
A raíz de la notificación de YPFB, la compañía estatal boliviana, de que no garantiza envíos de gas a la Argentina en 2024, la Secretaría de Energía argentina reconoció en una reciente resolución que la situación pone en “alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y de energía eléctrica a los usuarios del centro y norte” del país.
El 12 de julio pasado, Armin Dorgathen, presidente de YPFB, informó a la secretaria de Energía de la Argentina, Flavia Royón, y a Enarsa, la compañía estatal que administrará durante los próximos 35 años el recientemente inaugurado “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner” (GPNK), que no podía garantizar el envío de gas a la Argentina en 2024.
La propia Royón lo reconoció en uno de los considerando de la resolución 606, del martes pasado, en la que solicitó a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que gestione el financiamiento adicional necesario para las obras de “reversión” del Gasoducto del Norte Argentino, para no dejar sin gas –en especial durante los meses de invierno- a las provincias del centro y norte argentino.
La reversión consiste en que el gas por esos ductos fluya en sentido inverso al actual, alimentado ya no desde Bolivia, sino desde Vaca Muerta, la principal fuente de gas de la Argentina. Se trata de una obra de USD 700 millones, para la que la Argentina cuenta con un crédito de USD 540 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El resto, cerca de USD 160 millones, debería provenir del financiamiento que debería conseguir Cammesa siguiendo las instrucciones de Royón.

Uno de considerandos de la resolución de Energía dice expresamente: “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó y notificó formalmente a Enarsa que a partir del año 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de Gas Natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad”. Esa situación, prosigue, “posiciona en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta que las principales centrales termoeléctrica radicadas en dicha región dependen del gas importado desde el Estado Plurinacional de Bolivia para poder generar y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”.
En Bolivia, la situación fue destacada en la edición dominical del diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, que cita a Dorgathen, el titular de YPFB, diciendo que se alegra que la Argentina consiga financiamiento para revertir el gasoducto “porque el gas boliviano lo vamos a seguir vendiendo al mercado brasileño premium, que ya lo hemos tenido el año pasado”. Según el diario boliviano, Dorgathen señaló: “mientras antes se haga la reversión, será mejor para Bolivia”.

El diario boliviano cita también a Víctor Bronstein, uno de los directores de Enarsa, según quien las centrales termoeléctricas ubicadas en Tucumán y Salta funcionan solamente a gas natural y aportan 3.500 megavatios (MW), que representan el 10% de la capacidad de potencia del sistema eléctrico de la Argentina. De ahí el riesgo de que la notificación de Bolivia de que no garantiza envío de gas se traduzca no solo en riesgo de abastecimiento de calefacción, sino también de electricidad.
Triste realidad
El Deber cita también a Gabriel Gaite, economista y analista en temas hidrocarburíferos boliviano, quien cita que el recorte, eventualmente a cero, de la provisión de gas a la Argentina “es la triste realidad del sector en el país, por la disminución de la producción de gas natural”.

Luego de la reunión que tuvo con Dorgathen, el 12 de julio pasado, Royón prefirió señalar, a través de un posteo en la red Twitter, que también había tenido con el presidente de YPFB “un intercambio sobre la posibilidad de exportar gas a Brasil utilizando la infraestructura de transporte existente en Bolivia”. Esto se debe a que para que el gas de Vaca Muerta llegue hasta Brasil, la Argentina debe antes completar el segundo tramo del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, prolongándolo desde Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en Santa Fe, para luego empalmarlo con redes existentes, de modo que el gas de Vaca Muerta llegue hasta Brasil.
Mientras falte esa obra, y a condición de producir suficiente gas, la Argentina podría venderle a Brasil a través de la “reversión” del Gasoducto del Norte (para la que aún faltan USD 160 millones de financiamiento) y el uso de la infrastructura de gasoductos de Bolivia. Pero en el país trasandino ya surgió oposición a esa posibilidad. El Deber cita el desacuerdo de Jaime Paz Zamora. “Yo creo que será una especie de prostitución si se hace eso con el gasoducto, entregando uno de los bienes que hemos hecho en la historia al primero que nos dice algo y ante la primera crisis que se viene nos estamos rindiendo”, dijo el expresidente boliviano.
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