoras? No sabemos, esas son justamente las explicaciones que deberían darnos los funcionarios en vez de estar distrayéndonos y repartiendo culpas que como hemos visto la documentación y los antecedentes, no los ayudan”, cerró.

Días atrás, Gerez había responsabilizado al Gobierno nacional por la crisis de falta de gas que motivó cortes de suministro en todas las estaciones de GNC y grandes industrias del país. En diálogo con Infobae, el funcionario de la anterior administración sostuvo que el ajuste en la obra pública derivó en un retraso en obras claves que “le costaron a todos los argentinos USD 600 millones” por importación de energía.