
Las diferencias expresadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI dejaron planteadas más dudas entre los inversores sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de marzo, lo que permitiría evitar un peligroso default con el organismo. Sin embargo, al mismo tiempo se definen medidas que van en línea con las exigencias del organismo para alcanzar un entendimiento. El aumento de dos puntos en la tasa de política monetaria, que pasó de 38% a 40% anual, es una de las medidas reclamadas públicamente por el staff del organismo.
En el comunicado posterior a la visita de la delegación argentina a Washington, los expertos del Fondo habían expresado a través la necesidad de recuperar las tasas de interés “positivas”, es decir que se ubiquen por encima de la inflación. El objetivo es atraer más inversiones en moneda local y reducir las presiones hacia la dolarización de los portafolios, más allá de las restricciones que ya plantea el cepo cambiario.
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El propio Banco Central y Guzmán habían coincidido públicamente con la necesidad de subir las tasas para volver más atractivo al peso y reducir la presión sobre el tipo de cambio. Además, todos los países de la región están haciendo lo propio para ponerle suavizar el incremento de la inflación que se dio en los últimos meses. En Brasil, por ejemplo, el Banco Central duplicó las tasas el año pasado y ya se ubican casi en el 10%, en línea con la aceleración de precios que registró su economía el año pasado. Pero algo similar sucedió tanto en Chile, como en Uruguay o Colombia en los últimos meses, aunque desde niveles mucho más bajos.

La suba de tasas también debería ayudar al BCRA a llevar adelante su política de absorción de pesos desde mediados de enero, teniendo en cuenta que emitió por $550.000 millones sólo en el último mes del 2021 para financiar al Tesoro. Ahora el desafío es salir a absorber esos pesos pero para para eso es necesario darle más atractivo a las colocaciones de Leliq y pases pasivos.
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El 40% aún está por debajo de la inflación esperada para el año, pero en realidad la tasa efectiva anual (que surge de reinvertir todos los meses los pesos que se cobran como intereses) ya supera cómodamente el 46% anual. Además, según el BCRA la inflación debería empezar a suavizarse en los próximos meses, aunque el mercado espera que este año se ubique nuevamente arriba del 50 por ciento.
No es la primera medida que toma el Gobierno en línea con la exigencia del Fondo. Ni bien finalizaron las elecciones legislativas, el Central dejó de intervenir en el mercado de “contado con liquidación”, lo que le costó más de USD 3.000 millones en un año, sin conseguir los resultados esperados. Aquella decisión también va en línea con uno de los requisitos más importante que pide el Fondo, que es la acumulación de reservas. Y para ello debe reducirse la intervención vendedora del BCRA en el mercado.
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Según indicó el propio Guzmán, la idea es sumar entre USD 3.000 y USD 4.000 millones por año, algo que no luce nada sencillo. Ni siquiera el 2021, con cosecha récord que aportó USD 10.000 millones adicionales en relación al año anterior fue posible lograrlo.
El anuncio de suba de tarifas que llegó a fin de año, para su aplicación en el primer trimestre de 2022, va en la misma línea. El objetivo es ponerle un tope al aumento de los subsidios económicos, que al menos en parte explican el agujero de 3% del PBI que registraron las cuentas públicas el año pasado. Por eso, el aumento de 20% que sigue muy por debajo de la inflación sería acompañado por un incremento segmentado para los hogares de mayores ingresos de la zona metropolitana, que deberían comenzar a pagar el precio pleno de la energía, sin subsidios. Sin embargo, el Presidente se ocupó de negar cualquier posibilidad de “tarifazos”.
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El ritmo del ajuste fiscal parece ser el principal tema de discusión con el FMI, tal como lo expresó el propio ministro. Pero el déficit del 2021 fue sustancialmente menor en relación al 2020: de 6,5% en 2020 a sólo el 3% del PBI, es decir menos de la mitad que en el año en el que estalló la pandemia.
Se trata de un dato que Guzmán busca “esconder”, ya que Cristina Kirchner lo había criticado en la campaña por contener el aumento del gasto y sobrecumplir las metas fiscales. Ahora el Gobierno estaría planteando llegar a un equilibrio fiscal recién en 2027, mientras que el Fondo exigiría que se alcance varios años antes. Ésta será la discusión de los próximos 60 días que definirá si finalmente habrá o no acuerdo.
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