El 2022 comienza a acercarse a su fin y con él el primer año calendario de vigencia de las nuevas metas del programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, que tendrá en el ocaso del año una última discusión de directorio y desembolso de divisas que fortalecerán las arcas del Banco Central cerca de las Fiestas.
La última tanda de discusión técnica entre el Gobierno y el organismo, además de las revisiones trimestrales de septiembre y diciembre, versaron sobre algo mucho menos previsible: cómo será la economía argentina de los primeros meses del nuevo año.
En ese sentido, en la mesa de discusión en Washington entre las dos contrapartes técnicas incluyó, según pudo reconstruir Infobae con fuentes relacionadas con la última parte de la negociación entre el FMI y el Gobierno, la incertidumbre del organismo sobre qué efecto podría tener la sequía en la acumulación de reservas; cuánto tiempo sostendría el Banco Central su política de tasas de interés positivas frente a la inflación; la intervención en el mercado secundario de bonos para sostener los precios de los títulos públicos; la capacidad de financiamiento que tiene el sector público y el costo de la invasión de Rusia a Ucrania para la economía argentina; y qué consecuencias podría tener para el programa vigente.
El equipo económico espera que el directorio del organismo sesione luego del 20 de diciembre para aprobar la revisión de metas del tercer trimestre. Una vez que tenga lugar ese último paso, que implica que la junta de los máximos directivos del Fondo Monetario den el visto bueno al informe que se encuentra en elaboración en estos días por parte del staff técnico y que reconocerá el cumplimiento de los objetivos centrales de política económica hacia el tercer trimestre y un anticipo de las metas de fin de año, el Gobierno será acreedor de un último giro en el año de 4.500 millones de DEG, lo que equivale a unos USD 6.000 millones.
El último desembolso del año que el Gobierno recibirá cerca de Navidad dejará como saldo del 2022 un monto de giros netos, es decir, sin contar los pagos de capital e intereses que tuvo hacer el Poder Ejecutivo a Washington con ese aporte, de unos USD 4.800 millones, de acuerdo a estimaciones privadas.
La misión técnica de funcionarios argentinos que estuvo en la capital de EEUU fue con el mandato de finalizar la tercera revisión trimestral desde la firma del programa financiero en marzo último y anticipar cómo evolucionan las principales variables que mira el Fondo de cara al cierre de 2022. Hubo espacio, también, para hablar sobre los objetivos del último año de presidencia de Alberto Fernández.
Cómo sigue el acuerdo
La última oleada de reuniones técnicas en la capital norteamericana, a principio de mes, terminaron de cerrar el trámite de la evaluación del tercer trimestre -es decir, el que habilitará el último desembolso del año- y en anticipar los números posibles para la conclusión de 2022, cuyos números se examinarán en detalle bien entrado el próximo año.
De todas formas, hay discusiones que atraviesan transversalmente la hoja de ruta de metas y objetivos de déficit primario, de acumulación de reservas y de emisión monetaria para asistir al Tesoro que despertaron preocupación central en el Fondo Monetario. El más urgente, para los técnicos del organismo tiene que ver con la sequía.
“Quieren saber cuánto va a afectar la acumulación de reservas”, explicó a Infobae un funcionario que estuvo involucrado en el diálogo reciente con el FMI. Es, en todo caso, un número que en el Gobierno todavía eligen no arriesgar. La primera parte del año no es tan exigente a la hora de plantear la acumulación de reservas ya que el Poder Ejecutivo debería acopiar unos USD 500 millones. El peligro que corre la cosecha fina con la sequía pone un manto de duda sobre cuál será la dinámica que tendrán las reservas en la primera parte del nuevo año.
En el listado de preocupaciones que manifestó el staff del Fondo Monetario también hay algunos que están más al alcance y control del equipo económico: si mantendrá el nivel de tasas de interés, salto cambiario del regulado mayorista y su intervención en el mercado secundario de bonos.
Sobre el primer aspecto, mencionó una fuente oficial que el FMI acepta el rendimiento de las inversiones en pesos que estableció el Banco Central y pidió sostenerlo, algo que el Gobierno dejó saber que hará en los próximos meses más allá de los índices de inflación, hasta tanto la tendencia de desaceleración sea más extendida.
Nunca falta
Un tema que aparece, casi por su manual, en la mesa de discusiones con el Fondo Monetario tiene que ver con el nivel de gasto público y déficit fiscal primario. Más allá de que el programa vigente tiene su hoja de ruta fiscal marcada, siempre es un recurso a mano en las discusiones con los técnicos. “Es una idea muy común, que si hay alguna falta de financiamiento, bajemos el gasto público más rápido”, asegura un negociador, más allá de que el Gobierno se ciñe al sendero de recorte del rojo fiscal ya acordado (1,9% del PBI en 2023), sin posibilidad de acelerarlo.
El Fondo Monetario también suele preguntar por la intervención del Banco Central en el mercado secundario de bonos, algo a lo que la autoridad monetaria tuvo que acudir desde mitad de año para sostener el precio de los bonos del Tesoro ante una crisis en junio y que, con un ritmo menor, se sostuvo a lo largo de esta segunda mitad del año. “Actualmente tenemos una intervención que equivale a entre 3% o 4% del total operado”, reconoció una fuente del equipo económico, pero que a pesar de que parece una proporción menor, si el BCRA desapareciera de ese mercado la situación sería más complicada para los títulos públicos.
Un planteo que cruzó desde la delegación argentina hasta el staff del Fondo tiene que ver con el costo de la invasión rusa a Ucrania que tuvo en la economía argentina, una discusión que inició Sergio Massa ante la directora gerente Kristalina Georgieva en su último encuentro en Indonesia. El Ministerio de Economía estima que el conflicto bélico tuvo un costo en reservas y fiscal equivalente a USD 5.200 millones.
La expectativa que circula en algunos despachos oficiales, aunque es una discusión muy preliminar, tiene que ver con qué consecuencias podría tener esa estimación en el desarrollo del programa financiero.
Un alto funcionario planteaba en los últimos días, con expectativa: “Puede servir para aflojar las metas hasta quizás conseguir algo más de financiamiento neto”, arriesgó. No deja de ser, admite, un debate recién abierto y que tendrá resolución cuando el calendario ya marque el 2023.
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