Tras el polémico decreto para usar los derechos especiales de giro, el Gobierno prepara el primer pago de capital al FMI

El Gobierno pagará este miércoles el primer vencimiento de capital del préstamo Stand By con el Fondo Monetario Internacional firmado en 2018. Serán casi 1.900 millones de dólares que serán cubiertos con los propios recursos que el organismo repartió a sus países miembro hace poco menos de un mes en el marco de un paquete de asistencia mundial por el Covid.

De acuerdo al calendario de pago previsto por el FMI, la Argentina deberá abonar 1.326 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del organismo que es medida de cuenta para los préstamos que hace a sus países socio. Será el primer pago neto de capital al Fondo Monetario, ya que trimestralmente el país suele pagar sumas menores que corresponden a distintos cargos de intereses. En diciembre aparece un segundo pago por ese mismo monto.

Esta etapa de la devolución del crédito Stand By, cuando comienzan los pagos de capital, es la que busca evitar transitar el Gobierno con la negociación en marcha. Una reestructuración del crédito a 10 años, en el marco de un programa de facilidades extendidas, permitirá al Poder Ejecutivo evitar las dos escalas más onerosas en la hoja de ruta del repago al organismo, que implicaría unos USD 19.000 millones por año en 2022 y 2023.

El Ministerio de Economía se guardó bajo siete llaves cuál sería la utilización que le daría a los USD 4.300 millones que recibió el 22 de agosto por parte del Fondo Monetario. Este fin de semana ya lo dejó en claro: a través de un decreto presidencial, el Gobierno estableció un asiento contable que le permitirá utilizar los DEG del FMI tanto para reducir el déficit fiscal como para usar los dólares equivalentes para pagar este miércoles. Es decir: lo usará dos veces.

Se trata, en rigor, de un recurso ya aplicado por la gestión de Cristina Kirchner en 2009. La idea central es incorporar al presupuesto de este año esos recursos, de modo de poder aumentar el gasto en las próximas semanas sin incumplir la carta orgánica del Banco Central, que pone un límite a los adelantos transitorios que puede girar al Tesoro nacional para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas.

Concretamente, los primeros 5 artículos del DNU permiten “incorporar al cálculo de recursos corrientes” del actual presupuesto 422.174 millones de pesos. Para eso, el Gobierno habilitó a través de ese decreto realizar dos maniobras en simultáneo.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo contabilizará como un ingreso extraordinario los USD 4.300 millones que envió el Fondo Monetario el 22 de agosto. Una vez calificado de esa forma, le venderá los DEG al Banco Central a cambio de una letra intransferible (es decir, solo la puede tener en su poder el BCRA y no cotiza en el mercado), con la cual se hará acreedor de los dolares equivalentes.

Con esos dólares el Ministerio de Economía estará en condiciones de pagarle el miércoles los casi USD 1.900 millones que vencerán ese día, lo que además no tendría impacto en la cuenta de reservas del BCRA. Pero el beneficio no terminará ahí: el Tesoro además habrá obtenido esos $422.000 millones que, al ser incluidos como ingreso extraordinario, pasarán a disminuir el nivel de déficit fiscal de las cuentas públicas.

Los DEG del FMI, dijeron fuentes del Ministerio de Economía, disminuirán el déficit primario (que recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán, precisó en 4% para 2021) en poco más de 1% del PBI. El déficit primario “contable” de 2021 sería de cerca de 3% del PBI, un número al que se llegará por medio de ese ingreso por única vez como son los DEG del Fondo Monetario.

Se trata de un asiento contable con muchas particularidades técnicas, pero que en definitiva le permitirá al Gobierno utilizar dos veces el mismo envío del Fondo Monetario. Desde el Palacio de Hacienda negaron que esos pesos se fueran a utilizar para aumentar el gasto público, ya que al Tesoro le queda poco margen para solicitar financiamiento al Banco Central a través de adelantos transitorios, que tiene un tope legal.

Una posibilidad con la que se especuló fue que el Gobierno podría devolver los adelantos transitorios pagados desde la autoridad monetaria hacia el Ministerio de Economia y, habiendo reducido esa deuda con el BCRA, el organismo que conduce Miguel Pesce volvería a tener margen para aumentar la emisión de pesos, justo en las semanas en que el oficialismo pondrá en marcha, se estima, un paquete de asistencia económica para tratar de remontar el resultado electoral de las PASO.

En Economía también restaron importancia a esa cuestión, ya que aseguraron que la proyección incluida en el Presupuesto vigente estipula pedirle al Central menos que el margen legal autorizado. Es cierto, reconocieron, que se libera un margen de financiamiento que se puede volver a solicitar, “pero la idea no es ésa”, argumentaron.

De todas formas, la presión por incrementar el gasto tras la derrota en las elecciones primarias ya es público, y partió nada menos que de Cristina Kirchner directamente hacia el ministro Martín Guzmán, en su carta del jueves por la tarde. El mensaje de la vicepresidenta dejó al descubierto las diferencias sobre la conducción de la política económica que existen dentro del Frente de Todos.

“El año pasado se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social”, cuestionó Cristina a Guzmán.

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