Recorte de los subsidios: críticas al Gobierno por su propuesta en la audiencia pública por el precio del gas

Este lunes, comenzó la audiencia pública de la Secretaría de Energía para definir qué porcentaje de subsidio destinará el Estado al precio del gas natural. Este precio es uno de los cuatro componentes que integran la factura del gas junto con los costos de los servicios de transporte, distribución y los impuestos y tasas.

Luego del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se confirmó que los subsidios de los servicios públicos son un tema clave, la Secretaría de Energía detalló una propuesta de reducción del porcentaje del precio del gas de que se hace cargo el Estado y que permitiría evitar partidas adicionales, según lo establecida por el fallido proyecto de Presupuesto para 2022. El porcentaje de subsidio pasaría de 70,9% al 44%, según los números oficiales.

El porcentaje del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del que se hará cargo durante este año es definido por la Secretaría, alineada con los metas definidas por el ministro de Economía Martín Guzmán. En tanto, en los costos del servicio de transporte y distribución interviene el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), encabezado por el interventor Federico Bernal, hombre de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La presentación de la propuesta estuvo a cargo de Maggie Luz Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos. La funcionaria detalló que el valor total del costo del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) es de $305.000 millones anuales. De ese valor, los usuarios pagan $88.814 millones y el Estado se hace cargo de los 216.365 millones restantes.

Videla Oporto aseguró que con ese nivel de subsidio (del 70,9% del total del precio del gas) es Estado deberá destinar en 2022 una partida adicional de $81.000 millones si no se traslada ese costo a los usuarios. También destacó que el 84% de la demanda prioritaria se cubre con producción local y en invierno se requieren importaciones desde Bolivia, que cubren el 7%, y de GNL a través de barcos regasificadores. Esos precios son más altos que los que se paga por la producción local.

La funcionaria también destacó que se requiere avanzar sobre la construcción de nuevos gasoductos y la ampliación de los existentes.

Hoy, del valor total de la factura, el 60% corresponde al precio del gas y el 40% restante se divide en partes iguales en los servicios de transporte y distribución. A ese valor de la tarifa, se suman luego los impuestos y tasas, que es un 24% del valor final que pagan los usuarios.

“En el caso hipotético en que se decidiera incorporar los $81.000 millones de pesos a las tarifas, con la baja de los subsidios a 44%, en lugar de $6,11 por m3 de gas se pagarían $11,67. Es una simple estimación de como se podría trasladar en el caso de que se decidiera trasladarlo al usuario”, indicó la funcionaria, sin confirmar si esa será finalmente la baja que impulsará el Gobierno.

En concreto, con esa propuesta, una factura promedio para un usuario de la categoría R31 pasaría de $768 a $1.038 en marzo; y de $2.271 a $3.342 en julio para los clientes de una de las distribuidores. Y de $704 a 845 en marzo; y de $2.504 a $3.721 en julio para los de la otra distribuidora del mercado.

Son subas del 34% y 35% solo para este componente de la factura. A finales del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez adelantó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la mayor parte de los usuarios.

Por su parte, la cámara que nuclea a las empresas que distribuyen el gas natural en todo el país (Adigas) pidieron preservar el valor de los ingresos de las empresas distribuidoras para que no se vea afectada la sostenibilidad de todo el sector. “Las empresas distribuidoras son, en la cadena de valor de la industria del gas, las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público. Si se aumenta solamente el precio del gas, se puede ver afectada la sostenibilidad de todo el sector”, dijo Daniel Martini, director Ejecutivo de la cámara.

En la actualidad, según detalló, las empresas distribuidoras reciben menos de la cuarta parte (24%) del valor que pagan los usuarios residenciales y apenas un 7% de lo que paga una pyme. Mientras que el precio de la producción del gas ocupa un 39% y 56% respectivamente.

Martini señaló que si se concreta el incremento previsto por en la propuesta del Gobierno sin que se atiendan los pedidos de aumentos realizados por las distribuidoras en la audiencia del pasado 19 de enero se podría llegar al extremo que el precio del gas crezca al 55% de la factura de los usuarios residenciales y al 71% de la factura de las pymes.

La abogada Paula Soldi, directora del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) cuestionó que el Gobierno no diera a conocer cuál es el costo de producción del gas en la Argentina. “Sabemos el precio promedio al que la empresa vende, pero seguimos sin saber cuánto cuesta producir el gas. No hay ningún dato que conteste esta pregunta. No sabemos cuáles son las ganancias de las productoras de hidrocarburos”, dijo.

“El amento en dolares del precio ponderado del gas aumentó más de 23% en un año. Este aumento se debe a la suba del gas de Bolivia y el GNL, que tiene un valor internacional que se puede disparar sin techo. Venimos de cuatro años de tarifazos imparables, con transferencia de recursos de empresas. La demanda prioritaria se nutre mayoritariamente de gas de la Argentina y el uso de GNL es marginal. Los usuarios que corresponden a esa demanda deben tener el precio del gas argentino. El resto de la demanda debería asumir el subsidio del Estado”, agregó Soldi.

En su exposición también reclamó que se implemente un forma urgente la segmentación de tarifas de acuerdo a los ingresos de cada usuario.

A su turno, el ex diputado por Mendoza José Luis Ramón, que se había unido en su momento al bloque del Frente de Todos, cuestionó que se siga manteniendo un esquema que viene de las privatizaciones de la década del ‘90, en el que las tarifas que pagan los usuarios están divididas según costos de transporte, distribución, impuestos y precios del gas.

“En un Gobierno del Frente de Todos pensé que íbamos a tener más información y participación clara precisa y veraz. Este es un negocio megamillonario de cinco 5 empresarios que proveen el servicio del gas. Entre 2015 y 2019 en Mendoza el gas aumentó 6.800% y la inflación fue de 281%. Martín Guzmán pone por delante la recaudación impositiva que el derecho de usuarios y consumidores”, cuestionó.

“No se trata de provocar un ajuste de los valores de lo que va a aportar el Estado Nacional. Se trata de una transferencia enorme que hubo de 2015 a estos productores, transportadores, recaudadores en perjuicio de familias trabajadoras”, indicó.

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