
Tras la segunda gira por Europa en menos de un mes, el calendario de la negociación de la deuda entrará en las próximas semanas en un estado de stand by hasta tanto haya alguna decisión del Fondo Monetario Internacional sobre si hará o no un guiño a la Argentina que evite el default con el Club de París.
Dentro de 12 días comenzará una cuenta regresiva clave: el 30 de mayo es la última fecha de pago para el consorcio de naciones acreedoras prevista por el acuerdo firmado por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof en mayo de 2014. Desde ese momento habrá 60 días corridos antes de que el Club de París determine que la Argentina cayó en default.
Desde el Palacio de Hacienda consideran que más allá de la letra chica de ese acuerdo “no está tallada en piedra”, que se trata de un “organismo que con una salida política podría no considerar como evento de impago” el caso de que el país no gire a tiempo los USD 2.400 millones que restan abonar.
Un nuevo default que implicaría para el país no solo un costo reputacional con inversores, instituciones financieras y con otras naciones, sino que también significaría una sanción económica onerosa, en medio de un contexto de reservas internacionales aún escasas.
El acuerdo firmado por Kicillof y los países acreedores de la Argentina implicó la devolución de USD 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de USD 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto (unos USD 4.700 millones) estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.
Al finalizar los cinco años iniciales previstos del acuerdo, la Argentina todavía debía unos USD 1.900 millones. Desde 2019, los USD 1.900 millones restantes comenzaron a ajustarse con un interés de 9% anual, que el ministro de Economía considera demasiado alto.

Pero incluso hay otra cláusula que podría poner en compromiso a las reservas del Banco Central, en caso de que se activara el evento de default. Tal como reflejó Infobae, se trata de un apartado en el acuerdo original que sostiene que en caso de default, se aplicará de forma retroactiva a 2014 una actualización de 9% por año. De esa forma, habría unos USD 2.000 millones adicionales para cancelar ante el Club de París.
Para que eso suceda, el ministro de Economía Martín Guzmán espera un guiño del Fondo Monetario. La semana pasada concretó reuniones con algunos de los países de Europa más relevantes en el directorio del organismo financiero. Un tercer capítulo, tal como se diagramó en el itinerario oficial del jefe de Palacio de Hacienda, incluiría una tercera gira internacional por Asia.
En esa escala Guzmán iría a buscar el apoyo de China y Japón, segundo y tercer accionistas más importantes del Fondo, con fuerte presencia en el órgano de decisión. El viaje a Asia, de todas formas, dependerá de si el presidente Alberto Fernández puede concretar esa gira, algo que no está confirmado ni tiene fecha prevista por el momento.
Los tres principales países con proporciones más altas de presencia en el directorio son Estados Unidos (16,52%, y además es el único que tiene poder de veto de las decisiones del directorio), seguido por China (6,15%) y Japón (6,09%). Japón, además, es el segundo acreedor más relevante de la Argentina en el Club de París, ya que tiene el 22,34% del total de la deuda vigente.
Entre los países que visitaron Alberto Fernández y Guzmán, Francia ocupa el quinto lugar con Gran Bretaña ya que posee el 4,03% del total de acciones. En séptimo lugar, Italia cuenta con un 3,02%. Más atrás, en el 13° puesto se encuentra España, con una presencia que equivale al 1,92% del directorio.
La gestión de un apoyo de China ante la negociación del FMI no es nueva. Durante una reunión por videoconferencia que mantuvo la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con su par de China, Li Zhanshu, este último enfatizó su apoyo en medio de las negociaciones con el FMI “porque esto contribuye a la estabilidad económica y financiera de Argentina”.
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