La figura del “informante colaborador” que aparece en el nuevo proyecto de blanqueo presentado por un grupo de senadores kirchneristas generó un fuerte revuelo en ámbitos empresarios. El tributarista César Litvin advirtió que su introducción podría generar un “festival de extorsiones”. Según establece el texto, quien brinde información fehaciente sobre un evasor podría beneficiarse con hasta un 30% del monto que le corresponde pagar a ese contribuyente.
La introducción de un “delator” es posiblemente el aspecto más llamativo y recalcitrante de la propuesta kirchnerista. Cualquier persona podría, en teoría, recurrir a la Justicia para denunciar que un tercero posee cuentas bancarias, un departamento o cualquier otro activo en el exterior. Pero además, el peligro es que termine extorsionando al eventual evasor con denunciarlo si no le paga a él.
Por otra parte, para poner el vigencia dicha figura se presentaría otro proyecto para modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Esto vuelve todavía menos digerible la propuesta.
El proyecto tiene otros aspectos polémicos. Uno de ellos, coinciden los tributaristas, es que debería ser presentado a través de la Cámara de Diputados y no del Senado, como está proponiendo el kirchnerismo. Así corresponde al tratarse de la creación de un nuevo impuesto.
Según el proyecto, el “aporte especial de emergencia” se aplicará a los bienes situados en el exterior que se detecten a partir de la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP: dinero en efectivo, inmuebles, acciones, participación en sociedades, fideicomisos instrumentos financieros (títulos, bonos, obligaciones negociables, ADRs y criptoactivos, entre otros).
La escala del gravamen es creciente según el momento en que se acepte la exteriorización: 20% en los primeros seis meses, 35% luego y 50% y posible pena de prisión si alguien es descubierto con bienes no declarados. Además, también incluye a argentinos que cambiaron su residencia fiscal si se comprueba que sus actividades principales se desarrollan en la Argentina.
“Además de ser un proyecto malo, es caro. Nadie va a estar dispuesto a blanquear en estas condiciones y pagando multas tan onerosas. Además, se supone que el que decide hacerlo precisa de un marco jurídico estable, algo que no existe hoy en la Argentina”, razona Litvin.
El kirchnerismo insiste con blanqueos, aunque Cristina Kirchner ya tuvo dos experiencias fallidas. La primera fue en 2008, cuando lanzó un programa de exteriorización de activos en el que se blanqueó por un total de apenas USD 4.800 millones. De ese total, sólo 4,3% correspondió a repatriación del exterior. En 2013, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se lanzó un nuevo blanqueo que permitía invertir en construcción a través de la compra de Cedines. La iniciativa estuvo vigente por más de dos años y no consiguió ni acercarse a los USD 4.000 millones.
El blanqueo más exitoso fue el de Mauricio Macri, que rozó los USD 110.000 millones. La principal ventaja era que no exigía repatriar capitales, sino que podían permanecer en el exterior. En medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández lanzó un blanqueo específicamente dirigido para la construcción, pero tampoco tuvo la aceptación esperada.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, se reunió anteayer con el embajador norteamericano en la Argentina, Marc Stanley, y solicitó la colaboración de los Estados Unidos. Concretamente, se refirió a la necesidad de trabajar juntos en casos de “lavado de dinero”, en obvia referencia a los activos que los argentinos poseen en el exterior sin declarar.
Estados Unidos no tiene un acuerdo de intercambio de información automática con la Argentina, como sí sucede con otras 130 jurisdicciones. Durante el gobierno de Mauricio Macri se habían efectuado avances para que el gobierno norteamericano brinde datos patrimoniales de argentinos en ese país, pero nunca ocurrió.
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