El Gobierno dio detalles respecto a la esperada emisión de un bono en dólares destinado a importadores que no tuvieron acceso al mercado de cambios para pagar sus deudas con proveedores del exterior. Los papeles, que serán emitidos por el Banco Central, tendrán un plazo máximo de 4 años, y se podrán usar para cancelar impuestos.
El decreto 72 de 2023 publicado este viernes autoriza el uso de bonos o títulos emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la cancelación de obligaciones impositivas y aduaneras. Esta decisión, que se enmarca dentro de la Ley N° 11.683 y otras normativas relevantes, surge como una respuesta a la necesidad de facilitar la cancelación de deudas fiscales y mitigar la crisis en la cadena de pagos de comercio exterior.
El decreto especifica que los bonos emitidos por el BCRA pueden ser utilizados para pagar diversas obligaciones impositivas y aduaneras, con la excepción de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, entre otros. Los bonos aplicables a este fin son aquellos que se emitan entre la fecha de vigencia del decreto y el 31 de marzo de 2024.
Además, se incorporó una modificación al Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), incluyendo la suscripción en pesos de bonos o títulos emitidos en dólares por el BCRA. La alícuota de este impuesto será del 0% hasta el 31 de enero de 2024, ajustándose posteriormente a las tasas aplicables a las importaciones.
Otro aspecto relevante del decreto es el establecimiento de un límite total de USD 3.500 millones para el uso de bonos en el pago de impuestos. Se definió un cronograma para la utilización de estos bonos, que se extiende desde abril de 2025 hasta octubre de 2027.
El decreto también establece que la dación en pago de bonos constituye un derecho adquirido por sus tenedores. Una vez que los bonos sean utilizados para pagar obligaciones, no se podrán efectuar reclamos al BCRA. Además, se realizarán ajustes presupuestarios para transferir los montos correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta medida entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y es aplicable a suscripciones de bonos realizadas a partir de esa fecha. Con esta decisión, el gobierno argentino busca ofrecer una solución alternativa para la cancelación de deudas fiscales y facilitar la gestión de la crisis en la cadena de pagos del comercio exterior, en un esfuerzo por manejar la situación económica actual del país.
Deuda comercial
Estimaciones privadas calculan que la deuda comercial asciende a más de USD 58.000 millones. Esta deuda se originó debido a las restricciones impuestas por el BCRA durante el gobierno de Alberto Fernández. Estas restricciones limitaron el acceso al mercado de cambios, impidiendo a los importadores adquirir divisas para pagar importaciones que ya concretaron.
En condiciones normales, la deuda comercial fluctúa entre USD 20.000 millones y USD 30.000 millones, manteniéndose estable a medida que los importadores acceden al mercado de cambios para saldar sus compromisos. Sin embargo, las trabas cambiarias del último tramo de Gobierno de Fernández llevaron a un incremento significativo de esta deuda, ya que las importaciones continuaron pero sin la posibilidad de acceder a divisas para su pago.
Ante esta situación, el BCRA, ahora bajo la dirección de Santiago Bausili, busca emitir los “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL). Estos bonos, que se suscribirán en pesos pero pagarán en dólares con intereses de hasta un 5% anual, tienen como objetivo postergar el acceso al mercado de cambios de los importadores y, de esta manera, aliviar la presión sobre el dólar.
El proceso incluirá la apertura de un registro por parte de la Secretaría de Comercio y la AFIP para cuantificar las deudas impagas, seguido de la administración del flujo de exportaciones en relación con el stock pendiente de pago. Finalmente, se emitirán los bonos para brindar certidumbre a los importadores.
Esta estrategia, sin embargo, ha generado críticas. Algunos expertos consideran que se trata de la estatización de una deuda privada y cuestionan la legitimidad de algunas de las importaciones. Además, se compara esta situación con la enfrentada en 2015, cuando el BCRA, dirigido por Federico Sturzenegger, optó por un enfoque diferente, creando un cronograma para la compra de divisas sin emitir deuda.
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