Más de la mitad de las embarcaciones deportivas de Buenos Aires incumple con el pago de impuestos

Del total de 54.000 embarcaciones deportivas ubicadas en el territorio bonaerenses, más de la mitad -el 54%- presenta incumplimientos en el pago de impuestos y otras irregularidades, de acuerdo con un informe difundido por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Equipos de fiscalización de ARBA, junto con sus pares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), realizaron esta semana un operativo en un exclusivo parque náutico del municipio de San Fernando para detectar embarcaciones deportivas pertenecientes a contribuyentes que evaden el pago de impuestos.

El director de ARBA, Cristian Girard, explicó que estas acciones forman parte de un abordaje integral y coordinado que el organismo está llevando a cabo con AFIP para intensificar las fiscalizaciones conjuntas y reducir la evasión tributaria en sectores de alta capacidad contributiva, que muestran un elevado índice de incumplimiento.

”En la provincia de Buenos Aires hay 54.000 embarcaciones deportivas y el 54% de ellas registra algún tipo de incumplimiento, ya sea por deudas impositivas u otras irregularidades. A eso hay que sumarle otro universo con las que directamente no están registradas, porque sus propietarios no las dieron de alta. Ahí está la mayor evasión”, puntualizó Girard.

Según explicaron en un comunicado, la tarea conjunta de los organismos de recaudación sobre amarres y guarderías náuticas se basó en cruces de información, que se realizan previamente, y el análisis de las declaraciones juradas informativas que deben presentar los embarcaderos.

Con esos datos, los equipos de fiscalización obtienen indicios de los lugares donde existen yates de gran porte y otras embarcaciones deportivas no inscriptas o con deudas importantes, y a partir de esa información se planifican los controles presenciales y las acciones para intimar a quienes se encuentran en situación irregular.

En el caso del parque náutico de San Fernando, ARBA identificó casi 600 embarcaciones con deuda y otras 65 no registradas, y efectuó las intimaciones pertinentes para que los dueños regularicen la situación. Quienes estaban en situación de morosidad adeudaban un total de $40 millones en concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

“Se trata de bienes de lujo, a tal punto que nueve de las embarcaciones sin declarar que encontramos en San Fernando tienen un valor de mercado en torno al millón de dólares, y están evadiendo completamente el tributo provincial y también Bienes Personales a nivel nacional”, remarcó el titular de ARBA.

Además, según difundió el organismo, otras siete embarcaciones, de similares características, si bien habían sido declaradas, registraban deudas de más de $500.000, y en algún caso de más de $1 millón, por el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

”Es una doble injusticia. Ya es injusto que haya personas que se esfuerzan por pagar todos sus impuestos, mientras hay otras que no. Pero encima, en el caso de estos dueños de embarcaciones de lujo, el incumplimiento lastima el doble, porque tienen la capacidad económica para estar al día”, sostuvo el titular de ARBA.

”Por eso, al profundizar este tipo de fiscalizaciones buscamos recuperar recursos entre quienes más tienen, para poder destinarlos después a la construcción de mejores rutas, más jardines de infantes, escuelas, salud, seguridad e infraestructura; en definitiva, a seguir ampliando derechos. Todo eso nuestra provincia lo financia con recursos genuinos, no con endeudamiento externo. Y a esos recursos ARBA los va a buscar entre las personas que mayor capacidad económica poseen”, subrayó.

Las acciones conjuntas de ARBA y AFIP sobre el sector náutico, y otros segmentos de altos ingresos, van a continuar durante todo el verano, en particular en la zona norte bonaerense y ciertos municipios de la costa atlántica, anticiparon desde el organismo.

Además de los controles sobre las embarcaciones, la fiscalización incluye a los consorcios que administran las guarderías, con el objetivo de detectar inconsistencias tributarias y verificar si cumplen con su obligación de actuar como agentes de información del fisco.

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