
El plan de anclar el dólar oficial para dominar los precios no tuvo los resultados esperados por el Gobierno. Tampoco fue suficiente con mantener las tarifas semicongeladas (aumentando un dígito en el año) o frenar el incremento de combustibles en la segunda mitad del 2021. A pesar de todo esto, el índice de inflación volvió a acelerar y presenta una suba de más del 52,5% en los últimos doce meses.
La evolución de la inflación minorista ya es prácticamente idéntica en relación a aquel 53,8% que arrojó el 2019, que significó el valor más alto en 28 años y a su vez un motivo clave que explicó la derrota de Mauricio Macri en la búsqueda de su reelección como presidente. Suena lógico que el actual Gobierno también sea castigado en las urnas, ante la impericia por buscarle una solución al aumento persistente del costo de vida, con su impacto en los bolsillos y en los aumentos de los niveles e pobreza e indigencia.
El repunte de la inflación en septiembre no estaba tan descontado. En realidad, la mayoría de los economistas consideraba que la reducción observada en agosto al 2,5% podía sostenerse en valores parecidos hasta llegar a fin de año. Y que a partir de diciembre se volvería a niveles de inflación en el rango del 3,5% al 4% mensual. Pero sucedió mucho antes.

Martín Guzmán no se cansa de repetir que el fenómeno inflacionario es “multicausal”, lo que complica la búsqueda de una respuesta adecuada. Pero si en algo coincide la mayor parte de la academia económica es que los altos y persistentes niveles de déficit fiscal están detrás de este verdadero drama.
Es cierto que muchos países tienen hoy los mismos o incluso más elevados rojos fiscales. Pero la economía argentina tiene problemas adicionales: no accede a financiamiento en los mercados (sólo localmente y en forma acotada) y la demanda de pesos es muy baja producto de los altos niveles de desconfianza de consumidores e inversores.
En otras palabras, el Banco Central sigue emitiendo pesos para financiar al Tesoro que nadie demanda. Este desbalance entre oferta y demanda monetaria se traduce en mayor inflación, como viene ocurriendo en los últimos años.
Además de los casi $ 500.000 millones de incremento de la base monetaria que se registran en lo que va de 2021, el Central viene alimentando otro verdadero engendro: una montaña de Leliq y pases pasivos para absorber el dinero excedente.
Según estimó el economista Ramiro Castiñeira, los intereses anuales que habrá que pagar suma nada menos que 1,5 billones de pesos, es decir el equivalente a 15.000 millones de dólares. Se trata de una gigantesca bola de nieve (o de pesos) que no para de crecer y constituye un enorme desafío para la estabilidad del sistema financiero y también del tipo de cambio.
La decisión del Gobierno de tomarse más tiempo para acordar con el FMI es una mala noticia para la inflación. Un arreglo que incluya metas razonables y creíbles de reducción de déficit y menor financiamiento monetario al Tesoro debería ayudar para ir hacia una reducción gradual. Pero plantear una salida recién para el primer trimestre de 2022 suena a demasiado tiempo para la situación delicada de la economía local.
La urgencia pasa por “anclar” las expectativas para llegar al verano sin situaciones traumáticas, tanto desde el punto de vista del comportamiento del tipo de cambio como de la inflación. Si el Gobierno no revierte los elevados niveles de desconfianza corre peligro de un caída todavía mayor de la demanda de pesos y por ende un impacto incluso más fuerte en los precios.

El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no tuvo mejor idea que volver a la vieja fórmula de los controles y congelamientos de precios. Puede conseguir el objetivo en supermercados de cortísimo plazo. Pero la experiencia demuestra que la salida de estos esquemas es traumática y genere un salto todavía mayor en los índices inflacionarios.
El panorama para adelante no es alentador en absoluto. El dólar oficial que quedó casi planchado en el año, subiendo sólo 12% contra 37% acumulado en la inflación, deberá sincerarse. Esta mayor suba del tipo de cambio oficial se traducirá en un encarecimiento de materias primas importadas, que impactarán en los costos de producción.
Pero además será muy difícil mantener el congelamiento de combustibles y de tarifas de servicios públicos. La consecuencia de hacerlo sería un fuerte aumento adicional de los subsidios económicos y, por ende, mayor déficit fiscal y emisión monetaria.
Según reveló un informe de la OCDE, la Argentina con casi 50% anual es el cuarto país de mayor inflación del mundo, sólo detrás de Venezuela, Sudán y Surinam. El 2021 apunta a terminar apenas debajo de ese 50%, pero queda una proyección muy preocupante para 2022. Si no se actúa de manera urgente, estos valores suenan más a un piso que a un techo.
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