Suba de tasas, dólar, acuerdo de precios y el “ancla” del FMI: cómo piensa enfrentar el Gobierno la suba de la inflación

El Gobierno tomó nota del alto índice de precios de enero y empieza a pensar el camino hacia adelante en las políticas de precios, en un contexto que está enmarcado en las presiones inflacionarias externas, en el acuerdo con el FMI, la aceleración que se viene en el tipo de cambio mayorista, los acuerdos de precios y la suba de tarifas.

En los despachos oficiales piensan que la inflación podría este año tener dos anclas, distintas de las dos que operaron hasta el año pasado, que fueron los precios de los servicios públicos, que tuvieron una actualización mínima, y un dólar de referencia para el comercio exterior que avanzó a paso más lento que la evolución general de los precios. Para 2022 esos “yunques”, según la lectura que hacen en un sector del equipo económico, serán un acuerdo de precios y salarios con empresarios y gremios, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Respecto al primer elemento, el Gobierno ya dio una pista recientemente cuando aseguró que la pauta para las pujas salariales debería ser de 40% para algunas de las negociaciones que están empezando en estas semanas entre sindicatos y las cámaras empresarias, un número que será desafiado por los gremios, más cercanos a un reclamo en el orden del 50 por ciento.

Además de las paritarias, otra pata de un acuerdo de precios es la de los programas puntuales con el sector del consumo masivo, como los que se firmaron a principio de año para la ampliación de Precios Cuidados y con el sector de la carne, con convenios anuales con actualizaciones de precios periódicas. Desde un importante despacho oficial descartaron estar buscando un congelamiento o esquema de precios controlados más amplio de los que ya existen.

El acuerdo con el FMI, sostienen en un sector del equipo económico, implicaría por una doble vía un alivio de presiones inflacionarias. El que ven como más evidente es el que está relacionado con una de las tres metas exigibles con las que contará el programa con el organismo: el financiamiento monetario del déficit. El otro punto es una mejora de las expectativas generales y un “shock” de confianza hacia los activos argentinos.

El Gobierno y el Fondo acordaron una “definición” de que la inflación tiene causas múltiples, aunque la dimensión monetaria del asunto tendrá un objetivo exigente este año, en que el Tesoro pasaría de recibir una asistencia monetaria desde el Banco Central equivalente al 3,7% del Producto Bruto Interno hasta 1% del PBI, un recorte de 2,7 puntos porcentuales.

Un funcionario del equipo económico consideró que ese aspecto en particular del programa con el Fondo Monetario debería redundar en “menores presiones inflacionarias”. El ministro de Economía Martín Guzmán en distintas ocasiones consideró que una emisión monetaria excesiva tenía un impacto necesariamente en la inflación a través de una tensión de precios mayor.

El marco de negociaciones con el Fondo Monetario incluye un capítulo particular para la inflación. Lo que todavía se discute entre Buenos Aires y Washington son “rangos” de precios que funcionarán como proyección para elaborar el programa plurianual hasta 2024, pero aseguran que no se tratarán de metas de precios que puedan ser exigibles por los técnicos del FMI.

Hay dos posturas bien marcadas: el Gobierno se aferra a su proyección anual actualizada para 2022, cercana al 40%, mientras que el organismo financiero busca una cifra más parecida a la del sector privado, que en el caso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, fue en enero de 55% anual. Según explicaba una fuente oficial, la pulseada seguirá sobre esta cifra hasta el final pero terminará por acordarse un número entre medio de esas dos puntas.

Luego habrá otros factores que orbitan a la inflación y que podría influir directamente en ella: el tipo de cambio y las tarifas. Respecto al dólar mayorista, cerca del presidente del Banco Central Miguel Pesce aseguran que los altos índices de precios de los últimos meses no se puede asociar a la aceleración de la velocidad en la que aumenta el tipo de cambio de referencia, desde fines de noviembre, y apuntan más a la situación inflacionaria global, con Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, con cifras de precios récord.

Las tarifas es otro elemento con incidencia directa en la inflación, y una de las razones por las cuales un sector de la coalición de Gobierno espera poder mantener los precios de los servicios públicos controlados, a costa de una cuenta presupuestaria de subsidios in crescendo. Esta idea, además, choca de frente con los supuestos del programa con el Fondo Monetario: el organismo insistió repetidas veces con que la economía argentina debería bajar de manera sostenida el gasto en subsidios.

Por último, hay una batalla que el Gobierno admite que perdió en los últimos meses y es el de los alimentos frescos, tal como reconoció el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti recientemente. El IPC de enero arrojó incrementos en productos como el tomate que superaron el 80%, por caso. A pesar de que en el Poder Ejecutivo toman nota de la inflación persistente de alimentos (4,9% en enero), descartan como opción en el menú de alternativas sobre la mesa la posibilidad de aumentar retenciones a las exportaciones para “desligar” precios internacionales de los domésticos.

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