Por un fuerte retroceso en los gastos, principalmente en los vinculados a las jubilaciones, los salarios y las prestaciones sociales, en enero la Administración Nacional registró un superávit financiero de $1.206.985 millones (esto es, $1,2 billones, equivalente 0,20% del PIB). El resultado primario (no computa el pago de los intereses de la deuda) alcanzó $2.552.925 millones ($2,5 billones, 0,42% del PIB), mientras que el superávit económico fue de $1.231.227 millones (56,6 de mejora interanual).
Los resultados se desprenden del análisis de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Allí se detalla que, durante enero de 2024, los ingresos de la Administración Nacional totalizaron $5.664.109 millones, mostrando una caída del 1,3% en términos reales respecto a igual período del año pasado.
“Por un lado, los ingresos impositivos crecieron 15% año contra año (a/a), impulsados mayormente por el impuesto PAIS (411,6% de crecimiento interanual), los Derecho de Exportación (88,5%) y el Impuesto al Valor Agregado (13,1% a/a). En sentido contrario evolucionaron el Impuesto a las Ganancias (-40,3% a/a) y los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5%)”, explicaron desde el Congreso.
Por otra parte, los gastos primarios sumaron en enero $3.111.184 millones, lo cual implica una caída de 30,8% en términos reales. “Con excepción de los subsidios al transporte, que crecieron 144,9% año contra año, todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual, siendo las más significativas las observadas en los gastos de capital (-75,6% a/a), programas sociales (-59,6%), transferencias corrientes a provincias (-53,3%), jubilaciones y pensiones (-32,5%), gastos en personal (-18%), asignaciones familiares (-17,7%) y transferencias a universidades (-16,5%)”, precisaron desde la Oficina de Presupuesto.
Es importante aclarar que, aunque en términos porcentuales la baja más significativa se produjo en gastos de capital, en valores absolutos la gran diferencia se produjo en las jubilaciones, los gastos en personal, las transferencias a provincias y los programas sociales.
Desde el Congreso explicaron que la baja en jubilaciones y pensiones se explica por el diferencial entre la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación, parcialmente compensada por la aplicación de bonos compensatorios a los jubilados y pensionados de menores ingresos. “En los programas sociales incluyó la pérdida del valor en términos reales de las prestaciones y la falta de registro en enero en algunos programas, como Potenciar Trabajo y las Becas Progresar”, indicaron.
En relación al menor gasto en personal, reconocieron que las pautas salariales acordadas en el período analizado resultaron inferiores a la suba reflejada en el nivel general de precios.
En tanto, como consecuencia del incremento reflejado en el pago de los intereses de la deuda (139,1% de aumento año contra año), los gastos totales disminuyeron en una magnitud inferior a la de los gastos primarios (-11,9% interanual), alcanzando un total de $4.457.123 millones).
De esta manera, como resultado de la dinámica entre ingresos y gastos, se registró un superávit financiero de $1.206.985 millones (0,20% del PIB), con una variación positiva en términos reales de 77,2% con relación al resultado obtenido en enero de 2023 (0,10% del PIB).
La polémica por el incentivo docente
El Gobierno no transfirió a las provincias el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que engrosa con recursos de Nación el salario de los docentes, que está a cargo de las provincias porque según la Constitución Nacional de 1994 la Educación, al igual que la Salud, es una “facultad indelegable” de los gobiernos provinciales. La medida generó mucho malestar en los gobiernos provinciales y preocupa a los ministerios de Educación porque podría poner en riesgo el comienzo de clases, a menos de 20 días del inicio del ciclo lectivo 2024 en varias jurisdicciones.
Ambos fondos –el de Incentivo y el de Compensación Salarial– estaban previstos en el Presupuesto 2023, que fue prorrogado para este año. Según pudo saber Infobae, de hecho, el giro de la partida de enero del FONID salió de la Secretaría de Educación, pero no fue liquidado por el Ministerio de Economía. Por eso, algunos interpretan esta decisión en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores tras el fracaso de la Ley Ómnibus.
Hay distintas interpretaciones sobre la vigencia legal del Fonid. Algunos ministros provinciales argumentan que tanto este como el Fondo Compensador están previstos en la Ley de Financiamiento Educativo. Ambos aportes nacionales al salario docente fueron creados a fines de los años 90, tras el conflicto de la Carpa Blanca durante el menemismo. Desde entonces, nunca habían dejado de pagarse, según denuncian desde las provincias.
Sin embargo, el Fonid se venía prorrogando por decreto desde su creación en diciembre de 1998. Su último vencimiento había sido el 31 de diciembre de 2023, por eso algunas voces venían advirtiendo sobre este tema desde hace semanas, como Mario Perna, exministro de Educación de Catamarca, el economista Alejandro Morduchowicz y el especialista Flavio Buccino.
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