El Gobierno incluyó en la ley ómnibus la derogación de las Zonas Frías, en las que se paga menos por la energía: cómo quiere reemplazarla

El Gobierno incluyó en el proyecto de Ley Ómnibus la derogación de la Ley de Zonas Frías, la cual prevé un descuento de entre 30% y 50% para los habitantes de zonas desfavorecidas en términos climáticos por la cual se benefician más de 4 millones de usuarios del gas residencial por redes. La intención oficial es reemplazar el esquema por una canasta básica energética que tenga en cuenta el consumo en diferentes regiones del país.

En la nueva versión que envió el oficialismo a los diputados dialoguistas de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se plasmó una modificación respecto al texto original en el apartado que habilita al Poder Ejecutivo a modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios.

El artículo 292 del proyecto contempla la derogación de beneficios “reconocidos por el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 en el marco del régimen de subsidios a establecer de acuerdo a lo dispuesto en el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Dicha reasignación comprenderá los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637. Una vez implementado el esquema de subsidios conforme el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 quedarán derogados”.

En concreto, en abril la Secretaría de Energía deberá tener listo un nuevo esquema de subsidios a la energía, tal como adelantaron en el Gobierno y está previsto en el DNU 70/2023 en el que se consignó la creación de una “canasta básica energética” para definir una nueva segmentación de subsidios que tenga en cuenta el nivel de ingresos.

El subsidio para bonificar el consumo de gas en zonas de bajas temperaturas de la Patagonia se había creado en los años ´90, pero hace dos años se extendió a varias localidades del centro del país. Los recursos surgen del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas que se financia con un recargo al resto de los hogares.

El economista Julián Rojo detalló que existen 15 millones de usuarios en Argentina, de los cuales 9 millones tienen red y 6 millones garrafas. De ese primer universo, indicó, 4,1 millones estaban alcanzados bajo la Ley de Zonas Frías.

Durante su exposición en comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó cómo funcionará el esquema que prepara su dependencia. “La canasta básica energética se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina”, había anticipado el funcionario.

Antes de eso el Gobierno deberá convocar a una audiencia pública específica sobre este tema. Chirillo también adelantó que las actualizaciones mensuales de tarifas podrían realizarse por el índice de variación salarial y no por la inflación mayorista como reclamaron las empresas en su última audiencia pública.

La Secretaría de Energía avisó que actualizará el precio del gas en las tarifas de energía para llevarlo de USD 0,7 a USD 4 con aumentos “escalonados” en febrero, marzo y abril. Para el final del proceso los usuarios pagaran el costo total del fluido. Este ítem representa cerca del 40% de la factura final que llega a los hogares.

Por otro lado, las empresas de transporte y distribución pidieron recomposiciones que van desde el 500% al 700%, mientras que reclamaron una indexación en base al índice de precios mayoristas del Indec. De convalidar todo ese cambio, las boletas finales de gas acumularían un incremento de hasta 700% en los próximos tres meses. De todos modos, Energía aún analiza cuál será la magnitud de las subas que permitirá debido a que la audiencia pública no es vinculante.