
El dato fiscal de enero tomó por sorpresa al mercado y analistas privados que proyectaban hasta hace pocos días un saldo positivo para el primer trimestre del año, un período habitualmente sencillo para las cuentas públicas. Sin embargo, el ministerio de Economía informó un rojo que superó los $203.000 millones, producto de la combinación de menores ingresos y aceleración del gasto público. La caída de 11% en las exportaciones, consecuencia mayormente de la fuerte sequía que debilitó las ventas externas del sector agropecuario, tuvo su correlato en un menor ingreso por retenciones. Por el lado del gasto, Economía adjudicó la suba a la aceleración de ejecución de la obra pública, aunque también otros rubros, como los subsidios energéticos, contribuyeron a que el salto del déficit alcanzara 1000% respecto de enero del año pasado.
Con las cifras difundidas ayer, el Gobierno se enfrenta a la posibilidad de un incumplimiento de la meta fiscal establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario. Para cumplirla, sin mediar una flexibilización del objetivo por parte del organismo, el equipo económico debería aplicar rigor en el nivel de gasto de este mes y el próximo, al punto de reducirlo en 5% en términos reales respecto del año pasado. El cálculo pertenece al director de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, quien proyectó un nivel de ingresos relativamente estable, sin mayor deterioro pero tampoco sin ningún anabólico como la eventual aplicación de un “dólar soja 3″, que tonificaría los recursos por la vía de los derechos de exportación.
Semejante nivel de reducción, que implicaría entre febrero y marzo un desequilibrio acumulado prácticamente igual al que se registró sólo el mes pasado, resulta compleja de gestionar. Sin embargo, algunos análisis advierten que, probablemente, el déficit fiscal de enero haya sido abultado por demás. “El primer mes del año se caracteriza por ser un mes que estacionalmente refleja un déficit muy bajo o inclusive superávit. Es probable que el resultado arrastre algún efecto contable de pagos no ejecutados en 2022 para poder mostrar un mejor cumplimiento de la meta con el FMI”, sostuvieron desde Aurum Valores. “Para cumplir la meta trimestral, el déficit de febrero-marzo debería ser de $237.652 millones contra un déficit de $364.775 millones en 2022″, detallaron.

En ese sentido, la base de comparación del primer trimestre del año pasado es una complicación adicional, ya que en definitiva se trata de aplicar una reducción sobre un nivel ya relativamente bajo. “En febrero del año pasado no había impactado aún el alza de los precios internacionales de la energía y en marzo, sólo una parte. Además, fue un período en que no se autorizaron los pagos a Energía y no pagaron un par de buques, cuando el plan fue sentarse en la caja”, acotó Caamaño.
Ese argumento, seguramente, no será de mayor utilidad para el equipo económico en la negociación con el FMI para lograr una flexibilización de las metas y/o la aprobación de un waiver (perdón) por el incumplimiento, después de todo, fue el propio Fondo el que aprobó los resultados del año pasado.
En cambio, por estas horas, tanto en Washington como en India, donde se encuentra el ministro de Economía, Sergio Massa, participando de la reunión del G-20, el planteo del enorme impacto de la sequía puede encontrar mayor eco. El ministro ya estuvo reunido con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh, país que lleva la voz cantante en el directorio del FMI, y hará lo propio el sábado con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, con quien compartió en las últimas horas una cena en el marco de la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales.
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