Más allá de la sinuosa estrategia diplomática actual en torno de Rusia, tal vez la verdadera razón por la que la Argentina no quiere sumarse a quienes quieren expulsar a Rusia del G20 puede encontrarse en su propio pasado. Es que, en numerosas ocasiones, luego del estallido del 2001, varios países, banqueros y analistas plantearon que la Argentina debía ser separada de este grupo de naciones desarrolladas y en desarrollo, por la cantidad de deudas impagas que acumuló con países y empresas.
“¿Por qué tenemos que albergar a una nación que nunca cumple con sus obligaciones?”, expresó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un representante de Alemania en una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La respuesta pragmática llegó entonces de Washington -que ahora pide, junto a otros gobiernos, la salida de Rusia del G20 por la brutal invasión a Ucrania-: es difícil echar a un país de un grupo que no tiene reglas formales o estatutos, como los organismos de Naciones Unidas.
Tras la acumulación de juicios en los tribunales de Nueva York, Europa y del Ciadi, el país ganó el apodo de “deudor rebelde” y generó una mezcla de repudio y desinterés entre los países acreedores.
A esta actitud se sumó la manipulación de las estadísticas públicas desde principios del 2007, que comenzó con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero luego se extendió a los datos de pobreza y crecimiento económico, entre otros, hasta fines del 2015, en una actitud inédita para un gobierno democrático.
Para terminar de generar rechazos, el gobierno dejó de cumplir a partir de 2008 con la obligación de someterse a la revisión anual de sus cuentas públicas como el resto de los miembros del FMI, bajo el Artículo IV de la entidad multilateral.
Por estos motivos, el FMI decidió sancionar al país en 2013 con una moción de censura, que recién se levantó en 2016, cuando se normalizaron las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el gobierno de Mauricio Macri.
Ese año, el país volvió a cumplir con la obligación del artículo IV y comenzó a pagar la deuda en default con los acreedores privados, luego de que en 2014 quedara firme una sentencia en contra del país en los tribunales de Nueva York que no aceptaron los canjes de la deuda del 2005 y 2010, a partir de los casos que tomó el juez Thomas Griesa.
De este modo, en 2018, la Argentina asumió la presidencia del G20, pese a las dudas que generaba en buena parte de la comunidad internacional por su pasado reciente.
En este sentido, un artículo de la BBC indicaba ese año: “Argentina lidera rankings regionales y mundiales tan negativos como miseria, desconfianza y vulnerabilidad. Pero se codea en el G20 con las economías más importantes del planeta. Cabe notar que la Argentina ha sido el miembro más inestable en esta década”.
“En intercambio comercial, tamaño de la economía y poder adquisitivo está entre el último y el penúltimo lugar”, destacaba la cadena de noticias británica mientras el gobierno de Macri se preparaba para ser el huésped de las otras 19 naciones, pero también para pedirle otro crédito al FMI por el cierre de los mercados voluntarios de deuda para el país, por la combinación del gradualismo para bajar el déficit fiscal y circunstancias negativas a nivel internacional.
Desde entonces, aún con el crédito más grande de la historia del Fondo (en monto, no así en términos del PBI) el país entró en una nueva etapa de recesión y alta inflación que determinó la derrota de Mauricio Macri en su intento de reelección en 2019, en una crisis macroeconómica que se mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández, más allá de los avatares de la pandemia de Covid-19.
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