La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), decidió lanzar un paro de 48 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que paralizará por 48 horas las exportaciones agroindustriales, el principal rubro de ventas externas y de ingresos de divisas de la Argentina.
La acción gremial, explicó el secretario del gremio, Rodolfo Aguiar, es en respuesta a la amenaza de recortes del 30% del personal del organismo. El paro será a partir del martes 26 de febrero e implicará la paralización de las exportaciones y controles sanitarios del país.
“Se van a paralizar todos los controles en puertos, aeropuertos y aduanas. Además, se va a levantar la fiscalización en todas las barreras zoofitosanitarias del país”, apuntó Aguiar. “Hemos definido iniciar una medida de fuerza que va a impactar fuerte en la economía de nuestro país y no vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones. Son muchos los puestos de trabajo en riesgo y no vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales”, señaló el dirigente gremial.
“Rol esencial”
Aguiar consideró “inadmisible” que el gobierno nacional pretenda “llevar adelante ajustes y recortes de personal en un organismo que cumple un rol esencial, siempre se autofinanció y además todos los años ha generado recursos millonarios para el Estado”. Y concluyó “frente a los vínculos laborales que vencen el 31 de marzo y la amenaza de cesantías masivas en la Administración Pública, desde ATE vamos a multiplicar las protestas en todos los ministerios y organismos en los próximos días”.
Más allá de las motivaciones y de las explicaciones gremiales, el paro del organismo de control fitosanitario impactará en las exportaciones agroindustriales, ya golpeadas por la baja de los precios internacionales y los recortes en las proyecciones de producción.
Al respecto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó la proyección de producción del cereal amarillo en 2,5 millones de toneladas, hasta los 54 millones, en lo que será una cosecha más “terrenal”, pese a que la nueva proyección representaría todavía un aumento (del volumen, no del valor, cuyo aumento será inferior, debido a los menores precios) del 60% respecto a la campaña anterior, aportando unas 20 millones de toneladas.
La ola de calor que afectó a gran parte del área agrícola durante finales de enero y principios de febrero fue una de las principales responsables de esta nueva merma en las previsiones golpeando de lleno a los rendimientos potenciales del maíz, a lo que se sumó el avance de la enfermedad spiroplasma sobre la zona agrícola central, debido a la plaga de chicharrita que afecta a la zona.
ATE subrayó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones como la que piensa llevar adelante el Gobierno nacional.
El comunicado gremial agregó: “cabe recordar que en los días precios a la asunción de Javier Milei, ya se había dado a conocer una intención de despido de 550 trabajadores bajo los contratos Funvet (quienes firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios), como así también de todos los que ingresaron durante el 2023.
Pedidos a Capital Humano
Además, en una nota dirigida al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el sindicato exigió la continuidad laboral “de todos los trabajadores del SENASA, cualquiera sea su forma de contratación”, la “urgente apertura de la paritaria sectorial”, una “discusión salarial acorde a la inflación”, el “pase a planta permanente de todos los contratados”, discutir el nomenclador de funciones del organismo y un “presupuesto financiero acorde a las funciones” del organismo.
El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y tiene habilitación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el control de las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. En esa función, otorga las certificaciones necesarias para el comercio internacional.
“Sin estos controles no habría exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”, destacó el gremio de trabajadores estatales. Y advirtió: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con EEUU, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón).
Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos en el 2022″.
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