Qué pasará con la quita de subsidios ya prevista para las tarifas de la luz y gas

En el último verano el Gobierno nacional instrumentó la eliminación de los subsidios al consumo de energía eléctrica a los comercios, industrias y usuarios residenciales de altos ingresos (Nivel 1), y quedó sin definir qué ocurrirá con la asistencia social para los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3), que representan a cerca del 60% del total de usuarios.

Si bien se esperaba que la Secretaría de Energía definiera cómo sería la quita antes del inicio de mayo, en las últimas horas se confirmó que la eliminación de los beneficios se postergaría al menos hasta junio, cuando esté implementada la Canasta Básica Energética (CBA), herramienta por la cual se determinará el consumo básico “para una vida digna” de electricidad y gas natural, dependiendo la zona bioambiental del país en la que resida cada usuario y la cantidad de integrantes del hogar.

“El decreto de la CBE saldría entre el lunes y martes próximo, pero para aplicarse recién en junio. En mayo se mantendrían los subsidios para el 60% de los usuarios”, informaron fuentes de Energía a Infobae.

La CBA será determinante a la hora de definir qué usuarios mantendrán algún tipo de subsidio y cuáles no, por lo que resulta lógico que la decisión se postergue. Lo que no está claro, es si finalmente la eliminación de subsidios para la luz y el gas será inmediata o gradual.

Lo cierto es que el camino que tome el Gobierno tendrá un impacto directo sobre algunos de los temas centrales de discusión a nivel económico, como la variación del poder adquisitivo de los salarios y la evolución en el ritmo de inflación.

En el primer caso, los datos oficiales acusan una pérdida real de los salarios en términos anuales de 26% en febrero y si bien se han ido cerrando algunas negociaciones paritarias, se proyecta que los sueldos tardarán varios meses en recuperar el poder adquisitivo perdido luego de la devaluación de diciembre.

En lo que respecta a la inflación, los últimos datos oficiales confirman una desaceleración del ritmo de aumento de precios, aunque ese resultado incluye por supuesto la postergación de la quita de subsidios a la luz y el gas. Aún así, el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” del Indec, fue el tercero que más aumentó en marzo último, con 13,3% de variación con relación al mes anterior.

También pesa la decisón del Gobierno de consolidar el superávit fiscal. Según un informe de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), desde el punto de vista del aporte al monto total ahorrado de $8,3 billones en el primer trimestre, los gastos que más se redujeron y más aportaron fueron jubilaciones y pensiones contributivas ($2.894.000 millones), inversión real directa ($1.250.000 millones), subsidios a la energía ($763.000 millones) y salarios ($622.000 millones). Entre los cuatro aportaron casi $5.529.000 millones a moneda de marzo 2024, es decir, el 66% del total ahorrado.

Aunque todavía no hay claridad respecto a cómo será la quita de subsidios para los niveles 2 y 3, fuentes oficiales anticiparon cuáles serán los criterios que se tomará para decir qué usuarios seguirán siendo ayudados por el Estado nacional.

En concreto, la Secretaría de Energía anticipó a fin de febrero cómo será el nuevo esquema de asignación de subsidios. Los criterios para acceder a la asistencia serán más restrictivos que los vigentes con la segmentación que comenzó sobre el cierre de 2022.

El eje de la nueva política de subvenciones será la conformación de la Canasta Básica Energética. La determinación de la CBE tendrá en cuenta los precios y tarifas vigentes en cada punto del suministro. El Estado subsidiará a los usuarios residenciales cuando el costo de esa cesta supere un porcentaje de los ingresos del “grupo conviviente” que será definido por Energía.

El secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, había adelantado que podría estar en torno al 10% (5% gas y 5% luz) y que la diferencia es la que será subsidiable a través de una transferencia directa al beneficiario, a través de tarjeta virtual o Clave Bancaria Única (CBU), o mediante un descuento en la factura.

Para considerar las necesidades básicas de consumo energético del hogar, se definieron tres tipologías según el número de convivientes: tipo 1 (hasta dos personas), tipo 2 (3 0 4 personas) y tipo 3 (5 o más personas).

La relación de los ingresos con la CBE se determinará a través de la información declarada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), implementado durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía.

Además, se exigirá que los usuarios no estén alcanzados por alguna de las siguientes condiciones:

• Ser titulares de una aeronave.
• Titular de embarcación de lujo o con fines recreativos.
• Titular total de dos o más inmuebles.
• Titular de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.
• Titular de al menos un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad que registra.
• Titular de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia (total o por derivación).
• Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.
• Pertenencer al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).
• Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
• Compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.
• Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
• Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Durante la audiencia pública destinada a la discusión por la segmentación y la nueva Canasta Básica Energética (CBE), la Secretaría de Energía presentó una diapositiva a través de la cual mostró cuál será la factura promedio que pagarán los argentinos una vez que se hayan eliminado los subsidios energéticos.

En el caso de la electricidad, se estima un consumo de entre $15.400 y $20.600 por mes, para un consumo dentro del rango de 150 a 200 Kwh mensuales.

Para el gas, en cambio, se estima un costo de entre $13.800 y $18.400 mensuales, por un gasto promedio de 30 a 40 m3.

Así, si se suman ambos servicios, se calcula que la mayoría de los usuarios pagarán entre $30.000 y $40.000 por mes, una vez que se hayan eliminado completamente los subsidios.

“La existencia de un subsidio implica que quien consume la energía no abona en forma plena el costo en que incurrió el sistema para ponerla a su disposición. La diferencia es cubierta por todos los argentinos, incluso por quienes no tienen acceso a energía eléctrica o gas por red. El esquema de subsidio a la demanda permite racionalizar el consumo, generando un significativo ahorro para el país y focalizar las transferencias en quienes más lo necesitan. Esto se suma al refuerzo en programas sociales sin intermediarios”, explicó durante la audiencia Martín Vauthier, asesor del Ministerio de Economía.

En un escenario normal, las facturas que pagan los usuarios de electricidad incluirían montos suficientes para afrontar los tres grandes costos del sistema: el precio de generación eléctrica (GEN), el costo de transportarla hasta los centros de consumo (TTE) y el valor de distribuirla al usuario final (VAD). Sin embargo, en Argentina esa normalidad se rompió.

“Los los precios que pagan los usuarios son menores a los costos del sistema. Los distribuidores no recaudan lo suficiente para cubrir su VAD más los TTE y los GEN. ¿Entonces? El Estado le inyecta aportes a Cammesa para cubrir lo que falta”, explicó Juan Bosch, CEO de Saesa Internacional.

“No es un tema menor: Esos subsidios explican en buena medida nuestros problemas macroeconómicos. Por ello, muchos economistas insisten que ‘Energía’ debería ser el tema principal de debate en Argentina. Porque el destrozo de las cuentas públicas, el impacto en el déficit, en la emisión y en la inflación que ha generado la ‘cuestión energética’ es brutal”, agregó.

Bosch destacó que el corte de la cadena de pagos ha generado muchos otros vicios que agravan la situación del sector.

“Algunos consumidores, viendo que la energía ‘no vale nada’ consumen en forma irracional y no pagan las facturas al día. Además, algunos distribuidores ven que el incumplimiento de pagos de las facturas que les manda Cammesa no implica consecuencias, por lo que no se ocupan de cobrar a sus clientes o retienen su VAD sino mucho más. Así llegamos a un nivel sin sentido de quiebre en la cadena de pagos, desfinanciamiento, falta de inversión en infraestructura que asegure un suministro eléctrico de calidad y seguridad, obligación de recurrir a soluciones de corto plazo más caras e ineficientes”, observó Juan Bosch.