El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) confirmó que la empresa Edesur deberá pagar $126 millones en resarcimientos a usuarios por los cortes de febrero pasado. La distribuidora eléctrica deberá resarcir económicamente a 60.150 usuarios que entre el 6 y el 16 de febrero estuvieron afectados por cortes de suministro con una duración mínima de 10 horas
Este monto es la segunda multa de un conjunto de sanciones que el ente aplicó a Edesur ante la sucesión de “afectaciones extraordinarias” registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Hasta el momento, las sanciones totalizan más de $259 millones en resarcimientos a 137.322 usuarios.
Esta nueva sanción representa la suma de las bonificaciones que Edesur deberá acreditar de manera automática en las próximas facturas de los usuarios que, en el período comprendido entre el 6 y el 16 de febrero, padecieron interrupciones del suministro eléctrico de un mínimo de 10 horas en forma continua.
Según se estableció, en cada liquidación del servicio eléctrico deberán figurar, en forma desagregada, la mención expresa de la Resolución y el crédito determinado. En el caso de que el crédito excediera el importe a pagar, el saldo remanente que deberá ser computado en la boleta siguiente, destacaron desde el Enre.
La primera sanción a la distribuidora Edesur por los cortes de suministro prolongados del verano pasado fue determinada en abril de este año. En ese caso, se determinó que la empresa abone un total de $132 millones en resarcimientos distribuido entre usuarios que estuvieron afectados por cortes con una duración superior a 10 horas entre el 5 y el 12 de diciembre de 2022.
La distribuidora tiene que acreditar el monto del resarcimiento correspondiente en cada factura sin necesidad de trámite alguno por parte de cada usuario afectado. El total recibido se determina en función de la cantidad de cortes sufridos en ese período.
Empresa en venta
La semana pasada, Walter Martello, el interventor del Enre consideró que el Estado debe comprar parte de las acciones de la distribuidora Edesur, que puso en venta su accionista mayoritario, el grupo italiano Enel. “La presencia del Estado y la participación estatal, para mí, sería lo más prudente en este proceso”, dijo Martello a la radio AM530, quien advirtió que se trataba de su “opinión personal” y no de una decisión ya tomada por el Gobierno.
“En Enel han dejado la puerta abierta al poner a la venta a través del Banco Santander la mayoría de las acciones. En Brasil funciona, así el Estado se reservó el 45% de las acciones, en Francia es estatal, en Uruguay una parte lo es”, detalló.
”Si no, lo que ocurre es que por más que se tenga un ente regulador fortalecido y que en poco tiempo podamos quitarle todo ese manto noventista, si no hay alguien del Estado sentado en el Directorio, no te estás enterando de lo que pasa, o de hecho te enterás después, cuando auditás”, aseguró.
También comparó el servicio de la empresa Edesur con el servicio de la empresa Edenor, la otra distribuidora que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): “En cantidad de reclamos la relación es prácticamente 5 a uno″. Martello anticipó que la auditoría técnica que se realizó sobre la empresa estará terminada a fin de este mes.
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