El secreto a voces del acuerdo con el FMI: se aproxima una agresiva reestructuración de la deuda con privados

El diputado Luciano Laspina es posiblemente quien ha tenido las posturas más lúcidas en el Congreso a la hora de representar a Juntos por el Cambio. Sus comentarios sobre el futuro acuerdo con el FMI pasaron algo desapercibidos en medio de la sorpresa mundial generada por el ataque ruso a Ucrania. El economista y miembro de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja planteó en pocas líneas lo que es ya un secreto a voces en Wall Street: ahora es el propio Fondo quien está preparando junto al Gobierno una verdadera “bomba fiscal” que le estallará en las manos al gobierno que asuma en 2023.

La oposición ya anunció que estaría dispuesta a votar el acuerdo para no condenar a la Argentina a un nuevo default. Sin embargo, se trata simplemente de mantener viva la relación con el Fondo y evitar “patear el tablero”. Esta decisión calmó el mercado cambiario y los distintos dólares financieros ya cayeron casi 20 pesos desde el anuncio a fin de enero, o sea en apenas un mes. Incluso esta semana el dólar Bolsa perforó la barrera de los $ 200 y la brecha cambiaria se ubicó por debajo del 90%.

De acuerdo a los cálculos de Laspina, las necesidades brutas de emisión de deuda pasarán de USD 45.000 millones en 2021 a USD 105.000 millones en 2024. Como el corazón del acuerdo que se está por cerrar pasa por prohibirle al Banco Central la emisión de pesos para tapar el déficit, la financiación del agujero fiscal recaerá en la colocación de deuda en los próximos tres años.

La mezcla de más deuda y al mismo tiempo falta de acceso a los mercados internacionales solo puede tener un final: una nueva reestructuración de deuda de los bonos privados. Los cálculos moderados indican que el próximo gobierno deberá encarar a más tardar en 2025 la renegociación que Martín Guzmán no supo o no se animó a hacer ni bien arrancó el gobierno de Alberto Fernández.

Un informe a clientes de Portfolio Personal Inversiones (PPI) resaltó que los márgenes de maniobra para avanzar con esa nueva reestructuración son mucho más acotados. Como la última vez ya se redujeron sensiblemente los cupones de intereses, ahora no quedará otra que ir por “un nuevo alargamiento de plazos, pero sobre todo una fuerte quita de capital”.

La pregunta válida por estas horas es si al gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2023 le conviene esperar un año para renegociar la deuda con los bonistas privados o es mejor hacerlo de entrada, ni bien arranque la gestión. De esta forma, se podría aprovechar el viento de cola o algún aire de optimismo entre los inversores, que podrían mostrarse más colaborativos para aceptar una nueva renegociación. Claro que mucho de esto dependerá de quién gane y si el kirchnerismo consigue o no mantenerse en el poder en el próximo mandato presidencial.

La certeza de una nueva renegociación en el horizonte explica por qué los bonos han logrado muy poco recorrido pese a los avances en el acuerdo con el Fondo. Los inversores hacen cuentas sobre cuánto vale realmente un título argentino que volverá a ser reestructurado, sufrirá quitas de capital y nuevos alargamientos de plazos, que seguramente estiren los vencimientos más allá del 2050. Pero aún así el precio de USD 30 en promedio de las distintas series y un riesgo país de casi 1.800 puntos luce un tanto exagerado y refleja la hipótesis más pesimista sobre las características de esa eventual reestructuración.

Ha recorrido un largo camino

¿Tiene sentido que el dólar cotice en baja con la elevada incertidumbre local y global, en un contexto de guerra? Alejado el peor temor, que era un default con el FMI, el mercado cambiario retomó el “escenario base” para el 2022. Un dólar oficial que empieza a correr casi igual que la inflación, suba de la tasa de interés y caída de la brecha cambiaria. Muchos inversores volvieron a animarse después de mucho tiempo al carry trade, es decir apostar por tasas más atractivas en pesos y a que el dólar libre no se va a disparar.

Una mirada de más largo plazo permite entender mejor este posible “atraso” del dólar libre. Desde que estalló la crisis cambiaria en abril de 2018 hasta ahora, el tipo de cambio pasó de $ 22 a $ 200, es decir aumentó nueve veces. Los precios en cuatro años subieron en promedio cuatro veces. Esto significa que Argentina quedó “regalada” en término de dólares. La lógica indicaría que es la inflación la que tiene mucho más recorrido que el tipo de cambio, por lo menos en los próximos dos años.

En falsa escuadra

La invasión Rusia a Ucrania cambió el mapa mundial y también tendrá impacto en la Argentina. El primero es de orden geopolítico. El Gobierno quedó en una posición sumamente incómoda y oscilante a la hora de condenar a Vladimir Putin. La falta de contundencia de la cancillería argentina reflejó las tensiones internas, con los sectores más duros del kirchnerismo defendiendo su alineamiento con los rusos. El propio presidente, Alberto Fernández, había ofrecido en su visita a Moscú que la Argentina sea la puerta de entrada para los negocios de Rusia en la región. Ahora le resulta muy difícil despegarse, si es que desea hacerlo

Quizás sea una exageración afirmar que el directorio del FMI castigará a la Argentina por no alinearse a la OTAN a la hora de condenar enérgicamente a Rusia. Nada indica, al menos hasta el momento, que el acuerdo corra peligro por esto. Pero sí es fácil concluír que se trata de una muestra más de por qué el país resulta tan poco confiable para los inversores.

Ni siquiera resulta sencillo explicar qué beneficio le trajo o le podría traer a la Argentina la cercanía con Putin. El único acuerdo concreto que hubo en el último año y medio fue la compra de la vacuna Sputnik V, cuyas dosis tardaron una eternidad en llegar y que ni siquiera fue aún convalidada por la Organización Mundial de la Salud.

El impacto de la invasión sobre los precios de las materias primas tiene un impacto mixto. El más inmediato es el beneficio por los elevados precios de la soja, que superó los USD 600, justo antes de que empiece la cosecha gruesa. Esto permitiría un ingreso adicional de por lo menos USD 1.800 millones adicionales, casi de la noche a la mañana y sin haber hecho esfuerzo alguno.

La contracara es que se encarece el precio de la energía y costará más importar en invierno. Además, también complica la política tarifaria. El ex secretario de Energía, Emilio Apud, llegó a una serie de preocupantes conclusiones respecto a las dificultades para lograr el objetivo que el FMI impuso al Gobierno: reducir el déficit fiscal al 2,5% en 2022 y a 1,9% en 2023, con énfasis en la reducción de subsidios.

Si las tarifas aumentan de luz y gas aumentan un 20%, que es lo anunciado hasta ahora, los subsidios en vez de reducirse crecerían un 30% este año. La segmentación para quitarle subsidios a los “barrios ricos” del AMBA tiene efectos casi imperceptibles en las cuentas públicas.

Conclusión de Apud: para lograr la meta del FMI en términos de baja de los subsidios energéticos y reducción paralela del déficit fiscal, las tarifas deberían aumentar no un 20% ó un 35%...sino un 90% respecto al año pasado. La necesidad de importar gas licuado y posiblemente fuel oil a precios internacionales durante los meses de invierno complican todavía más un panorama ya de por sí complejo.

El discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo tendrá dos condimentos muy particulares. Por un lado le brindará una oportunidad histórica de definir cómo se planta la Argentina ante una guerra que dividió al mundo en dos. Y también se esperan señales sobre las negociaciones con el FMI, cuando faltan apenas tres semanas para la fecha del límite del 21 de marzo. No se descarta que finalmente haya entendimiento pero sin explicitar cómo se hará para cumplir con la baja del déficit para este año. Quizás termine siendo una mezcla de todo: algo de tarifas y lo que aporte la suba de la soja en términos de retenciones. Lo que aún falte para tapar el bache fiscal, ante la falta de ajuste en otros sectores, lo aportará el trabajo “sucio” de la inflación y el consiguiente aumento nominal de la recaudación. Por lo pronto febrero habría arrojado más de lo mismo, una suba del índice cercana al 4%, liderando otra vez el aumento en alimentos.

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