Deuda: a la espera de la primera revisión del acuerdo, el Gobierno completará mañana pagos de USD 1.000 millones al FMI

El Gobierno completará en las próximas horas el pago de USD 1.000 millones de vencimientos al Fondo Monetario Internacional a la espera del comienzo de la primera revisión trimestral de metas que harán los técnicos del organismo para evaluar si el Ejecutivo cumplió los objetivos de política económica del programa firmado en marzo. Economía asegura que los cumplió todos, lo cual lo habilitaría a recibir un segundo desembolso desde Washington, por una suma superior a los USD 4.100 milones.

El calendario de pagos al FMI, además de los giros trimestrales más “pesados”, que tienen lugar a fines de marzo (ya pagado), junio, septiembre y diciembre, por una suma cercana a USD 2.700 millones en cada caso, también incluye una serie de compromisos “intermedios” entre cada una de las fechas clave, con pagos más acotados.

Entre el 29 de abril y el 1 de mayo, por ejemplo, la hoja de ruta prevé giros al organismo por un total de USD 1.000 millones. Una parte de ese pago ya se realizó el viernes. Ese día las reservas cayeron unos USD 400 millones. El resto se registrarán en los próximos días en la cuenta del colchón de divisas del Banco Central.

Este pago al Fondo Monetario tendrá lugar pocos días después de la primera evaluación del staff técnico a las cuentas públicas. La misión estaba prevista para mediados de junio, pero desde la aprobación del programa económico en el directorio en Washington, las partes acordaron anticipar una mes la revisión, debido a la coyuntura económica global y cómo algunos sucesos trastocaron proyecciones originales del Extended Fund Facility, denominación del tipo de crédito utilizado.

Esa misión del FMI revisará el resultado fiscal, el de acumulación de reservas y de emisión monetaria, objetivos que fueron cumplidos según anticipó el Poder Ejecutivo y que le darían así el derecho a contar con un nuevo desembolso superior a los USD 4.100 millones para afrontar los pagos de vencimientos de deuda con el propio organismo.

El Fondo Monetario Internacional admitió que deberá revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico en acuerdo con el Gobierno argentino, ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta.

Según explicó la semana pasada el director del Departamento del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, el FMI no permitirá cambios en las metas del programa, es decir el recorte del déficit primario, la monetización del rojo fiscal y el acopio de divisas en el Banco Central. “El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y los supuestos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global”, adelantó el funcionario.

Para reforzar su idea, Goldfajn descartó la chance de reconsiderar los objetivos macroeconómicos del programa. “Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al Gobierno) para priorizar y cumplir los objetivos del programa”, insistió el funcionario, uno de los que encabezó la negociación técnica con el ministro de Economía Martín Guzmán.

El Gobierno asegura haber alcanzado las tres metas centrales exigibles por parte del Fondo Monetario. Por un lado, los datos fiscales hasta fines de marzo muestran que el sector público sobrecumplió por poco menos de $30.000 millones el objetivo trimestral de déficit primario. El dato, de todas formas, es discutido por analistas privados.

Tal como reflejó Infobae, la contabilidad que hizo la Secretaría de Hacienda para sobrecumplir la meta incluyó un incremento superior al 1.700% en una partida llamada “rentas de la propiedad”, que son ingresos extra que se anotó el fisco por la diferencia técnica en el precio nominal y el precio efectivo de los bonos atados a la inflación que emitió Finanzas.

Como método fue cuestionado por consultoras y economistas, ya que consideran que ese tipo de ingresos no estarían contemplados en el memorando técnico que acordaron el Gobierno y el Fondo Monetario. Por un lado, el memorando técnico habla de “que los ingresos se registran sobre base caja e incluyen los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes y los ingresos de capital”, por lo que esas rentas de la propiedad deberían contabilizarse.

Pero por otro, menciona que “los ingresos excluyen todo tipo de transferencia financiera procedente del banco central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público, el producto de la venta de activos financieros, y los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI o recibidos bilateralmente de otros miembros del FMI”, consideró.

Las otras metas exigibles por el Fondo Monetario también habrían sido alcanzadas, aunque eran de más fácil cumplimiento según los analistas. Así, la letra chica reclamaba que las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones.

Para ambos casos en el BCRA aseguran que los objetivos se cumplieron. En el primer caso, por el primer desembolso del FMI de USD 9.700 millones y, por otro, porque el Central acumuló hasta fines del primer trimestre adelantos transitorios al Tesoro por $122.000 millones.

Hay, en rigor, otras dos metas exigibles. Una es la prohibición de entrar en default de la deuda externa, una situación que no sucede en la actualidad tras la reestructuración de los bonos con tenedores privados en 2020. La otra es la deuda flotante, es decir los pagos atrasados que registra y acumula el Estado. A lo largo de los cuatro trimestres de evaluación el FMI y el Gobierno acordaron que ese ítem no excederá los $535.900 millones.

Aún faltan los datos de marzo para conocer si el Gobierno pudo o no cumplir ese compromiso. Con la información a febrero, según publicó el Tesoro, la deuda flotante acumulada era de $574.000 millones. Eso incluye atrasos $230.732 millones pendientes de 2021 y de $343.363 millones de 2022. De esta manera, el Gobierno deberá mostrar en los datos de marzo un recorte de ese saldo de $38.000 millones para poder alcanzar la meta.

El acuerdo con el FMI incluye no solo metas exigibles mensurables sino una serie de decisiones de política económica. No configuran un elemento de condicionalidad a la hora de habilitar o no desembolsos, pero forman parte de la hoja de ruta negociada y consensuada entre Buenos Aires y Washington. El cumplimiento de esos objetivos es menos riguroso. De hecho, al 15 de abril se preveía que el Gobierno “adapte” el presupuesto vigente -el de 2021 ya que el Congreso no aprobó el proyecto para 2022- a los objetivos del programa económico, algo que todavía no sucedió.

En abril también había otra “misión” que el Poder Ejecutivo tenía en la agenda que sí fue alcanzado: la convocatoria a audiencias públicas para el incremento de tarifas. El ministro de Economía Martín Guzmán espera poder llevar adelante los aumentos de luz y gas que prevé el sendero de reducción de subsidios consensuado con el FMI. Para mayo, el calendario de compromisos paralelos con el organismo incluye medidas para afinar la legislación nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT), en línea con la normativa internacional.

Para el mes que acaba de comenzar, el Gobierno aseguró que buscará “modificar, de acuerdo al estándar internacional, y tomando en cuenta la opinión de expertos, académicos, instituciones de la sociedad civil, y el personal técnico del FMI, las leyes de encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246), entre otras cosas para fortalecer el régimen de sanciones, la lista de entidades declarantes sujetas a obligaciones de ALD/LFT, las medidas preventivas aplicables a las entidades declarantes, y los requisitos de las entidades jurídicas y los acuerdos jurídicos de obtener, mantener y actualizar la información sobre la identidad de los usufructuarios finales en los registros de las empresas”, explicó el Gobierno en el memorando de entendimiento.

“Elevaremos la reforma de la legislación al Congreso para fines de mayo de 2022, a fin de que pueda examinarla en el curso del año. Paralelamente, la UIF avanzará en la preparación de las resoluciones necesarias de aplicación, incluido en lo relacionado con las instituciones sin fines de lucro declarantes, para facilitar la implementación plena y sin tardanza del nuevo proyecto de legislación”, completó el Ejecutivo.

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