Presupuesto 2022: ganadores, perdedores y el regreso del “efecto Olivera -Tanzi”

El 6 de enero último se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) 4/2022, en la cual se establecen los Recursos y Créditos Presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.

Y, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con las adecuaciones que deberá efectuar el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de recursos y gastos de la administración central y de los organismos descentralizados”, recuerda un informe especial de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La ASAP procesó las 273 páginas del Anexo I de la DA 4/2022, con la distribución de los recursos y gastos de las principales jurisdicciones de la Administración Central, con un resultado inicial proyectado para el corriente año de un aumento del déficit fiscal total de $402.567 millones, equivalente a una suba de 16,8% en valores nominales; y de 24,8% en el caso del desequilibrio primario, antes del pago de intereses de la deuda pública ascendió al cierre de 2021 al récord de USD 363.362 millones.

Los criterios de distribución de las partidas determinaron, tanto del lado de los ingresos esperados como de los gastos proyectados, bajas nominales de 7,3% en el primer caso (caída de $627.024 millones), y 2% en el segundo (disminución de $224.458 millones), en un escenario de inflación en el que el Presupuesto original preveía una pauta de inflación de apenas 33%, cuando el consenso del mercado ya pronostica un rango de 55% a 60%, aunque con perspectiva de aceleración, como ocurrió en el último año.

Ese fenómeno, en que los recursos se proyectan con mayor caída en términos reales que la prevista en el total de las erogaciones corrientes, se conoce en la literatura económica como “efecto Olivera-Tanzi”, quienes identificaron que en economías con alta inflación, a ritmo de dos dígitos altos y en aceleración, como se verifica desde el último año, los ingresos tributarios se deterioran más rápido que los gastos, porque mientras los primeros se cobran con un rezago de 30 a 40 días respecto al momento de cuándo se generan (devengan), las erogaciones se ajustan con mayor rapidez, sea porque se autorizan compensaciones en el caso del componente social, sea porque aumentan más rápido las partidas de subsidios económicos y de ajustes de salarios en la Administración Central.

Ese comportamiento, que queda explicitado en la mencionada distribución de partidas de recursos y erogaciones de la DA 4/22, no ocurría en la economía argentina desde fines de los 80, primer año de los 90, cuando la persistente aceleración de la tasa de inflación llevó a una de las peores crisis socioeconómica.

Y como ocurriera a lo largo de 2021, en el que acciones discrecionales del Jefe de Gabinete de Ministros, como el ministro Martín Guzmán, dispusieron 20 modificaciones presupuestarias con reasignaciones de partidas que elevaron la pauta original en 31%, sobre una meta de inflación del 29% que finalizó en 50,9%, ahora cabe esperar una trayectoria similar, aunque de mayor intensidad, tanto en la expansión de las erogaciones, como en el déficit fiscal, porque los recursos si bien también aumentarán por el efecto de la mayor velocidad de suba de los precios de los bienes y servicios, lo harán en menor medida.

Preferencias en la asignación de las nuevas partidas

Del informe de la ASAP se desprende que sobre 27 grandes jurisdicciones, entidad y servicio, en que se desagregan los grandes componentes del Presupuesto 2022, sólo una: Obligaciones a cargo del Tesoro, recibió una autorización de gasto mayor a la del año previo. Contará con $863.294 millones, 0,4% más.

Por el contrario, 13 divisiones parten con valores iguales y otros 13 con pautas inferiores a las del cierre del año previo, en particular en los casos del Ministerio del Interior 21,3%, a tono con el “ahorro” que implica la ausencia de partidas vinculadas con el proceso electoral de medio término, son $19.674 millones de recorte; Ministerio de Salud, pese a la persistencia de la crisis sanitaria del Covid-19, contará con una reducción de 13,6% ($48.155 millones); Ministerio de Educación 8,8% ($48.155 millones); Ministerio de Economía ($60.190 millones); Ministerio de Trabajo y Empleo 1,1% ($48.202 millones); y en mínima proporción en términos relativos y absolutos los ministerios de Seguridad; Defensa; Ciencia y Técnica; Obras Públicas; Agricultura y Ganadería; Cultura; Jefatura de Gabinete de Ministros y Poder Legislativo Nacional.

Y dada la vigencia de la Ley de Movilidad Previsional que determina el aumento trimestral de las jubilaciones y pensiones, y por extensión de las Asignaciones Familiares, en particular la AUH, por la variación del promedio de los salarios de la economía registrada y de los recursos de la Anses, el Ministerio de Trabajo y Empleo, será uno de los primeros que recibirá refuerzos a través de Decretos de Necesidad y Urgencia y de Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros y de Economía.

Comenzaría así lo esperado por el consenso de los economistas de las consultoras, del manejo discrecional del presupuesto con ampliación y reasignación de partidas del gasto público, acorde con las preferencias políticas de la colación gobernantes, en la que, se sospecha, los ganadores serán las jurisdicciones gobernadas por el oficialismo, y las perdedoras las de la oposición.

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