
El Fondo Monetario Internacional aprobaría esta semana el nuevo programa financiero que le permitiría a la Argentina recibir, por parte de países ricos, una nueva porción de Derechos Especiales de Giro (DEG). Es un plan que tiene condiciones de repago más flexibles que los vigentes y que habilitaría un plazo de devolución de hasta 20 años, tal como buscaba el kirchnerismo durante la renegociación del Stand By 2018.
Según publicó la agencia de noticias Reuters, el directorio del organismo pondrá a consideración esa propuesta, que fue idea de la directora gerente Kristalina Georgieva, el próximo miércoles. Implicará un potencial financiamiento para países de bajos ingresos y de ingreso medio -de hasta un PBI per cápita de USD 12.000- por un total de USD 50.000 millones.
“La idea es que los países ricos que no necesitan de los DEGs los canalicen por este nuevo fondo que está destinado a ayudar países de bajo ingreso a fortalecer su resiliencia. Se trata de proyecto muy importante para Kristalina Georgieva, quien siempre quiso un instrumento a más largo plazo para ayudar a los países de baja renta para mitigar los impactos del cambio climático y mejorar sus defensas fiscales para lidiar con pandemias”, mencionaron fuentes de Washington.
El Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, tal como se llamaría el nuevo programa más flexible del FMI, fue uno de los instrumentos financieros que el ministro de Martín Guzmán solicitó en distintos foros internacionales, inclusive ante el propio Fondo Monetario, como una manera de redistribuir los USD 650.000 millones de DEG que entregó el organismo en agosto pasado para financiar políticas contra la pandemia y que en su mayor parte quedaron en las reservas de países ricos.
“La idea de crear un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad con la asignación de los DEG que se emiten para constituir una nueva línea de créditos con mejores términos es muy positiva, porque esta regla busca en cierta medida corregir las asimetrías financieras”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda en Venezia en julio pasado, en una reunión internacional para el cambio climático.

El Gobierno, al acordar el nuevo Extended Fund Facility (EFF) con el FMI planteó de todas formas al organismo que si existiera la posibilidad de que el Fondo disponga de un programa distinto y más flexible para los deudores, el país pudiera sumarse como reemplazo al vigente EFF.
“Le solicitamos que confirme que, si en cualquier momento durante la duración del acuerdo extendido, el Fondo creara una nueva facilidad con mejores términos financieros y para la cual Argentina fuera elegible, Argentina tendría la oportunidad de hacer uso del nuevo servicio, de conformidad con las políticas y procedimientos del FMI”, apuntó la carta a Georgieva firmada por Guzmán y Miguel Pesce, presidente del BCRA.
Según la definición oficial del FMI, el nuevo fondo “tiene como objetivo abordar los desafíos estructurales macrocríticos a largo plazo que implican riesgos macroeconómicos significativos para la resiliencia y la sostenibilidad de los países miembros, incluido el cambio climático, la preparación para pandemias y la digitalización”.
Además, asegura que las condiciones serán más flexibles para la devolución. “De acuerdo con la naturaleza a más largo plazo de los riesgos de balanza de pagos que el RST busca abordar, sus préstamos tendrían vencimientos mucho más largos que el financiamiento tradicional del FMI. Específicamente, el personal ha propuesto un vencimiento de 20 años y un período de gracia de 10 años. Una estructura de intereses escalonada diferenciaría las condiciones de financiación entre los grupos de países, con un alto grado de concesión para los miembros de ingresos más bajos”, detalló.
Durante la negociación con el Fondo para renegociar el SBA de 2018, el kirchnerismo planteó en público que el ministro de Economía debía exigir en la mesa ante el staff plazos extraordinarios de devolución -incluso se mencionó como plazo unos 20 años- por considerar que el préstamo que la institución le otorgó a Mauricio Macri, el más grande de su historia, también había contado con características extraordinarias.

Este nuevo programa que considerará para su aprobación el directorio del FMI, de todas formas, así como cuenta con mayores flexibilidades para su repago, también tiene montos de finaciamiento mucho más pequeños.
Según la definición que elaboraron las economistas del FMI Ceyla Pazarbasioglu y Uma Ramakrishnan, “el acceso al financiamiento se determinaría caso por caso, en función de la solidez de las reformas y las consideraciones de sostenibilidad de la deuda, y se espera que tenga un tope del 150% de la cuota del FMI o DEG 1.000 millones, lo que sea menor”, aseguraron.
“Los préstamos del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad serían parte de una estrategia de financiamiento más amplia que los miembros seguirían para abordar los riesgos de balanza de pagos a más largo plazo, lo que implicaría una combinación de financiamiento multilateral, oficial bilateral y privado”, continuaron.
Bajo ese criterio, a la Argentina le correspondería, si fuera por la cuota que tiene en el FMI (3.187 millones de DEG), un total de USD 6.553 millones al considerar el 150% de su participación accionaria. De todas formas, ese monto excedería por mucho la definición oficial del FMI.
Solo podría corresponderle, entonces, 1.000 millones de DEG, lo que implicarían con el tipo de cambio actual entre los DEG y el dólar, unos USD 1.370 millones. Es, está claro, una suma muy menor en comparación con la deuda refinanciada con el FMI, de USD 45.000 millones.
Tanto el nuevo fondo más flexible como la reducción de los sobrecargos de interés fueron dos elementos que Guzmán puso sobre la mesa de negociación con el FMI pero no prosperaron. Para el primer caso, esa chance de “migrar” de un programa como el EFF a uno más conveniente no quedó plasmado propiamente dicho en el acuerdo nuevo, sino que solo apareció como una solicitud en la carta formal a Georgieva.
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