Acuerdo con el FMI: el revalúo inmobiliario y el plan para salir de los controles cambiarios se postergan para el 2023

Dos objetivos “estructurales” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasaron para el año próximo, de acuerdo a la hoja de ruta acordada entre el organismo y el Gobierno nacional. Se trata de dos elementos que componen la veintena de medidas de política económica incluidas en el Extended Fund Facility (EFF) más allá de las metas de déficit, reservas y emisión monetaria: son el revalúo inmobiliario y el plan para desarmar el cepo cambiario.

El informe elaborado por el staff técnico del organismo y publicado el viernes pasado tras la aprobación del directorio modificó algunos números puntuales del programa, entre ellos la meta de acumulación de reservas en el Banco Central para este año, que pasó de USD 5.800 millones hasta los USD 5.000 millones y el techo de financiamiento del déficit por parte del BCRA se redujo a 0,8% del PBI en lugar de 1%, mientras que otras cifras clave que cambiaron -en términos nominales- por la mayor inflación. Así, el tope de déficit primario a fines de diciembre pasó de 1,8 billones a superar por poco los 2 billones y el techo para la deuda flotante se elevó desde $612.000 millones a $654.000 millones.

Más allá de esa trama de objetivos mensurables, el acuerdo entre el FMI y la Argentina incluye el compromiso de la Casa Rosada de poner en marcha una serie de medidas económicas, tributarias y legales, que incluyen análisis sobre reformas en el sistema jubilatorio, una actualización del marco normativo para prevenir el lavado de activos o un estudio en profundidad sobre cómo continuar el camino de reducción de subsidios energéticos, con fechas precisas propuestas para su concreción. Algunas de esas metas ya fueron alcanzadas, mientras que otras sufrieron demoras.

Entre ellas están dos que aparecen entre las más relevantes. Una de ellas es el recálculo de la base impositiva que el Estado puede recaudar por la vía del valor de los inmuebles. Existía una intención preliminar en la primera versión del acuerdo para avanzar en una propuesta de revalúo fiscal, como muy tarde, para fines de septiembre. Pero esa iniciativa todavía no tomó forma definitiva y en la segunda revisión el Gobierno y el FMI decidieron patear hacia marzo de 2023 el momento de presentación de esa medida.

El staff report publicado el viernes pasado, además, da alguna pista de cómo comenzaría ese proceso. “Se están realizando esfuerzos para revisar los costosos incentivos fiscales corporativos; y (para) fortalecer la recaudación de impuestos sobre la propiedad, incluso mediante la realización de trabajos preparatorios para mejorar los impuestos sobre el patrimonio personal (bienes personales), también mediante la mejora de la base de datos de la administración tributaria al conectar los catadores provinciales y los registros de impuestos sobre la propiedad con los números de identificación de los contribuyentes federales, inicialmente para el Gran Área Metropolitana de Buenos Aires. Se considerarán condicionalidades adicionales en estas áreas en el contexto de futuras revisiones”, asegura el informe.

En la primera versión del programa con el FMI, el equipo económico -todavía en manos de Martín Guzmán- había proyectado cuántos ingresos extra supondría para el fisco y cuántos contribuyentes estarían alcanzados si se concretara una medida de esta naturaleza. “Los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PBI en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PIB adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, había estimado el Poder Ejecutivo.

Otro objetivo estructural incluido en el acuerdo y que tenía como fecha preliminar a lo largo de 2022 es la elaboración de una hoja de ruta para que la economía migre desde los actuales controles cambiarios hacia un esquema de límites “macroprudenciales” para la entrada y salida de divisas, en consulta con los técnicos del Fondo Monetario. Esa iniciativa se plantea, ahora, para junio próximo.

“Se debe buscar un relajamiento gradual de las restricciones cambiarias a medida que las condiciones lo permitan y se fortalezca la cobertura de reservas. Con este fin, se ha establecido un grupo de trabajo para desarrollar una hoja de ruta para un relajamiento de las medidas de control de cambios basado en condiciones”, apuntó el FMI en su informe técnico elaborado por el staff.

La cuestión de la dureza en los controles cambiario atraviesa la evaluación que hizo el equipo del Fondo Monetario sobre el estado actual de la economía argentina, y remarcó en distintas ocasiones lo nocivo que puede ser un endurecimiento de esas medidas. “La situación sigue siendo frágil y los riesgos del programa siguen siendo muy elevados. En particular, en relación con la aprobación del programa en marzo, los niveles de reservas internacionales son más precarios, la inflación ha aumentado a niveles preocupantemente altos, el mercado de deuda nacional ahora depende parcialmente del apoyo del banco central, y la economía está sujeta a una gama cada vez mayor de controles de cambios, lo que se suma a las distorsiones”, manifestó el staff.

“Las recientes intervenciones en el mercado y los controles de divisas, que se adoptaron para detener las condiciones desordenadas del mercado, deberán revertirse a medida que las condiciones lo permitan y se materialice el beneficio de políticas macroeconómicas más estrictas”, insistió el FMI, más adelante en el reporte.

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