La calificadora de riesgo Moody’s Investor Service sostuvo que en la Argentina la incertidumbre macroeconómica y los constantes cambios de política dificultan el entorno operativo de las empresas que trabajan en el país. En un reporte sobre el aumento de los riesgos políticos y sociales en la región, la empresa sostuvo que la gestión de Gobierno tiene una de las puntuaciones de riesgo más negativas de Latinoamérica.
“Argentina tiene una larga historia de marcos de política fiscal y monetaria impredecibles e insostenibles que han dado lugar repetidamente a desequilibrios macroeconómicos, dejando a la economía propensa a las recesiones. La inflación persistentemente alta del país, combinada con la creciente tensión sobre el peso, ha reducido significativamente la estabilidad macroeconómica, afectando al soberano, los bancos y las empresas”, sostuvo el análisis privado.
“En consecuencia, los resultados económicos, la volatilidad financiera y los cambios de política son los principales canales de transmisión de los riesgos políticos en Argentina. Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos con una puntuación de gobernanza del riesgo muy negativa para el soberano”, agregó.
El análisis de Moody’s se detiene a sopesar, país por país, cómo los riesgos sociales o políticos (governance) afectan el riesgo operativo del Tesoro nacional como emisor de deuda y de las empresas para la conducción de sus negocios. Al posar la lupa sobre la Argentina el análisis encuentra que el riesgo político o de Gobierno es particularmente nocivo para la deuda soberana y para el sector financiero.
“El frecuente ruido político derivado de las luchas internas y la escasa coordinación de la política económica entre los poderes del Estado dificultan la confianza de las empresas. Este ruido distrae a los responsables políticos de la adopción de políticas que faciliten la inversión y frenen el exceso de regulación, imponiendo costos fiscales y económicos innecesarios. El difícil entorno macroeconómico exterior agrava estos problemas, provocando una inflación muy elevada y bajos niveles de reservas, lo que aumenta el riesgo de devaluaciones que pueden elevar aún más la inflación”, sostuvo el informe.
“El ruido relacionado con las elecciones presidenciales de octubre aumentará la incertidumbre política en 2023. En este entorno, las empresas se enfrentan a distorsiones fiscales y subvenciones, aranceles elevados, una apertura comercial limitada y, en consecuencia, mercados de bienes débiles. Los constantes cambios en las políticas públicas dificultan a las empresas y a los bancos predecir incluso los escenarios a corto plazo, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas y de gestión del riesgo”, agregó.
En ese contexto, el sector financiero opera con una estrategia puramente defensiva que limita mucho su capacidad de maniobra.
“Estos factores limitan el apetito de riesgo de los bancos y sus volúmenes de negocio, afectando a los fundamentos financieros del sistema y limitando la rentabilidad. Las grandes tenencias de deuda pública y del banco central por parte de los bancos también exponen la calidad de sus activos al riesgo de crédito del soberano, limitando la accesibilidad a la financiación, en particular de los mercados internacionales de capitales, y limitando en última instancia la capitalización. Sin embargo, a pesar de las tensiones derivadas de la inflación y la regulación de los tipos de interés, los bancos tienen unos fundamentos relativamente sólidos”, dijo Moody’s.
El riesgo social, por otro lado, se traduce más que nada en impactos negativos para las empresas de servicios públicos y las inversiones en infraestructura en general debido al mantenimiento de subsidios, trabas a las tarifas y otras regulaciones.
“Los riesgos sociales son mayores para las entidades de infraestructuras y financiación de proyectos. En este sector, las entidades puntuadas con riesgos muy negativos son empresas de servicios públicos reguladas cuyas tarifas han estado congeladas durante mucho tiempo, sin recuperación material de costos, y sujetas a un alto grado de intervención gubernamental. Otras entidades con puntuaciones de alto riesgo social son las empresas eléctricas no reguladas, que tienen puntuaciones muy negativas”, concluyó el reporte.
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