Reclamo empresario por la posible extensión de la doble indemnización y la prohibición de despidos: “Desincentiva a tomar empleados”

Los empresarios reaccionaron con críticas a una posible continuidad de la prohibición de despidos y de doble indemnización durante 2022 en caso de que la situación sanitaria no mejore, según anticiparon desde el Gobierno nacional. El principal cuestionamiento es que ese conjunto de medidas “desincentiva la contratación” de nuevos empleados y que, en un contexto de caídas de ventas para algunos sectores, el costo laboral subiría considerablemente.

La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada tras el inicio de la pandemia. Originalmente previstas con una duración de 90 días, las dos determinaciones tuvieron continuidad a medida que la economía atravesaba la crisis sanitaria y fueron extendidas por decreto sucesivamente a lo largo de 2020 y, más recientemente, hasta fin de este año.

El Gobierno decidió no flexibilizar esas dos normativas más allá de cierta reactivación de la economía desde los últimos meses de 2020. Según afirmaron fuentes oficiales este lunes a Infobae, la chance de prolongarlas en 2022 “dependerá del contexto” cuando termine el año. “Nuestro objetivo fue proteger los contratos de trabajo”, mencionaron desde la cartera laboral.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Mario Grinman “nunca es positiva (la extensión de esas dos medidas) porque desincentiva tomar empelados. Por más que la norma diga que los empleados contratados hacia adelante no son incluidos en la prohibición, el problema es que en Argentina cambian las reglas del juego”, comentó.

“Acá para que el empresario pueda poner dinero en una planta, construcción, enterrar fierros y tomar personal tiene que tener seguridad que si le va mal, algo que tiene un enorme porcentaje de chances de suceder, pueda desarmar su planta de personal sin problemas”, mencionó Grinman en diálogo con Infobae.

Por su parte, el directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y empresario pyme Pedro Cascales aseguró: “Creemos que extender la prohibición de despidos no resuelve el problema, muchas pymes que no puede achicarse terminan cerrando, que es lo que estuvo pasando”, dijo a este medio.

“Al cerrar la puerta de salida se cierra la puerta de entrada y las empresas no toman nuevo personal por temor a no poder luego despedir de ser necesario. Además, esto alienta la industria del juicio porque se buscan causas para considerarse despedido y obtener doble indemnización, un tema que viene creciendo son las licencias psiquiátricas”, continuó Cascales.

Esas dos medidas forman parte de una de las quejas más pronunciadas de las cámaras empresarias en los últimos meses. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, lo bautizó como el “triple cepo” laboral, en lo que identifica como una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales.

“Las pymes podrían ya empezar a contratar en la medida que algunas actividades están mejorando y las cifras negativas de suspensiones se han ido aminorando y se empezó lentamente a crear empleo, pero prorrogar este triple cepo sólo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas”, había definido el titular de la cámara fabril hace algunos meses.

Desde el Ministerio de Trabajo consideran que la rigurosidad de la legislación laboral no influye en el ritmo de generación de empleo. “Nos cuesta pensar en evidencia empírica que demuestre que flexibilizar las normas laborales impacte positivamente, ni siquiera el FMI piensa eso ahora”, opinó una autoridad de la cartera de empleo.

Otro empresario del sector comercial que registraba todavía caídas de ventas ponía este lunes un ejemplo sobre cómo le impactaría en sus cuentas una extensión adicional de la prohibición de despidos. “Antes de la pandemia el gasto en personal significaba el 26% del gasto total, ahora como no vendo y no puedo despedrirlos, representa el 38%”, aseguró. “Y el año que viene si sigo sin vender ni poder despedir va a representar el 45%”, arriesgó.

Para Grinman, la flexibilidad o no de las leyes laborales no es el único punto que incide en la posibilidad de contratar personal “pero es uno de los que más preocupa al empresariado”, apuntó. “El problema es que no hay clima de negocios, hay falta de confianza, unas cargas tributarias tremendas, regulaciones, cepo, no podés girar utildades y te ponen cosas como Precios Máximos o Cuidados”, dijo el ejecutivo de la CAC.

“El empresario piensa si tiene que hacer un negocio, si hacerlo en la Argentina o en Uruguay o Paraguay que tienen otros modelos más practicos que incentivan la producción. No es una sola cosa, pero en la Argentina no funciona ninguna. No hablamos de una flexibilización, sino de una adecuación, un marco moderno para la epoca que se vive. Sino que establezcan por decreto que todos tenemos que ser felices”, criticó Grinman.

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