Falta de dólares: el Gobierno promete flexibilizar restricciones para evitar el desabastecimiento en las góndolas

Las restricciones al acceso a los dólares oficiales para importar siguen generando en la industria un escenario preocupante de cara a los próximos meses, ya que los cupos autorizados por el BCRA se están agotando y el financiamiento bancario no sólo resulta altamente costoso, sino que no es accesible a todas las compañías. Y las advertencias son claras: “Si no podemos producir por falta de insumos, no podremos abastecer”, aseguran los directivos de las principales firmas de consumo masivo.

En la entidad que conduce Miguel Pesce insisten en que durante los últimos meses hubo mucha importación especulativa y que las empresas tienen stocks. Por eso, aclaran, no hubo hasta ahora ninguna parada de planta. Pero el sector privado insiste en que la situación, en muchos casos, es crítica y reclaman a gritos una flexibilización para evitar complicaciones en la producción.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, está liderando una mesa de coordinación con el BCRA y la Secretaría de Comercio, hoy en manos de Martín Pollera, y lo que está intentando es detectar los casos críticos que pudieran generar problemas de abastecimiento por falta de insumos en el corto plazo. Este equipo ya mantuvo dos encuentros (viernes y lunes) con las principales firmas de consumo masivo y además de pedirles un compromiso mayor en materia de precios -detectaron subas desproporcionadas tras la renuncia de Martín Guzmán de Economía-, les solicitaron información concreta de problemas que están teniendo a partir de la normativa del BCRA. Cada firma le entregó una carpeta y en los próximos días tendrán una respuesta. La promesa de Scioli fue que trabajará para flexibilizar algunos pagos y que luego analizará caso por caso.

Concretamente, el pedido de las empresas -y el compromiso de Scioli- fue que se liberen los pagos de todas las importaciones que ya estaban nacionalizadas al momento de oficializarse la medida y que, por ende, no pudieron cancelarse. También reclamaron por las compras cuyos embarques ya estaban realizados o que estaban a punto de concretarse. En todos estos casos, la empresa tuvo que decirle a su proveedor que no iba a poder cumplir con el pago y que podría hacerlo recién en 180 días. Y si bien algunos bancos están ofreciendo financiamiento, no lo hacen para mercadería ya nacionalizada, dijeron fuentes del sector privado.

“Para este tipo de operaciones (SIMI B nacionalizadas) los bancos no cuentan con autorización del BCRA para financiar al nuevo plazo. A su vez, los primeros contactos con nuestros proveedores para solicitar la extensión de los plazos de pago no fueron positivos por falta de financiamiento. Por ende, si no le podés pagar lo que ya te despachó, eso hace que no te quiera embarcar más”, afirmaron desde una gran empresa de consumo masivo de las que participó de las reuniones con el Gobierno. En otra firma añadieron: “Empezamos a tener problemas comerciales. Encima que le debemos plata, no quieren cobrar a los 6 meses. Y la financiación que ofrecen los bancos locales no están del todo operativas, además de que son muy costosas (entre 8% y 10% anual en dólares). Estas tasas vuelven inviables algunas operaciones; o si las empresas la aceptan, tienen un fuerte impacto sobre los precios.

Los funcionarios se mostraron predispuestos a analizar alguna flexibilización con respecto a estas operaciones que habían sido cerradas antes de la norma, así como también en aquellos casos en los que los cupos dispuestos por el BCRA ya se agotaron, por ejemplo, por una fuerte suba de precios en el mercado internacional. Es el caso del café, por ejemplo, que está siendo revisado por el organismo monetario. “Recuperamos U$S 3.200 millones de financiamiento y no se paró ni una línea de producción. Producción está analizando caso por caso y nos lo irá informando”, afirmó una fuente cercana a Pesce.

Durante la reunión que mantuvo Scioli, Pollera y el secretario de Industria, Ariel Schale, este lunes, con las principales compañías de consumo masivo (Arcor, Unilever, Mastellone, P&G, Molinos Río de la Plata, Nestlé, entre otras), se les pidió “colaboración” y “mesura” en materia de precios, ya que si bien quedaron conformes con el cierre de la nueva etapa del programa “Precios cuidados”, no así con las subas que se produjeron en el resto de los productos durante la semana posterior a la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía. Según los funcionarios, algunos incrementos fueron desproporcionados.

También el Gobierno reiteró la necesidad de que no falte mercadería en las góndolas, y la respuesta de las empresas fue positiva en la medida en que puedan acceder a los insumos para producir. De todos modos, algunas remarcaron que están teniendo más demanda de la habitual, entre 20% y 25% más que los promedios históricos. A esta reunión, que fue la continuidad de la del viernes, las compañías llegaron con información concreta de cuánto deben a los proveedores y cuáles son los productos que están en situación crítica por falta de cupo. Fueron mencionados varios productos, desde materias primas, café, repuestos, insumos productivos como el papel, el vidrio, las latas y ciertos productos químicos necesarios para los procesos de elaboración de los alimentos.

El Gobierno también recibió este martes a las principales cadenas de supermercados para dialogar sobre la misma problemática. Al respecto, desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) resaltaron la “voluntad de diálogo y discusión de las autoridades nacionales para entender las problemáticas del sector e identificar temas de trabajo en común para hacer frente a la preocupación de los clientes ante la tensión entre las nuevas listas de precios que se reciben y el abastecimiento suscitado en los últimos días”.

Durante el encuentro, se repasó la situación actual del programa Precios Cuidados y se instó a trabajar por reforzar en el corto plazo los mecanismos de detección de alertas tempranas para informar a la Secretaría de posibles faltantes en categorías críticas. Además, “se hizo hincapié en los bajos niveles de entrega de mercadería por parte de la industria y se pactó una agenda de trabajo conjunta a futuro”, precisó ASU en un comunicado.

Con respecto a los pedidos para flexibilizar el acceso a los dólares oficiales, las empresas esperan ahora una devolución del Gobierno, ya que si bien muchas tienen stock, se les agota en los próximos 60 días. Los funcionarios les aseguran que en agosto podrían comenzar a liberarse las restricciones, pero la incertidumbre es total. Los dólares no están y al BCRA le está costando demasiado acumular reservas. Por lo tanto, y más allá de los deseos de los privados, la sensación de la mayoría es que el cepo permanecerá más allá de septiembre -cuando vence la última norma del Central- o que se acelerará la devaluación, algo que por el momento los funcionarios se encargan de descartar a diario.

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