Tensión entre las empresas y el Gobierno por el control de los precios de los alimentos

Luego del round que mantuvo ayer con las grandes cadenas de supermercados y los mayoristas, el equipo de la Secretaría de Comercio continuará este miércoles con los proveedores, a quienes les hará el mismo pedido: no avanzar con las listas de precios previstas (que promediaban el 40%) y sólo aumentar entre 5% y 12%, de acuerdo al producto, a partir de hoy. A comienzos de diciembre, antes de la asunción del nuevo Presidente, podrían incrementar los precios otros 8 por ciento.

Según les adelantó a algunas empresas telefónicamente y/o por zoom el secretario Matías Tombolini, el objetivo es garantizar una transición ordenada, pero este reclamo generó molestia en el sector privado, que acumula atrasos de hasta 50% en el canal moderno y que esperaba el resultado de la elección para avanzar con los ajustes pendientes. La brecha de precios existente entre canales es cada vez mayor y ello genera enormes distorsiones, por lo que las empresas consideran imprescindible acomodar los valores en las grandes cadenas y así evitar conflictos con el canal tradicional, donde han ido perdiendo ventas en los últimos meses.

“El descalce en algunas categorías es del 100%, por ejemplo en bebidas sin alcohol. Tenemos una marca de agua que tiene rentabilidad negativa de dos dígitos”, dijeron en una de las empresas, al tiempo que agregaron que están analizando qué camino adoptar, ya que hay directivos de la compañía que quieren aumentar más de lo autorizado por el Gobierno.

Son varias las compañías que se encuentran en esta situación de disyuntiva; otras, en tanto, optaron por aceptar los lineamientos oficiales a sabiendas de que faltan apenas 20 días para la asunción de un gobierno que promueve el libre mercado y que, por ende, dará por terminado Precios Justos.

“Luego de la elección, las empresas mandaron aumentos entre 9 y 50%. Luego, algunas retrocedieron y otras los sostienen. Cualquier número que les dé Tombolini es absolutamente referencial; las empresas van a tomar otro tipo de decisiones. Hoy sienten que el programa está caído y los riesgos desde el punto de vista legal son inaplicables cuando quedan 15 días hábiles de por medio”, dijo una fuente del sector empresario con relación con muchas firmas de consumo masivo. La fuente agregó que “hoy las compañías están con una tranquilidad absoluta con respecto a su toma de decisiones, y hay firmas que están decididas a recuperar costos y que si el retail no les acepta las listas, no le van a vender por los próximos días”.

En este sentido, desde el Centro de Estudios en Derecho del Consumidor (Cecon) que dirige Fernando Blanco Muiño precisaron que tras un relevamiento realizado este martes en varios supermercados, se detectaron anulaciones de pedidos y suspensión de ventas; baja de cartelería de ofertas; y nuevas listas de precios que van desde 30% a 50% en aseo personal, 35% en bebidas no alcohólicas y entre 10% y 40% en alimentos.

No todas las compañías firmaron la adenda que las comprometía a respetar el acuerdo hasta fines de diciembre. Si bien cumplían con el sendero de ajuste del 5% mensual, no habían puesto por escrito su compromiso. Pero otras sí, a cambio de lograr, por ejemplo, dólares para pagar importaciones de bienes (Siras) y servicios (Sirase). En una de las firmas que sí firmaron el acuerdo, señalaron que acatarán el pedido oficial por recomendación del área de legales, ya que no sucedió ningún evento extraordinario, como hubiera sido una devaluación, que modifique en gran medida la estructura de costos.

La promesa de que les liberarán más importaciones (Siras) si se comprometen con los precios es uno de los anzuelos que las empresas suelen morder habitualmente, en cada renovación del programa. La necesidad imperiosa que tiene el sector privado de que se les autorice el ingreso de mercadería y también los pagos al exterior hará que muchas empresas, aún en este contexto de transición y de debilidad del oficialismo, acaten. Aunque ya se hayan quemado con leche varias veces.