
A pocas horas de conocerse el dato de inflación de enero –que según consultoras y fuentes privadas podría ubicarse entre 5,8% y 6,1%–, el Gobierno continúa reforzando el monitoreo y los controles de los acuerdos de precios vigentes que abarcan una canasta con 2.000 productos con precios fijos y luego una pauta de aumentos de 3,2% mensual para cerca de 50.000 productos de distintos rubros.
Cuando se lanzó el programa Precios Justos, la inflación de noviembre de 2022 acompañó las expectativas oficiales con un descenso del 6,3% mensual al 4,9%, pero desde entonces siguió un camino ascendente: 5,1% en diciembre y cercaba al 6% para enero, según los pronósticos.
Los datos que circulan en las oficinas de la secretaría de Comercio muestran que hasta el momento el acuerdo con las empresas y los supermercados se cumple. Sin embargo, la inflación general sigue su camino ascendente. La explicación es que la inflación es un promedio donde también impactan servicios, productos frescos –sin acuerdos– y todos los artículos que se comercializan fuera de las grandes cadenas. Aunque ya hubo algunos intentos fallidos con las canastas de frutas y verduras, fuentes oficiales reconocen que por su forma de venta los productos frescos no permiten negociaciones y controles como en el caso de las empresas de consumo masivo.
La pauta de aumento del acuerdo de precios fue de 4% mensual desde noviembre pasado hasta fines de enero. Según los números que maneja la Secretaría, el aumento en los productos de consumo masivo dentro del acuerdo fue de 12,7% para una canasta de 2.000 productos que se venden en supermercados –los más representativos– y de 13,4% para alimentos y bebidas sin alcohol. Los números, en realidad, se alejaron muy poco del 12,6% de lo que deberían haber aumentado en ese mismo período con un cumplimiento total del acuerdo.
La proyección es que para febrero, la inflación mensual de la canasta de supermercado sea de 3,8% y para alimentos y bebidas sin alcohol de 3,9% (tomando la pauta de 3,2% respecto a los precios promedio de enero). Hubo ciertos producto que tuvieron una pauta de aumento mayor (de hasta 9% porque venían congelados de noviembre). Pero si se toma la variación acumulada a febrero, son subas de 4,5% para la canasta de supermercados y de 4,7% para alimentos y bebidas.
Uno de los puntos flojos de los acuerdos de precios es su extensión. No está acordado para los pequeños comercios, que se abastecen en los mayoristas, y tampoco para los productos frescos, como frutas y verduras. Ahora, con el nuevo acuerdo de precios de la carne, hay expectativas oficiales de lograr una baja importante en el precio, siempre y cuando se cumpla.
Argumentan que esta nueva versión abarca muchos más comercios y más frigoríficos (unos 70 aproximadamente) y que la cantidad de toneladas disponibles en los cortes incluidos tiene un peso mayor en el total consumido que en los acuerdos anteriores. Hoy se ubica en 182.000 toneladas mensuales y los siete cortes incluidos suman 60.000 toneladas.

También hay más foco en los controles. En una reunión que mantuvieron esta semana con empresas y grandes cadenas de supermercados, desde la Secretaría de Comercio pidieron aumentar la cantidad de productos que diariamente cada compañía informa al sistema de monitoreo de precios, especialmente en el caso de los supermercados mayoristas, donde se centran los reclamos de los pequeños comercios, que luego no acceden a los precios acordados.
Por el lado de la fiscalización, una Resolución de la AFIP publicada esta semana en el Boletín Oficial –Resolución 5329/2023– busca detectar a los distribuidores que venden a los comercios más chicos, pero en negro, y que tienen precios por encima del mercado.

Luego del anuncio de la renovación del programa de precios, la Secretaría de Comercio continuó negociando con las empresas y firmando nuevos acuerdos o adendas a los ya firmados. La lista de Precios Fijos se conoció una semana después de la presentación oficial en el CCK y ahora desde la Secretaría aseguran que todas las compañías ya rubricaron la pauta de aumentos mensuales de 3,2% hasta el 30 de junio.
En un contexto de alta inflación y suba de costos, las compañías se plantean cuáles son las posibilidades reales de cumplir con la pauta en un plazo que consideran muy extenso. Los funcionarios de la Secretaría tienen una carpeta de cada empresa con la que negociaron donde cuentan con información de su cumplimento del acuerdo, su estructura de costos, el grado de concentración del mercado y también los montos aprobados para la importación de insumos. Con esos datos, explican, las negociaciones son transparentes y nadie puede decir que es “incumplible”.
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