Los acreedores internacionales de Vicentin apoyan la venta a empresas locales, pero pidieron cambios sustanciales en el management

El comité ad hoc de acreedores financieros internacionales de Vicentin, con los cuales la agroexportadora mantiene una deuda de 530 millones de dólares, consideró positivo que empresas importantes del sector agroindustrial hayan aceptado una manifestación de interés no vinculante para evaluar la adquisición de una participación del 90% en el capital social de Vicentin a través de una capitalización. Las entidades que conforman dicho comité, son: IFC (Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

Ayer la compañía del norte de Santa Fe, que se encuentra en Concurso de Acreedores, informó un grupo mayoritario de accionistas de la compañía aceptaron una “manifestación de interés no vinculante” presentada por tres compañías, que están evaluando la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria del capital de la Sociedad. Las empresas que presentaron la propuesta son Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, una de las empresas del holding de la familia Pérez Companc, y Viterra Argentina, la ex Glencore, que ya es socia de Vicentin en Renova.

En un comunicado, las entidades financieras que reclaman el pago de la deuda que Vicentin mantiene con las mismas, manifestaron su intención de “entablar un dialogo honesto y constructivo con todas las partes interesadas, incluyendo a potenciales inversores, con la plena intención de arribar a una solución superadora a cualquier alternativa distinta”.

Más allá de la intención de trabajar con todos los sectores para encontrar una solución, las entidades financieras reclamaron modificar integramente la administración y gerenciamiento de Vicentin integramente. “El Comité Ad-Hoc está convencido de que un cambio en el órgano de administración y en el management de la empresa es absolutamente necesario para recobrar la confianza de todos los actores del mercado local e internacional”, señalaron.

Además, reclamaron la dilución de manera sustancial de la participación sociedad societaria en Vicentin de los accionistas, con el objetivo que los interesados en proveer capital de trabajo y participar en nuevas estructuras en el capital social y en el gobierno corporativo de Vicentin lo puedan hacer, como podría suceder con lastres empresas que evalúan adquirir la mayor parte de la empresa santafesina.

Más reclamos

En otra parte del comunicado, al que accedió Infobae, los acreedores externos pidieron un tratamiento igualitario a los acreedores de idéntica categoría, respetando el principio de ´Par conditio creditorum´ y el derecho de propiedad de los acreedores de Vicentin”, dijeron, y por otro lado, señalaron: “La subordinación total de los accionistas de Vicentin, de tal manera que no realicen retiro alguno de fondos de la sociedad, hasta tanto se hubieran saldado íntegramente las deudas pre-concursales sujetas a restructuración”.

Por último, se pronunciaron a favor de continuar y finalizar con las auditorias forenses ordenadas por el juez del concurso y de todas las investigaciones judiciales con plena cooperación de la compañía en ambos procesos.

A todo esto, hay que recordar que las autoridades de Vicentin aclararon que la manifestación de interés de las tres compañías no requiere exclusividad alguna, ni de su aceptación por parte de los accionistas de Vicentin. Tampoco se puede asegurar que, finalmente, los interesados harán efectiva una oferta vinculante y que los accionistas de la agroexportadora vayan a aceptarla, como así también que la misma vaya a reunir las aprobaciones legalmente requeridas y sea homologada judicialmente en forma firme y definitiva.

Vicentin solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, la deuda de la empresa es de USD 1.350 millones, de los cuales USD 1.000 millones corresponde a bancos. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa con $18.000 millones, seguido por el Provincia con $1.600 millones y el BICE con $5 millones. Los otros USD 350 millones los debe a empresas del sector agrícola.

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