Con números en rojo, Edenor y Edesur consideraron imprescindible un aumento de tarifas para brindar su servicio

Mientras el Gobierno define qué reducción de subsidios realizará durante este año —uno de los puntos clave del principio de acuerdo con el FMI—, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad realizará el próximo 17 de febrero una audiencia pública sobre los aumentos para los servicios de transporte y distribución de la electricidad.

En el caso del servicio de distribución, la definición del nuevo cuadro tarifario abarca a las empresas Edenor y Edesur, que brindan su servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ambas empresas presentaron al ENRE un detalle su complicada situación financiera, como consecuencia de la falta de actualización de las tarifas, y su plan de inversiones. Y consideraron que la actualización de los cuadros tarifarios es imprescindible para brindar el servicio y realizar inversiones.

“Es imprescindible que en lo inmediato se proceda a dar tratamiento a una adecuación tarifaria o reconocimiento de ingresos a favor de esta Distribuidora que permita dotarla de los recursos necesarios para la prestación del servicio dentro de los términos y vigencia de su Contrato de Concesión”, expresó el texto presentado por Edesur.

Ambas empresas destacan que durante todo 2020 no tuvieron ninguna actualización en las tarifas de sus servicios (la actualización anterior había sido en marzo de 2019). En mayo de 2021, en tanto, pudieron aplicar un único incremento autorizado por el ENRE que fue de 20,9% en el costo de distribución (CPD) que representó un incremento final en tarifa que reciben los usuarios del 9%.

En los documentos presentados, las empresas destacaron que esa suba fue “insuficiente” para cubrir los incrementos de los costos operativos del servicio desde el último ajuste aplicado. Las tarifas del servicio de distribución eléctrica están conformadas por el costo mayorista de la electricidad y el Costo Propio de Distribución (CPD).

Edenor señaló que para 2022 requiere $56.817 millones adicionales para cubrir el déficit de fondos. Mientras que en el caso de Edesur, la cifra asciende a $43.236 millones.

El costo final de las tarifas que reciben los usuarios incluye varios componentes: el costo de transporte y distribución, el precio de la energía y los impuestos. En la próxima audiencia, se discuten los costos de transporte y de distribución. A fines de 2021, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que la corrección tarifaria será del 20% para todos los usuarios. “Las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares”, señaló el funcionario. Además, anticipó que se aplicará una herramienta de segmentación de subsidios —aun no definida— de acuerdo a los niveles de ingreso de los usuario.

En diciembre de 2020, unos días después de asumir, el Gobierno de Alberto Fernández, a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva puso fin a la Revisión Tarifaria integral (RTI) del gobierno de Mauricio Macri, que preveía un ajuste semestral de tarifas de acuerdo a la evolución del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM). El Gobierno puso entonces un plazo de dos años para una nueva revisión tarifaria, que aun no fue resuelta.

“La brecha entre la tarifa de Edenor y las variables macroeconómicas se agranda exponencialmente en los últimos tres años (2019-2021). En ese periodo solo se registra una única actualización de los ingresos, en mayo de 2021, del 20,9% mientras que el resto de las variables crecen entre 8 y 10 veces por encima”, detalló el texto presentado por Edenor.

En el mismo período, el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 225%, la inflación minorista del 216%, los salarios del 179% y el dólar de 171%. Según la empresa, los ingresos no percibidos como consecuencia de la prohibición de aplicar los cuadros tarifarios acumulan al 31 de enero de 2022 de $74.907 millones, que sumando los ajustes que deberían haberse incorporado a la tarifa con cada actualización por $10.293 millones. Eso suma ingresos no percibidos por $85.200 millones.

“La principal consecuencia de dicha falta de ingresos ha sido la imposibilidad de Edenor de cumplir, en tiempo y forma, con los pagos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) correspondientes a las compras de energía en el mercado mayorista”, señaló la compañía eléctrica. Esta situación fue reconocida por el Congreso y en el Presupuesto 2021 se incluyó una compensación a través del régimen especial de cancelación de obligaciones. El Presupuesto de este año, que no fue aprobado, también preveía un régimen especial para 2022.

Por su parte, Edesur señaló en su documento que el régimen regulatorio que se defina luego de la audiencia, debe garantizarle “ingresos suficientes” para satisfacer los “costos operativos razonables” aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad compatible con la operación eficiente de la empresa.

“La prestación del servicio de distribución eléctrica requiere el aporte sistemático de recursos para inversiones y que los saltos en la certeza de su disponibilidad terminan afectando al desarrollo lógico del sistema en especial a las obras que por su magnitud y cuantían su ejecución puede llevar varios años desde la decisión para que la misma este en servicio cuando la demanda lo requiera”, indicaron en el texto presentado al ENRE.

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