El rechazo del Senado al DNU 70/23 encendió alarmas en el sistema de salud por la posibilidad, aún pendiente de lo que ocurra en Diputados, de que se interrumpa el proceso de desregulación y recomposición establecido por la norma que impulsa el gobierno de Javier Milei.
“Permitirá reducir costos de intermediación, mejorar la calidad de los servicios y mayores recursos para los prestadores finales del equipo de salud, que son quienes llevan en definitiva el sistema adelante: me refiero a médicos, sanatorios, bioquímicos, recursos humanos técnicos en general. El DNU es un primer paso para un proceso de recuperación del sector privado de salud, que se veía amenazado en su viabilidad con el modelo anterior”, señaló José Sánchez, titular de la entidad.
El empresario, presidente de IHSA, dueña de la empresa Emergencias, expresó su apoyo a la normativa que permite la desregulación y libre elección de la obra social o la empresa de medicina prepaga, y se mostró preocupado que la misma no prospere.
A su vez, agregó que “en los últimos veinte años la Argentina no crea empleo privado, siendo el sector de Salud privado el único que creció en puestos de trabajo, siendo los mismos de calidad, profesionales o universitarios. La reforma laboral generaría mucho dinamismo en el sector de salud, que tiene un enorme potencial de generación de nuevos empleos. Hoy todos tienen claro que tenemos que poner el foco en la necesidad de atención que tiene la gente, y dicha reforma mejoraría la productividad del sector y la calidad de atención, sin dudas”.
Sánchez puso en duda la viabilidad del sistema si se avanza en una derogación de la disposición del Ejecutivo. “Nos preocupa interrumpir lo que se viene logrando en poco tiempo y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. El sistema de salud está quebrado. Y la no aprobación del decreto no bajará las cuotas de las prepagas ni hará que sea más fácil atenderse para ningún paciente. Necesitamos políticas y reglas del juego claras, estables y que no atenten contra las empresas que dan trabajo y pagan salarios”.
Según su análisis el DNU 70/23 llega en el momento justo para salvar el sector, ya que lo ordenaría y sanearía. “Son reformas estructurales para que más ciudadanos tengan acceso a la salud y una mejor atención. Trae más eficiencia y transparencia. También permitirá mayor financiamiento al sector. Esto permite la sostenibilidad de las instituciones, sanatorios y clínicas, por ejemplo. Va a redundar en un beneficio para los afiliados y, además, el dinero que hoy reciben las obras sociales que actúan de intermediarias pasará a pertenecer a los aportantes en beneficio de la cuota que pagan”.
Respecto a la competencia que se dará con esta desregulación, Sánchez señaló que “con el nuevo sistema las obras sociales estarán obligadas a competir en igualdad de condiciones con las prepagas por la afiliación de los trabajadores en relación de dependencia”.
Además, aseguró que la reforma fiscal le quitaría una muy alta presión impositiva al sector, como al resto de la economía ya que los prestadores privados de salud atienden 6 de cada 10 argentinos.
Otras voces
El viernes pasado, Infobae publicó declaraciones del CEO de OSDE, Luis Fontana.
“Nuestra preocupación por una eventual caída del DNU se base en que se interrumpiría el lento y progresivo trabajo de recuperar honorarios médicos, los valores sanatoriales y el servicios para sus socios. Este camino emprendido tras la publicación del decreto, de no seguir, pondría en riesgo el sostenimiento y la sustentabilidad del sistema”, señaló el empresario.
En igual sentido, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la UAS, la Unión Argentina de Salud, señaló a fines de febrero que “la desregulación de Milei es buena, pero crearon un nuevo impuesto que hace inviables a las prepagas”. Se refirió al aporte del 20% que el nuevo esquema exige a las empresas del sector.
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