Qué va a pasar con la luz y el gas: las tarifas estarán atadas a los salarios y un 10% de los usuarios perderán los subsidios

El aumento de las tarifas y la segmentación son dos de los temas clave en el cierre de la negociación con el FMI, que busca que el Gobierno avance con una reducción del gasto en subsidios a la energía. En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández dio apenas dos pistas del plan que podría implementarse en 2022: una quita de subsidios al 10% de los usuarios de más ingresos y aumentos en las facturas por debajo de la evolución de los salarios.

“En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”, dijo Fernández.

“Para el resto de los usuarios, la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, agregó. Por último advirtió que si alguna persona considera injusto dejar de percibir un subsidio podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea “reconocido en tiempo oportuno”.

A finales del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que durante 2022 las tarifas de gas y electricidad subirían entre 17% y 20%. Pero el anuncio de Alberto Fernández parece haber puesto un nuevo tope: la evolución de los salarios. El presidente recordó la Ley 27.443, que fue aprobada por el Congreso en 2018, durante el Gobierno anterior, pero que finalmente fue vetada por Mauricio Macri. Esa ley limitaba los aumentos de las tarifas de los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua a la variación de los salarios, de acuerdo al coeficiente de variación salarial (CVS).

Esta mención al índice de variación abre la puerta a que pueda haber más aumentos durante el año. La semana pasada, se confirmó que desde marzo subirán un 20% en promedio la tarifa de gas a nivel nacional y un 22% la tarifa de electricidad en promedio para el AMBA, donde operan las distribuidoras Edenor y Edesur.

Tanto los aumentos como la segmentación de tarifas —con diferentes valores según los ingresos del usuario— son temas que generaron una fuerte interna en el Gobierno entre Martín Guzmán y un grupo de funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Ente Nacional Regualdor del Gas (Enargas), Federico Bernal.

A principios de febrero, trascendió un proyecto impulsado por ambos funcionarios con un esquema que contemplaba una quita de subsidios a 487.000 usuarios residenciales del AMBA, lo que equivale a un 10% del total. La mayoría —más de tres cuartos— se encontraban en la ciudad de Buenos Aires en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito. La segmentación en el Gran Buenos Aires, en tanto, abarcaba 67.800 usuarios en la zona denominada “el bajo” en los partidos de Vicente López y San Isidro y otros 48.000 usuarios de 466 countries y barrios cerrados.

Sin embargo, desde el ministerio de Economía aseguraron que se trataba solo de una propuesta y que también se estaba avanzando con otras opciones, como tomar los ingresos de los usuarios como parámetro.

De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra, los subsidios económicos treparon desde 1,6% del PBI en 2019 hasta 3% en 2021. El año pasado, alcanzaron los USD 14.000 millones. De este total, más de USD 11.000 millones se destinaron al sector energético (2,3% del PBI). La electricidad fue la que se llevó la mayor porción con un 1,9% del PBI, de acuerdo a los datos del informe.

El informe advierte que si las tarifas de energía eléctrica aumentan solo 20%, los subsidios en este rubro treparían 84% (unos USD 12.000 millones) y pasarían del 1,9% al 2,3% del PBI. Para que no aumenten en relación con el PBI, las tarifas deberían subir un poco más que la inflación esperada.

La segunda alternativa es que los ingresos por tarifas suban al ritmo de los costos. De esta forma, la tarifa cubriría el 40% del costo del suministro eléctrico de 2021. En este caso, los subsidios subirían 59% a lo largo del año (representarían 2% del PBI, unos USD 10.000 millones).

Con todo, eliminar totalmente los subsidios al suministro eléctrico implicaría incrementar los ingresos por tarifas en 300%; multiplicar en promedio el valor de las tarifas por cuatro.

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