El Gobierno deberá gastar $700.000 millones menos en el segundo semestre para cumplir con la meta con el FMI

En el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de este año, el gobierno nacional se comprometió a alcanzar un resultado primario del - 2,5% del PIB en el 2022, lo cual implica un esfuerzo fiscal de 0,5 puntos del PIB respecto al cierre de 2021. En ese sentido, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) planteó cuál sería la reducción necesaria del gasto primario en el segundo semestre para llegar a la meta anual establecida.

De acuerdo al estudio, dicha meta se podría alcanzar mediante un incremento en los ingresos o una reducción de los gastos. En tanto, dado que ya transcurrió medio año, se destacó que el esfuerzo a realizar en el segundo semestre depende del resultado del primer semestre y para eso planteó tres escenarios posibles: en el optimista bastaría una reducción de 0,2% del PIB del gasto primario para cumplir con la meta, en un escenario intermedio los gastos deberían reducirse en un 0,5% del PIB y en uno pesimista se requiere que el gasto caiga en una cuantía mayor, en el orden del 0,8% del PIB.

En primer lugar, IARAF consideró un escenario optimista de ingresos en el cual los ingresos crecen por encima de la actividad, de modo que en el año se cuenta con recursos extras por 0,3% del PIB respecto al 2021. En un escenario intermedio, se supone que los ingresos como porcentaje del PIB se mantienen constantes, por lo que no se cuenta con recursos extra en el 2022. Y por último, se proyectó un escenario pesimista en el cual los recursos crecen por debajo de la actividad, provocando una caída de 0,3% del PIB.

Y dado que en los primeros seis meses del año los ingresos totales del sector público nacional no financiero cayeron en el equivalente a 0,08% del PIB, a partir de cada uno de los escenarios mencionados, se desprende cual debería ser el recorte del gasto primario en el 2022 en cada caso, para lograr el esfuerzo fiscal de 0,5% del PIB que requiere el acuerdo con el Fondo.

Es así que, según IARAF, en el escenario optimista bastaría una reducción de 0,2% del PIB del gasto primario para cumplir con la meta, ya que los 0,3% del PIB restantes se obtendrían vía incremento de los recursos.

Asimismo, en un escenario menos optimista, como lo es el intermedio, todo el esfuerzo recae sobre los gastos, de modo que estos deberían reducirse en un 0,5% del PIB.

Finalmente, en el escenario pesimista, en el que se supone una caída en los ingresos, para alcanzar un déficit primario del 2,5% del PIB en el año, se requiere que el gasto caiga en una cuantía mayor, del orden del 0,8% del PIB.

De acuerdo al IARAF, la inversión real directa y las transferencias no automáticas a provincias -tanto corrientes como de capital- son partidas que habitualmente se reducen en Argentina en situaciones de estrechez fiscal. Dado esto, el instituto analizó cuál sería la reducción en cada una de estas partidas de gasto en caso que se decidiera avanzar con una reducción proporcional para cumplir con el esfuerzo fiscal acordado.

En el escenario optimista de ingresos, la caída del gasto del 0,64% del PIB durante el segundo semestre se lograría con una reducción de 0,28% del PIB ($219.000 millones) en la obra pública, del 0,23% del PIB ($182.000 millones) en transferencias corrientes a provincias y del 0,13% del PIB ($98.000 millones) en las transferencias de capital a provincias. La suma en pesos de la reducción es del orden de $500.000 millones.

En el escenario intermedio de ingresos, se requeriría una caída mayor en las tres partidas: del 0,41% del PIB ($321.000 millones) en la Inversión real directa, del 0,34% del PIB ($267.000 millones) en las transferencias corrientes a provincias y del 0,19% del PIB ($190.000 millones) en las transferencias de capital. La suma total de la reducción sería en este escenario de $732.000 millones, aproximadamente.

Y por último, en el escenario pesimista de ingresos, la reducción necesaria de gasto sería de 0,55% del PIB ($424.000 millones) en inversión real directa, de 0,45% del PIB ($351.000 millones) en transferencias corrientes a provincias y de 0,24% del PIB ($190.000 millones) en transferencias de capital a provincias. La suma de la reducción en este escenario es de $964.000 millones, aproximadamente.

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