Barrios en riesgo: avanzan las construcciones en altura mientras se demora la discusión sobre el Código Urbanístico porteño

Desde 2019, el Código Urbanístico (CUR) de Buenos Aires modificó las posibilidades constructivas en pequeñas parcelas. Actualmente hay más de 50.000 viviendas en el proceso. Sin embargo, el crecimiento suscitó críticas vecinales. La Secretaría de Desarrollo Urbano, junto a constructores privados y representantes barriales, colabora en la formulación de un proyecto de reforma normativa. Este se espera que sea sometido a consideración legislativa en 2024.

Las transformaciones en casi 20 barrios generaron notables cambios en las dinámicas vecinales. Las modificaciones permitieron un mayor volumen constructivo en áreas de casas bajas, introduciendo el enrase (acción por la cual se modifican dos o más elementos para que queden dispuestos a la misma altura) y afectando la armonía urbana. Además, la posibilidad de avanzar hasta el 89% sobre el centro de la manzana influye en la identidad de cada barrio.

Con la asunción del nuevo Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (la próxima semana), la reforma del Código Urbanístico debe seguir su curso, cumpliendo con el plazo legal de cuatro años. La Secretaría de Desarrollo Urbano, bajo la dirección de Álvaro García Resta (ya fue confirmado para continuar al frente de este organismo), está inmersa en la recopilación de opiniones de vecinos, asociaciones, consejeros del plan urbano ambiental e instituciones, marcando el inicio de un proceso clave en la planificación urbana de Buenos Aires.

Tras años de esfuerzos, organizaciones vecinales lograron implementar cambios en el código en áreas específicas de la ciudad, incluyendo Bajo Belgrano, Altos de Núñez y el Barrio River. En la Legislatura, se estableció una mesa de diálogo que cuenta con la participación activa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, marcando un proceso colaborativo en la definición de las políticas urbanísticas.

Villa del Parque, Villa Ortúzar, Chacarita, Palermo, Colegiales y Coghlan, entre otros, son algunos de los barrios que afirman la necesidad de que se modifique el CUR, lo más pronto posible.

Qué reclaman los vecinos

Desde la agrupación “Palermo Resiste” exigen la suspensión de construcciones en zonas de casas bajas de este barrio que infringen derechos adquiridos, irrumpen en áreas consolidadas, afectan la circulación de aire y sol, descuidan la infraestructura y espacios verdes, y desconsideran la calidad de vida de los habitantes. La falta de planificación urbana con participación ciudadana es evidente.

Los vecinos argumentaron a Infobae lo siguiente: “Nos preocupa la demora y que no se implemente la suspensión de permisos que pedimos por 180 días. El barrio sufre demoliciones irreversibles y construcciones desmedidas. La preservación de pulmones de manzana y alturas medias y altas para avenidas es insuficiente. La falsa mixtura de usos afecta. Un polo gastronómico que termina siendo lo opuesto y afecta la identidad residencial, convirtiéndolo en un polo gastronómico que perturba la convivencia. La ocupación del espacio público por locales gastronómicos intensifica los problemas”.

A partir del relevamiento que realizaron los vecinos detectaron 180 nuevas edificaciones, más de 80 viviendas demolidas y 150 casas en venta y siguen en aumento.

De alguna forma demandan la suspensión de construcciones en Palermo que violan derechos y carecen de planificación ciudadana. La demora en tratar nuestro proyecto agrava situaciones irreversibles, mientras propuestas actuales llegan tarde. La mixtura de usos ha transformado el barrio en un polo gastronómico, afectando la calidad de vida y convivencia con ocupación del espacio público por locales (con gran presencia de decks sobre veredas públicas).

Se busca la suspensión de permisos para la construcción de edificios de más de 9 metros de altura y la demolición de construcciones de alto valor patrimonial mediante la presión constante a los propietarios. Además, se aboga por cesar la emisión de Certificados Urbanísticos y la aceptación de prórrogas para proyectos similares ya autorizados.

Villa del Parque también se suma a los barrios movilizados. Desde allí, informaron a Infobae que la meta es modificar el CUR en pos del bien colectivo sin detener la expansión edilicia. Expresan su rechazo al Distrito del Vino creado 2021 en Villa Devoto y critican la mala planificación que afecta el desarrollo de un barrio que busca mantener su tranquilidad (y se agregaría un polígono de Villa Del Parque a este distrito, y no están de acuerdo).

Se agrupan en el colectivo Conciencia Urbana Comuna 11 con el objetivo mencionado. Calles como Avenida Nazca, Arregui, Condarco, Nazarre, Tinogasta, entre otras, exhiben en la actualidad 350 casas en venta destinadas a demolición y más de 180 obras en construcción.

“Establecemos comunicación con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, aunque las expectativas son moderadas. A pesar de lograr una agenda sobre el tema, el retraso en el debate legislativo permite que los desarrolladores continúen obteniendo permisos, avanzando en la construcción”, afirmaron desde el colectivo de Villa del Parque.

También integran la Interbarrial Buenos Aires, que lidera una lucha integral. En septiembre, solicitaron la suspensión inmediata de permisos de demolición, obras nuevas (superiores a 9 metros) y proyectos que afecten pulmones de manzana, sin obtener resolución. Los desarrolladores, hábilmente, aprovechan la normativa actual, preparándose para construir bajo regulaciones rechazadas por la comunidad a largo plazo.

Escenario

La inactividad legislativa en un año electoral, tanto en la Legislatura como en el Congreso y Senado, afectaron la atención a estos problemas. Además, la configuración de la Legislatura presenta un desafío, ya que el oficialismo, con mayoría, y La Libertad Avanza, con 9 legisladores, tienen enfoques divergentes.

Uno de los barrios con una organización vecinal histórica es Coghlan. La Asociación Amigos Estación Coghlan se fundó en 1991 pero vienen trabajando desde 1967. Referentes de esta entidad afirman que la lucha por mantener Villa Roccatagliata les dio herramientas para entender lo que se venía con este nuevo CUR.

Entienden que el primer paso debe ser frenar la entrega de permisos de obra. Recientemente, los vecinos impulsaron un recurso de amparo contra una obra en Freire al 3000, entre Quesada e Iberá. Allí funcionó la mueblería Barthel y el predio ocupa casi un cuarto de manzana, con casi 45 metros de frente. Hay edificios de 1923, de estilo neocolonial, con protección estructural (son “inmuebles de carácter singular” y con “valores histórico, culturales y urbanos”, se le pueden hacer modificaciones interiores y tareas de mantenimiento, con autorización previa). También arboledas frondosas.

El proyecto anunciado por inversores privados prevé la construcción de un edificio de entre cuatro y cinco pisos, con 45 departamentos y la obra de no frenarse, avanzaría por completo sobre el pulmón de la manzana.

La legisladora Claudia Neira (Unión por la Patria) demandó una planificación armoniosa en la Ciudad, destacando el Distrito del Vino como ejemplo. Criticó la incentivación estatal de más actividad económica en barrios saturados, impulsando construcciones en altura y mixtura de usos según el nuevo código. En respuesta, los vecinos reclaman autenticidad: detener la saturación urbanística.

En 2024 se seguirá tratando en la legislatura la modificación del CUR, entre otras cuestiones. Desde Villa Santa Rita, el descontento de los residentes del barrio se originó en los años 80, cuando el terreno de la antigua fábrica de cigarrillos Particulares (ubicado en Beláustegui, Terrada, Condarco y Remedios de Escalada de San Martín) se destinó a la construcción de edificios en lugar de la solicitada plaza. Posteriormente, en 2010, los vecinos del Pasaje Granville fueron los primeros en pedir una plaza en el terreno de Álvarez Jonte al 3200, alzando sus voces contra la falta de espacios verdes.

“En este tramo de la ciudad, sorprendentemente, no existe ninguna plaza. Se solicitó la utilización de 4 terrenos inactivos durante años: Jonte 3200, San Blas y Emilio Lamarca, Concordia y Toay, y Nazca 1500. A pesar de que el proyecto aún no ha sido considerado en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, la presión vecinal y el esfuerzo barrial condujeron a la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo (3213-2022), que recientemente se convirtió en la Ley N° 6.627. Sin embargo, después de 4 meses, no se han evidenciado avances significativos”, señaló a Infobae Matías Lockhart, del Colectivo Una Plaza Para Villa Santa Rita.

Los vecinos hicieron varias acciones territoriales como bicicleteadas, jornadas para niños y recorridas por los lotes, hasta elaborar y presentar un proyecto de ley propio, pero esperan que en 2024 el sueño de una plaza propia de sus primeros pasos.